PP y PSOE se ponen de acuerdo en algo: pactan una salida para las preferentes

Ese acuerdo persigue realizar un seguimiento de los resultados de los arbitrajes que se apliquen en las nacionalizadas (Bankia, Novagalicia Banco, Catalunya Banc y Banco de Valencia). Este mecanismo pactado se extendería igualmente a nuevas entidades que en un futuro requieran de ayudas públicas.

El seguimiento se centrará en la realización de un informe mensual estadístico detallado de la evolución de los arbitrajes y de las características de los afectados por los mismos. Según el texto del acuerdo, los objetivos de la comisión serán seguir los procesos de arbitraje mediante la fijación y supervisión de los criterios de carácter objetivo y de perfil del inversor utilizados en el filtro de solicitudes.

La comisión elaborará un informe de estado de situación al mes de constituirse, que se deberá elevar al Parlamento. También se perseguirá elevar propuestas al Gobierno tendentes a mejorar la transparencia de la comercialización de los productos financieros y protección de los pequeños ahorradores.

La comisión tendrá competencias en la comercialización de instrumentos híbridos de capital, en cuestiones financieras, en los procedimientos de arbitraje, y en control de los recursos públicos. La composición de la comisión se completaría con las consejerías autonómicas con competencias en consumo que han participado en los arbitrajes y el Consejo de Consumidores y Usuarios.

Arbitrajes en Catalunya Banc y NovaGalicia

Ante el problema de la mala comercialización minorista de instrumentos híbridos en las entidades Catalunya Banc y NovaGalicia Banco, a lo largo del segundo semestre de 2012 se pusieron en marcha sendos procedimientos de arbitraje público para ofrecer una solución a los afectados.

Estos procesos fueron dirigidos por las respectivas consejerías autonómicas con competencias en consumo y fueron impulsados por las entidades, que contaron con el asesoramiento de expertos independientes para el filtrado de las solicitudes, basado en criterios objetivos.

Los criterios utilizados se refirieron a la falta de documentación relevante o irregularidades en la misma, así como a criterios de perfil del inversor. El Gobierno introdujo restricciones a la comercialización de estos productos con el fin de prevenir la repetición de situaciones similares en el futuro. Fijó un tramo mínimo del 50 % para inversores profesionales y una inversión mínima de 100.000 euros en el caso de las sociedades no cotizadas y de 25.000 euros en el de las cotizadas.



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