Una democracia adolescente

Lo más difícil de la situación que atraviesa España es recuperar la confianza perdida en los políticos y en la política. Este país tiene como uno de sus refranes favoritos ese de "piensa mal y acertarás", y la envidia entre sus pecados favoritos. Así que cuando llega una crisis de las dimensiones de la actual, ponemos en solfa todo y construimos un gran edificio sobre la sospecha, con o sin fundamento, despreciando la verdad, los datos, la presunción de inocencia... Si se acierta, "ya lo decía yo..."; si se calumnia, "seguro que algo esconde...". Sin duda, los políticos han dado motivos para la desconfianza y para mucho más y muchos han hecho bandera de su impunidad. Pero el daño que se puede hacer a esta democracia adolescente no es sólo responsabilidad de los políticos. Es de todo los ciudadanos. Y nos jugamos mucho más de lo que algunos se imaginan. 
 
Los males del sistema democrático que nos dimos en 1978 -y que han dado paso a la etapa de paz y democracia más larga de nuestra historia, a la más tolerante, productiva y libre-, radican sin duda en el absoluto control de los partidos políticos -o mejor de un pequeño núcleo del partido, "el aparato"- sobre todos los instrumentos democráticos, la consiguiente dependencia de todos los poderes del Estado respecto del partido dominante y el absoluto desinterés de todos los partidos por fijar reglas de transparencia y de control en el funcionamiento de todos estos órganos y muy especialmente de los propios partidos políticos. Ni el Tribunal Constitucional ni el Consejo General del Poder Judicial ni el Tribunal de Cuentas, ni siquiera el Defensor del Pueblo, son libres o independientes. Todo lo contrario, están mediatizados en su esencia por los partidos y no cuentan con los medios mínimos indispensables para ejercer su labor de fiscalización y control del Ejecutivo y del Legislativo. No los tienen porque no se los han querido dar nunca. La ineficacia e ineficiencia en el control de las instituciones públicas no es una consecuencia de la falta de medios sino una decisión de los partidos.
 
La solución no es poner la cerilla en la pira -como temerariamente están intentando algunos para beneficiarse del incendio, sin pensar que pueden acabar también achicharrados- sino en acometer profundas reformas que pasan por la ineludible ley de transparencia que acabe con la opacidad de todas las instituciones; la construcción de una Justicia realmente independiente de los partidos, dotada de medios suficientes para cumplir con su misión y luchar contra los corruptos, y la profesionalización de la Administración pública basada en el mérito  y la capacidad.  
 
Ni me creo ni me dejo de creer a Rajoy. Tampoco a quienes piden ahora lo que no han aplicado en sus tumores, como es el caso del PSOE o de CiU. La democracia puede ser adolescente, pero los políticos, no. Ni corruptos ni mentirosos ni irresponsabves.