Cuesta de enero hasta agosto

Se cierra un año duro y viene otro del mismo nivel, porque la cuesta de enero va a durar, al menos, hasta agosto. Luego, ya veremos. Los optimistas, entre los que me gustaría encontrarme, creen que a final de año empezaremos a ver la luz, y los pesimistas, la mayoría, dicen que a finales de 2013 habremos llegado cerca de los seis millones de parados, que todavía no estaremos creando empleo neto y que los bolsillos de los ciudadanos estarán más vacíos que este diciembre.   
 
Hay que reactivar la economía y la creación de empleo y tratar de que la dinámica de la crisis deje de ser negativa. Seguramente sólo un pacto de Estado -seguridad institucional, educación, empleo, justicia, pensiones, sanidad- puede ayudar a ello, pero ninguno de los dos grandes partidos está por la labor de hacerlo. Mientras tanto, el problema de muchos no es trabajar o crear una empresa sino cobrar su trabajo. Artur Más no tiene dinero para pagar a sus funcionarios y por eso se ha embarcado en una deriva independentista que distrae del verdadero problema de Cataluña: sus cuentas públicas, su competitividad, su pérdida de innovación, su casi bancarrota.
 
En Cataluña, como en el resto de España, uno de los principales problemas es la morosidad del sector público que ahoga a muchas empresas y a no pocas entidades sociales. El Gobierno logró que ayuntamientos y autonomías sacaran de los cajones muchas facturas pendientes y les dio fondos para pagarlas. Pero ya vuelven a estar llenos. En Cataluña, hospitales, laboratorios, centros educativos públicos y concertados y otras entidades no tienen para sábanas, para sustituciones o para reparaciones imprescindibles porque no llega el dinero público. En toda España, la factura impagada de la ayuda a la dependencia empieza a poner en riesgo servicios indispensables para muchas familias. Y a muchos trabajadores. Las Administraciones públicas deben a Cáritas y a otras ONGs millones de euros que no saben cuándo van a  pagar. Las más pequeñas, las que vivían  de las subvenciones públicas, han cerrado o están al borde de las quiebra. Las otras se mantienen echando mano de los fondos de reserva. Muchas autonomías deben millones de euros a los abogados de oficio que han hecho su trabajo, a los autónomos, a las pymes -11.000 millones dicen sus representantes sólo desde el 1 de enero de 2012- cuyos servicios contratan... Y no pasa nada. Bueno sí, esa impunidad de la que disfrutan las Administraciones hunde la economía y provoca tragedias humanas.
 
El ministro Montoro ha anunciado que en 2013 las Administraciones públicas serán multadas si no pagan sus deudas en 30 días y que, desde marzo, tendrán que pagar intereses del 8% si se retrasan más. ¿Nos reímos o lloramos? Todos esos profesionales y empresarios que no cobran lo que se les debe, habrán abonado el IVA rigurosamente. Y si quieren reclamar las deudas tendrán que pagar previamente las tasas de Gallardón. Y esa Justicia del ministro no les garantiza ni que les paguen ni que lo hagan con intereses.