Técnicos de Hacienda resaltan que el 70% de lo aflorado ya ha prescrito y desmienten a Montoro: "Roza la ilegalidad en el caso Bárcenas"

Lo que sí que podrá aportar el ministro Montoro son datos estadísticos sobre qué parte de esos 1.100 millones corresponden a sociedades y a personas físicas o qué cantidad de dinero se ha entregado en efectivo o mediante otros bienes. "Son datos que puede y debería dar, pero no datos personales", ha recordado el presidente de Gestha antes de añadir que ellos todavía no han obtenido ninguna explicación de dónde procede el dinero de la amnistía fiscal.

"De momento lo único que se sabe es la cantidad de dinero y el número de declarantes", ha señalado Carlos Cruzado. Además, para este colectivo hay una cosa clara: "con este caso, parece que la posibilidad que planteábamos de que se acogieran a la amnistía fondos procedentes de actividades delictivas puede ser más que un hecho".

'Voluntarios' para auditar al PP

Carlos Cruzado también se ha referido al ofrecimiento de Gestha de realizar la auditoría interna del Partido Popular anunciada por Mariano Rajoy. Y aunque reconoce que el presidente del Gobierno todavía no les ha llamado señala que, "con indiferencia de que el PP, como todos los partidos, está sujeto al Tribunal de Cuentas, cabe la opción de que pida al Ministerio que seamos nosotros quienes hagamos este trabajo".

Según reconoce, "una auditoría al uso tiene la finalidad de demostrar o dar fe de que las cuentas responden a la situación real, pero no detectar irregularidades". Por ello, avanza habría que hacer algo distinto y aplicar procedimientos que no forman parte de una auditoría propiamente dicha. Así, añade que "si bien es difícil levantar una contabilidad B, con el examen de todos los contratos y justificaciones y de las relaciones con extraños al partido sí que puede tirarse de un hilo y descubrirla si en su caso la hubiera".

Esta petición llega, como explica Cruzado, porque este colectivo de más de 8.000 técnicos se siente infrautilizado: "estamos con las manos atadas no sólo en la lucha contra el fraude sino también en el control del gasto público. Podríamos hacer mucho más, queremos asumir más responsabilidades en estas cuestiones, pero no se está contando con nosotros", ha denunciado.

El 70% ya ha prescrito

El colectivo de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) atribuye la escasa recaudación de la amnistía fiscal, cuantificada en 1.191 millones de euros, a la prescripción del 70% del fraude aflorado, que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, cifró hoy en 40.000 millones de euros.

   De esta cantidad, indica Gestha, la administración tributaria solo puede exigir el pago de impuestos defraudados sobre 11.910 millones, mientras que el 70,2% del patrimonio restante, más de 28.000 millones, se corresponde con ejercicios fiscales prescritos, básicamente procedentes de 2007 y años anteriores. Esto explica que el Estado solo haya podido recuperar 1.200 millones de 40.000 millones, el 3% del total, añade.

   Además, en opinión de Gestha, la amnistía fiscal no hace "borrón y cuenta nueva en el fraude" porque los 1.191 millones recaudados supone el 6,7% de la evasión tributaria cometida entre 2008 y 2010, los años a los que se refiere básicamente la amnistía, lo que significa que el 93,3% de la evasión no se acogió a la amnistía fiscal y permanece "impune".

   De lo que sí se felicitan los técnicos es del "cambio de criterio" anunciado esta mañana en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso por Montoro, por el que los técnicos e inspectores de Hacienda tendrán acceso a la declaración de la amnistía fiscal en el curso de las investigaciones que realicen.

   Gestha afirma que este nuevo criterio sustituye lo considerado por Dirección General de Tributos en una aclaración publicada el pasado 27 de junio, en la que consideraba que "no resulta procedente la comprobación aislada de la declaración tributaria especial", salvo que a la defensa de un contribuyente interesara aportarla durante una comprobación tributaria.

   Para el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, resulta evidente que ninguna persona puede utilizar la declaración tributaria especial si tiene iniciada con carácter previo una comprobación tributaria en vía administrativa o judicial, pero resulta "igualmente claro" que la amnistía evita el delito fiscal cometido en otros años anteriores o posteriores a los que se investigan. "Otra cuestión diferente serán las responsabilidades administrativas o penales por el supuesto origen ilícito de los fondos acogidos a la amnistía, que obviamente pueden ser perseguidos", añade.