Corrupción: La paciencia tiene un límite

En  abril de 2012, en plena  crisis griega, el mundo entero   no salía de su asombro  al conocer que   en  una  de sus  pequeñas islas, Zante, de 39.000 habitantes, más de setecientas personas cobraban un subsidio por ceguera.   La tasa  de personas afectadas por esa discapacidad se había multiplicado por 10 respecto a la media  de cualquier otra zona de Europa, y sin levantar  sospecha alguna entre las autoridades griegas. Desde entonces, nadie recuerda el nombre real de la isla,  y todo el mundo  ha  pasado a llamarle "la isla de los ciegos", que   se  constituyó  así en el  prototipo del derroche y la corrupción.


España no  ha querido quedarse  tampoco a la cola  en este ranking  y ha  puesto  sobre la mesa, no uno sino varios, ejemplos para competir   con la isla jónica por el dudoso  honor de  colocarse  en la cabeza la corona de laurel  de campeona olímpica de  la picardía  y las  diversas formas de corrupción. Lo ha hecho      a través de la comisión de delitos de prevaricación    , malversación de caudales públicos, fraude o tráfico de influencias. Uno,  entre las élites políticas y económicas, y otro  entre  el pueblo llano.


Políticos  y banqueros
El vaso de la paciencia de los españoles parece haberse colmado  tras haberse dado a  conocer   los  nombres de más de 300 políticos españoles, que   están imputados en casos de corrupción. Por citar solo algunos de ellos, valgan los     casos  Gürtel, Nóos, o los   falsos ERE  de Andalucía. 


En boca de todo  el  mundo andan  los  22 millones de euros  que  el   extesorero del Partido Popular (PP),  ha tenido en una cuenta en Suiza, sumados  a la posesión de un latifundio de miles de hectáreas  en Argentina y  el posible   pago de sobresueldos con dinero negro a dirigentes de  su   ya  expartido.


La oposición política  tampoco  está libre de  sospechas. Y algo más que sospechas, porque  los ERE fraudulentos de Andalucía  tienen imputadas a cerca de 70 personas vinculadas   al PSOE andaluz,  entre ellas el exconsejero de Empleo de la Junta, un  exviceconsejero, dos exdirectores generales  (de Trabajo y Seguridad Social), un exparlamentario socialista o  un  exdelegado provincial de Empleo.


Las acusaciones de corrupción  llegan también a los nacionalistas catalanes de CiU, en donde los apellidos Pujol  y Mas tienen un  claro protagonismo;   o al yerno del rey, Iñaki Urdangarín -quien según  datos  extraídos  de la prensa habría defraudado casi medio millón de euros-,   junto al socio de éste, Diego Torres,    y  el  asesor y secretario de las infantas, García Revenga,  que  están ya imputados.

Y en el  ámbito económico, no sé si el mayor, pero sí el más reciente caso   que ha  escandalizado a la opinión pública ha sido el de Rodrigo Rato,  expresidente de Bankia, exministro de Economía y ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI),  que ha sido  rescatado     recientemente  del paro  por Telefónica  a pesar  de estar imputado por "estafa" y "apropiación indebida" en el derrumbe de Bankia,  entidad bancaria  que tanto ha contribuido  a  hinchar  el problema de la burbuja inmobiliaria española, uno de los  principales factores que han originado  la crisis   económica en la que estamos inmersos.
 
Reformas en profundidad
De la falta  de control  de los  fondos públicos   en España  hablan también    hechos como  el denunciado  recientemente  a través de un   informe del Tribunal de Cuentas, que   desvelaba  que, entre los años  2007 y 2011, los familiares de  casi 30.000 difuntos han seguido   cobrando  las ayudas a la dependencia. En concreto, son    beneficiarios 29.169 fallecidos por los que las comunidades autónomas recibieron 140.348.268 euros que no les correspondían.
Al mismo tiempo, en nuestro país, a finales de enero  de 2013,    existían oficialmente 1.833.700 hogares con todos sus miembros en paro.   Una situación  que, añadida a  a  las descritas  anteriormente,   sobrepasa la ignominia.  Una situación que   exige, de una vez por todas, reformas en profundidad  para evitar que casos como estos vuelvan a ocurrir. Otra cosa  sería marear  la perdiz para  dejarla como está y  eso, seguramente, no lo aceptaría ya  la mayoría de la población  que  está rozando el límite de su indignación y paciencia.