La Casa del Rey

Los hombres y mujeres públicos no sólo han de ser honrados, sino que además, han de servir a los ciudadanos, así como respetar los bienes y servicios públicos. Al mismo tiempo han de velar por el buen funcionamiento de las instituciones y de nuestra nación.
 
El Jefe del Estado es, digamos, la máxima institución de nuestro país y, por ende, ha de mantenerse, no sólo en la más escrupulosa legalidad, sino también sus usos y costumbres han de servir como el mejor ejemplo para la sociedad civil y la gestión pública.

¿Cómo podemos pedir a los españoles que sean escrupulosos en su declaración de la renta si hay más de ochenta mil millones de euros de ricos ciudadanos de este país en paraísos fiscales, el presidente de la patronal hasta 2010 en la cárcel, los dirigentes de uno de los dos principales partidos cobrando sobre en negro y el yerno del Rey con cuentas en Suiza?

La Casa del Rey es la institución que, bajo la dependencia del Jefe del Estado, debe servirle de apoyo para las funciones que como tal tiene establecidas para la citada función. Por lo tanto estamos hablando de una institución que sirve a una institución.

Por ejemplo, el Rey de España, no puede asistir a un hospital privado, sino que, como Jefe del Estado debe ser tratado en un hospital público, lugar donde asisten todos y cada uno de los españoles, aprovechando la universalidad del sistema sanitario, cuando les sorprende la enfermedad.

La Reina de España no puede pasarse los días, aún de asueto, en unos grandes almacenes británicos mostrando al mundo la baja estima por nuestros productos y nuestro comercio interior.

Peor aún, el  yerno del Rey no puede participar en asuntos turbios, mantener cuentas opacas en Suiza o aprovecharse de las subvenciones públicas de administraciones corruptas. Al mismo tiempo la Infanta Cristina no puede prestarse, como colaboradora necesaria o, al menos, como testigo presencial, en estas actividades a todas luces de espaldas a la ética de las costumbres de los que han de ser ejemplo como hombres y mujeres próximos a la más alta institución.

El secretario de las Infantas y asesor de la Casa Real, García Revenga, no puede participar en actividades mercantiles que le impliquen en negocios que, pudiendo acabar siendo turbios, al menos le reportan unos beneficios que pueden ser legalmente, pero que desde luego son moralmente, incompatibles.

El abogado del Rey, José Manuel Romero, conde de Fontao, no puede formar parte de unos correos electrónicos que, por activa o por pasiva, le vinculan en la trama de Urdangarín.

Incluso, en definitiva, los hombres y mujeres que trabajan para aquellos que sostienen un cargo público deben tener cuidado para no verse implicados y, literalmente, salpicar a una institución.

De lo contrario, cada vez que un español recibe una paralela de la Agencia Tributaria, le tendría que dar un ataque de risa, o, peor aún, unas inmensas ganas de llorar por su país.

Ser hombre o mujer público exige, no solo el cumplimiento de la legalidad, la lucha contra la corrupción y el mantenimiento transparente de sus cuentas. Tienen que servir de ejemplo para una sociedad civil confusa y una vida pública y privada de los hombres y mujeres públicos que deja mucho que desear.