En un auto notificado este martes, el tribunal admite el recurso presentado por la Fiscalía Anticorrupción, deja sin efecto el auto por el que el juez
Ruz envió esta denuncia al Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid y le ordena que "le tome declaración sin perjuicio de la libertad de criterio del instructor en torno al ulterior destino de las diligencias".
La Sala afirma que, si bien los hechos denunciados
respecto a amenazas y coacciones son competencia del juzgados ordinarios, no lo
es así respecto de los hechos
denunciados por
Álvarez Martín el 13 de diciembre de 2012 en dependencias
policiales, por entender el Ministerio Fiscal que tales hechos imputados a
Pujol Ferrusola y a otros miembros de la familia de
Jordi Pujol, son "representativos
de datos o indicios que, de poder ser concretados o ampliados, permitirían una investigación
penal por presuntos delitos de blanqueo de capitales y de delitos contra la
Hacienda Pública".
Según la Audiencia, los hechos relacionados con
actividades en Andorra, aún siendo escasos, obligan a ampliar esa declaración
de la ex novia de Pujol Ferrusola, y su presencia en ámbito judicial
"puede determinar tanto la procedencia de la continuación de las
diligencias penales incoadas, cuanto el desvanecimiento de la significación
penal de los hechos denunciados", según el Auto de la Sala Penal de la
Audiencia Nacional.
La declaración es "imprescindible"A juicio del tribunal, la declaración "ratificadora y ampliatoria" de
María Victoria Álvarez ante el juez Ruz "puede determinar tanto la procedencia de la continuación de las diligencias penales incoadas cuanto el desvanecimiento de la significación penal de los hechos denunciados": "Es imprescindible un inicial mínimo acto de instrucción judicial, cual es una declaración ratificadora y ampliatoria de la prestada en sede policial por la Sra. Álvarez Martín, que pueda eliminar el palmario carácter difuso de los hechos denunciados tal como se relatan".
Los magistrados
Alfonso Guevara (presidente),
Guillermo Ruiz Polanco (ponente) y
Ángeles Barreiro, recuerdan que en el momento actual "no se ha practicado diligencia de investigación policial alguna", por lo que el tribunal debe atenerse a los datos "manifiestamente insuficientes e inconcretos" contenidos en la denuncia, que ha de ratificarse o ampliarse "en sede judicial". De igual modo, consideran que los hechos, tal y como defendió la Fiscalía Anticorrupción en su recurso, podrían sustanciarse en supuestos delitos de blanqueo de capitales y/o contra la Hacienda Pública", cuya investigación correspondería asumir a este tribunal.
Mochilas con dineroComo se recordará, Álvarez denunció en dependencias policiales la existencia de viajes realizados por éste a Andorra portando una mochila con gran cantidad de dinero en billetes de 500 euros, así como a la realización viajes a México para la gestión de casinos y construcción de un hotel y a Londres para invertir en una empresa de comunicaciones.
En esa última ciudad, según la exnovia de
Pujol Ferrusola, su entonces compañero mantuvo una reunión con una persona dedicada a blanquear dinero en las Islas del Canal que "les llevaba muchos negocios a su familia". La mujer también relató ante la Policia que Jordi Pujol Ferrusola realizó viajes a Argentina en 2008 para hacer inversiones en el Puerto del Rosario.
La Fiscalía Anticorrupción recurrió el auto del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz por el que rechazó investigar, por falta de competencia, tanto la denuncia de Álvarez como la del financiero Javier de la Rosa, que aseguró estar sufriendo amenazas por disponer de información sobre el patrimonio de los Pujol.
Dos denuncias anterioresEl magistrado se inhibió de estas diligencias después de que la Fiscalía alegara la falta de relación de los hechos denunciados con los que aparecían expuestos en una querella y una denuncia sobre estos mismos hechos presentados anteriormente por el abogado
Joaquín Yvancos y el sindicato Manos Limpias.
La acción judicial intervenida por este colectivo se dirigía contra el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol; su esposa,
Marta Ferrusola; y sus hijos
Jordi y
Oriol por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, negociaciones prohibidas a autoridades y funcionarios y tráfico de influencias. Además, Yvancos incluía en su querella al presidente de la Generalitat, Artur Mas; su consejero de Interior, Felip Puig; y al empresario
Carlos Riva.
Ruz argumentaba en su auto que las declaraciones de De la Rosa, realizadas en dependencias policiales el pasado 5 de diciembre, amplían las que dieron origen a unas diligencias incoadas por el Juzgado Número 43 de Madrid por presuntos delitos de amenazas y coacciones, sobre los que la Audiencia
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