Una declaración sin identidad

La declaración solemne del Parlament no es otra cosa que un señuelo político. Su lectura puede entenderse de muchas maneras, porque a la postre no tiene ninguna propuesta concreta. En eso han sido muy finos los abogados de Mas y compañía: no hacer más que una abstracta declaración de intenciones, para que la justicia democrática española no pueda actuar y declararla ilegal de inmediato.

De hecho, toda la primera parte es una interpretación sesgada de la historia, que cualquier historiador serio puede cuestionar. Y cuando llega a la parte resolutiva lo que dice textualmente es que: "De acuerdo con la voluntad mayoritaria expresada democráticamente por parte del pueblo de Cataluña, el Parlament de Catalunya acuerda iniciar el proceso para hacer efectivo el ejercicio del derecho a decidir para que los ciudadanos y las ciudadanas de Cataluña puedan decidir su futuro político colectivo, de acuerdo con los principios siguientes".

¿Qué tipo de proceso? ¿Cómo se haría efectivo el ejercicio? ¿Se trata de un referéndum? ¿De una consulta no vinculante? La evidente voluntad de ser abstractos deja sin respuestas las preguntas más sencillas. Por otra parte, decidir en qué dirección. Esta declaración sirve para cualquier opción: un nuevo Estatuto de Autonomía, un Estado dentro de Estado Federal o un Estado independiente.

Entonces, dado que el apartado resolutivo refiere de nuevo a los principios generales, no queda más remedio que acudir a su revisión. Y lo que se encuentra allí es que todos los principios, a excepción del primero, son validos para cualquier opción posible. Es decir, nos quedamos igual que con el enunciado resolutivo. Veamos, por tanto, el calado del primer principio. Dice así: "El pueblo de Cataluña tiene, por razones de legitimidad democrática, carácter de sujeto político y jurídico soberano".

Este enunciado también es polisémico. Dado que la base de la soberanía se hace descansar sobre "razones de legitimidad democrática" habría que saber si se trata de la misma legitimidad democrática construida hasta el momento por el pueblo de Cataluña y los restantes de España, establecida conjuntamente, cuyo texto básico es la Constitución. En tal sentido y dado que según la misma la soberanía reside en el pueblo español, podría interpretarse que el pueblo de Cataluña es soberano como parte del pueblo español que en conjunto lo es. Aclaro de inmediato que estoy siendo literal.

Veamos ahora la lectura alternativa: el pueblo de Cataluña es soberano para decidir su institucionalidad jurídica y política, al margen del resto del pueblo español. Eso sería más congruente con la fórmula de la independencia y la ruptura con el Estado democrático español. El problema consiste en que este principio estaría dando por resuelta precisamente la cuestión que está en discusión: ¿puede sustraerse a un determinado pueblo el derecho a la soberanía sobre su propio territorio? Dicho de otra forma, ¿aceptaría la Generalitat que el 40% de los ciudadanos que no quieren la separación fueran a vivir a Gerona y Tarragona e invocaran los mismos derechos a la separación de Cataluña, que hoy invoca esta declaración con respecto a España? Cualquier independentista catalán rechazaría de plano que cualquier pedazo de su territorio quisiera separarse de Cataluña. Y quien diga lo contrario miente rotundamente.

Es decir, regresamos al punto de partida. ¿Tiene derecho el pueblo español a defender la totalidad de su territorio? Eso es lo que ni la argumentación pseudo-histórica de la declaración, ni los principios generales mencionados resuelven. O bien eluden la cuestión o la dan por resuelta.

Dado que el meollo del asunto no es ni siquiera encarado por la resolución y dado que ha tratado de evitar cualquier decisión o medida que tenga efectos prácticos, al final la declaración de marras carece de verdadera identidad jurídica y política. Sólo existe una forma de sustantivarla: considerarla una declaración de intenciones, sin que estas hayan sido hechas explicitas. ¿Tiene eso jurídica y penalmente mérito? Qué los juristas y constitucionalistas resuelvan esta pregunta.

Mientras tanto, el baile de máscaras continúa entre los catalanistas. Y como ya se ha dicho no hay peor demagogo que el que se cree su propio cuento. En este caso, que Cataluña será un desecho de virtudes en cuanto adquiera la independencia y que podrá entrar sin problemas en la Unión Europea, porque -como sugiere el argumento cínico de Junqueras- el Estado español, junto a Francia, Italia y un largo etcétera, le pondrá puente de plata. En realidad, la sociedad catalana sigue avanzando hacia la fractura interna y el deterioro económico y los que tienen la claridad de juicio para verlo, no tienen el coraje para detener este camino demagógico a ninguna parte.