El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha preguntado a la Fiscalía
Anticorrupción si debe controlar al extesorero del Partido Popular (PP)
Luis Bárcenas con una pulsera electrónica para evitar que se fugue del
país, tal y como solicitó la Asociación de Abogados Demócratas por
Europa (ADADE), que ejerce la acusación popular en el caso 'Gürtel',
informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
El responsable del Juzgado Central de Instrucción número 5 ha dado
traslado a las fiscales del caso,
Miriam Segura y
Concha Sabadell, de
esta petición y les ha pedido que informen sobre la conveniencia de
establecer este dispositivo como medida cautelar.
En el escrito presentado al juez, ADADE descartaba pedir el
ingreso en prisión de Bárcenas al considerar que podría tratarse de una
"medida excesiva y desproporcionada", aunque solicitaba la "urgente"
adopción de una serie de medidas cautelares para "evitar el riesgo de
fuga" y que el extesorero tuviera la tentación de llevar a cabo una
operación de "vaciamiento patrimonial".
En concreto, esta parte pidió la "colocación en el citado imputado
de un instrumento electrónico para su control permanente", la
prohibición de que salga del territorio nacional, la retirada del
pasaporte y la obligación de que comparezca todas las semanas en el
juzgado más próximo a su domicilio.
Embargo de sus bienes También reclamó "la prohibición inmediata de transferir o gravar
de manera alguna sus bienes", así como el embargo preventivo de todos
sus bienes y propiedades "incluyendo, naturalmente, los que tenga en el
extranjero". De igual modo, solicitó al juez que obligue a Bárcenas a
designar un domicilio y un número de teléfono donde pueda ser "en
cualquier momento localizado, comunicando de inmediato cualquier
variación de ellos".
Bárcenas, que está imputado por los delitos de blanqueo de
capitales, fraude fiscal y cohecho, llegó a tener hasta 22 millones de
euros en una cuenta en el Dresdner Bank de Ginebra (Suiza). En diciembre
regularizó 10,9 millones (el delito fiscal en el resto habría
prescrito, según su defensa) tras acogerse a la amnistía fiscal a través
de la sociedad Tesedul, registrada en Uruguay.
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