El respeto a las decisiones judiciales ha sufrido un varapalo
considerable estos días en Castilla-La Mancha. Su opción de suspender
cautelarmente el cierre de los 21 Puntos de Atención Continuada (PAC) ya
sorprendió por interferir precipitada y peligrosamente (sin precedente
conocido) una actuación legítima y presuntamente necesaria de la autoridad
sanitaria. Y es que, consultada la medida, la justicia no tiene capacidad de
decidir sobre la organización de servicios, que es competencia del Gobierno
regional. Ya lo dijeron algunos responsables del Ejecutivo de Cospedal, se
agradece que opine, pero no que diga cómo se tiene que hacer.
La verdad es que no era fácil salir del jardín en el que se habían
metido. Una vez adoptada la suspensión cautelar, que se acató y recurrió, sólo
cabían esperar dos desenlaces, el que reafirmara la postura, y se ordenase
mantener abiertos todos los puntos de atención sanitaria, insistiendo en el
error de decidir sobre la reorganización de las urgencias nocturnas, o bien la
marcha atrás, reconociendo su equivocación y dando la razón al Gobierno de
Castilla-La Mancha, y a sus técnicos, sobre la llamada racionalización y mejora
de la eficiencia en el gasto sanitario. "No será este Tribunal institución que
niegue tan recto propósito" dice el auto del TSJ emitido el miércoles.
Pues bien, ni la una ni la otra. Tras una larga semana de espera a
ver qué pasaba con el recurso del Ejecutivo y qué medida se adoptaba, "la Sala
de lo Contencioso Administrativo ha dictado Auto que modifica la medida
"cautelarísima" de suspensión de la Orden adoptada en fecha 17 de enero de
2013, levantando la suspensión en todo el territorio de Castilla-La Mancha
excepto en la zona básica de salud de Tembleque, ordenando a la Consejería de
Sanidad y Asuntos sociales mantener en ese ámbito territorial concreto la
prestación del servicio sanitario de urgencias...", mientras se resuelve el
recurso que está pendiente.
Es decir, que el TSJ da marcha atrás salvo en el municipio donde
se interpuso el recurso por parte del ayuntamiento. Una decisión tomada a
medias que no ha dejado satisfecho a nadie, ni al Gobierno ni a las zonas
afectadas. Y es que esa ambigüedad hará que el resto de autoridades municipales
recurran la medida de la Junta de Comunidades, como hizo el alcalde de
Tembleque, al igual que la Junta recurrirá la decisión para que el TSJ les de
la razón plena, al 100%.
Desde el Tribunal Superior de Justicia dicen que esta
determinación se ha producido en tan poco tiempo "porque afecta a derecho",
pero que la decisión última sobre "el fondo del asunto que ya se verá más
adelante en el debate procesal y habrá de resolverse mediante Sentencia", reza
el auto, tardará más tiempo, "meses probablemente", me dicen desde Albacete.
Mientras, ningún magistrado se pronunciará sobre el auto ya que la cuestión
sigue abierta. Pues eso, tanto lio para dejar todo con la misma incertidumbre e
inseguridad.
Javier D. Bazaga
Periodista
@jdbazaga
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