Los servicios sociales, escollo para el pacto municipal PP-PSOE

Uno de los principales escollos para la firma de un acuerdo entre el PP y el PSOE para la reforma de las administraciones locales lo constituye la "clarificación de competencias del ámbito local"; es decir, con evitar duplicidades y aclarar qué servicios deben ofrecer los Ayuntamientos. Así lo han reconocido a este diario e-Xclusivo fuentes socialistas conectadas con la negociación: es otra 'línea roja' que el PSOE no está dispuesto a dejar que el Gobierno de derechas de Rajoy traspase.

El Gobierno de Rajoy estima que ahí se podrían ahorrar 3.500 millones de euros, y todo porque en los últimos años los Consistorios han ido asumiendo muchas funciones y, sobre todo, bastantes más de las que pueden sufragar con sus presupuestos actuales, en plena vía de reducción del déficit público.

Pese a ese desacuerdo, desde Moncloa se asegura que la nueva Ley de Bases de Régimen Local fijará ese catálogo de servicios locales y dará potestad a los interventores municipales para prohibir gastos que un alcalde pretenda realizar y que no esté en sus competencias. Así las cosas, Presidencia quiere imponer que a los Ayuntamientos de menos de 2.000 habitantes se les pueda suprimir las competencias que ejerzan por debajo de unos parámetros de calidad en los servicios que revisará el Gobierno central. Si esos servicios no superan la prueba, sus funciones las desempeñarán las Diputaciones, y a eso es a lo que en términos generales se opone Pérez Rubalcaba.

Por otro lado, sin embargo, y salvo la discordia en ese punto concreto, el PP y el PSOE han logrado acuerdos en la reforma de la Administración Local, como la supresión de las cerca de 1.000 mancomunidades existentes y la limitación de los sueldos de los alcaldes en las grandes ciudades al salario que perciben ahora los secretarios de Estado. Pero se mantiene abierta la negociación sobre el número de ediles 'liberados' -con sueldo fijo- que podrá tener cada Ayuntamiento, y que se fijará en relación con la población. El resto de los concejales cobrarán sólo dietas por asistencia al pleno o a comisiones.

El Gobierno pretendía que sólo pudieran cobrar sueldo fijo los que ejercieran tareas ejecutivas en el Gobierno local y los portavoces de los grupos, pero tanto la FEMP como el PSOE argumentaron que la oposición también debía tener capacidad para las tareas de control al Gobierno local. En todo caso, lo que sí se limitará es el personal de confianza, que en ningún caso superará el número de ediles.