El Consejo de Gobierno de Canarias acordó este jueves la interposición
de tres recursos de inconstitucionalidad contra normas estatales, antes
de que finalice este mes, al estimar que vulneran competencias de la
Comunidad Autónoma.
En concreto, el Ejecutivo se plantea recurrir la Ley Orgánica de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera; el Real Decreto
Ley sobre Medidas Urgentes para Garantizar la Sostenibilidad del Sistema
Público de Salud y Mejorar la Calidad y Seguridad de sus Prestaciones, y
el Real Decreto Ley de Medidas Urgentes de Racionalización del Gasto
Público en el Ámbito Educativo.
En relación con la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, el
Gobierno entiende que algunos de sus preceptos "afectan sustantivamente
al ámbito competencial de la Comunidad Autónoma en términos
incompatibles con la autonomía financiera garantizada por la
Constitución".
Principio constitucionalEntre otras consideraciones, el Ejecutivo señala en una nota que
el artículo 135 de la Constitución fija como principio constitucional la
estabilidad presupuestaria y da sentido a una distribución de
responsabilidades entre el Estado -para su desarrollo por ley
orgánica- y las comunidades autónomas, para su aplicación en el marco
de sus competencias estatutarias y lo que determine la citada ley
orgánica.
Sin embargo, el contenido de la ley orgánica "está más vinculada a
la política concreta del Gobierno de turno que a la configuración de un
sistema de estabilidad presupuestaria que se acomode al marco
constitucional".
El Gobierno argumenta que el artículo 135 de la Constitución
Española remite a ley orgánica la fijación del déficit estructural
máximo permitido al Estado y a las comunidades autónomas en relación con
su Producto Interior Bruto, y también el desarrollo del principio de
estabilidad presupuestaria y la responsabilidad de cada administración
pública en caso de incumplimiento de los objetivos de estabilidad
presupuestaria, así como la participación de los órganos de coordinación
institucional entre las administraciones públicas en materia de
política fiscal y financiera.
"No obstante -continúa el Ejecutivo- esa atribución al Estado de
la potestad de desarrollo general de los principios constitucionales
mediante ley orgánica, el apartado 6 del artículo 135 de la Constitución
reconoce a las comunidades autónomas, de acuerdo con sus respectivos
estatutos y dentro de los límites del propio precepto, la competencia
para adoptar las disposiciones que procedan para la aplicación efectiva
del principio de estabilidad en sus normas y decisiones
presupuestarias".
Decretos leyEn relación con el Real Decreto Ley sobre el Sistema Nacional de
Salud, el Gobierno señala, entre otras consideraciones, que su contenido
podría "rebasar" los límites materiales establecidos por el artículo 86
de la Constitución Española, al afectar a los derechos, deberes y
libertades de los ciudadanos recogidos en el Título I de la Carta Magna.
Sobre el Real Decreto Ley de Racionalización del Gasto Público en
Materia Educativa, el Gobierno de Canarias recuerda, entre otros
aspectos, que los artículos 3 y 4 no respetan el orden de competencias
establecido en materia de educación.
En este sentido, dice que el establecimiento de la jornada lectiva
del profesorado es una competencia típicamente autonómica, al igual que
la sustitución transitoria de profesores titulares por funcionarios
interinos.
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