La OCDE reprochó hoy los "débiles resultados"
del dispositivo español contra los sobornos de funcionarios
extranjeros, en particular si se comparan con los obtenidos por otros
países, y advirtió de que tomará medidas si antes de fin de año no hay
una corrección.
El jefe de la división contra la corrupción
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE),
Patrick Moulette, calificó de "bastante crítico" el tono del informe
que el grupo de trabajo publicó hoy sobre España. "Hay dos
razones principales, la primera una falta de resultados concretos"
porque en casi 13 años de vigencia del delito de corrupción de
funcionarios extranjeros, sólo ha habido siete investigaciones, y todas
se han archivado sin condenas ni sanciones, explicó Moulette.
El responsable recordó que frente a la ausencia de toda sanción en
España, hay otros miembros del grupo de trabajo donde el dispositivo sí
ha tenido consecuencias, y aludió a 90 condenas en Estados Unidos, una
quincena en Alemania o una decena en Italia.
Como segundo punto
débil, señaló que "la ley española no es conforme con el convenio de la
OCDE" y aludió al hecho de que el Código Penal contempla dos delitos,
uno específicamente dirigido a castigar a los que corrompen a
funcionarios europeos.
Moulette precisó, igualmente, que la
legislación de 2010 fija la responsabilidad de las personas morales por
ese tipo de comportamientos, pero quedan excluidas las empresas de
titularidad pública.
Preguntado por si existe una falta de
voluntad de las autoridades españolas en luchar contra esas prácticas
delictivas, el jefe de la división contra la corrupción dijo que "es
difícil responder. El nuestro es un trabajo técnico".
A este
respecto, especuló sobre el hecho de que el aparato judicial tal vez
esté más centrado en el fenómeno de la corrupción interna o que quizás
el convenio de la OCDE sobre los sobornos no sea suficientemente
conocido.
En cualquier caso, Moulette recordó que el grupo de
trabajo ha dado de plazo a España hasta diciembre para que lleve a cabo
una serie de reformas y le presente un informe de auto-evaluación.
En caso de que las medidas tomadas por España no le satisfagan, se
hará un examen suplementario, lo que "sería muy embarazoso para España"
puesto que -destacó- se trata de un procedimiento "muy inhabitual",
aplicado a unos pocos países como Grecia o Suecia.
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