El jefe del Gabinete de Argentina, Juan Manuel Abal Medina, ha declarado
este viernes que la Cámara Civil y Comercial Federal del país es el
"brazo jurídico" del grupo audiovisual Clarín tras permitir este viernes
que la empresa cuente con una prórroga de un año para realizar las
desinversiones necesarias para cumplir con la nueva ley de medios.
De esta forma, se paraliza la entrada en vigor del articulado de la
Ley de Medios, que estaba prevista para este viernes, lo que supone un
nuevo varapalo judicial para el Gobierno de
Cristina Fernández de
Kirchner, ya que dicha norma jurídica es una de sus grandes apuestas.
El Ejecutivo asegura que con esta ley pretende que los grandes
grupos de comunicación no puedan controlar más del 35 por ciento del
mercado, por lo que Clarín debería deshacerse de parte de sus emisoras,
que serían entregadas por el Ejecutivo a otros dueños. La Cámara Civil
ha declarado la suspensión de la ley hasta que se declare la
constitucionalidad de parte de la norma.
"Acabamos de vivir la semana de la vergüenza judicial", ha
señalado
Abel Medina". "Una vez más a los argentinos nos quieren impedir
construir un país cada vez más plural, pero como estamos acostumbrados a
las reacciones que buscan mantener el privilegio de unos pocos, vamos a
seguir trabajando para que se cumpla la ley para todos", ha afirmado.
El jefe de Gabinete ha señalado que el fallo es "vergonzoso". "El
fallo de ayer fue firmado por un juez que está siendo investigado por
recibir dádivas por parte de Clarín; ¿en qué cabeza cabe que un juez
puede ser imparcial después de haber participado de un foro anti Ley de
Medios que fue financiado por Clarín?", ha preguntado.
"Terminamos de confirmar que la Cámara es el brazo jurídico del
grupo ilegal", ha indicado Abel Medina, en referencia al Grupo Clarín,
según la agencia oficial Telam.
A través de un comunicado, la Autoridad Federal de Servicios de
Comunicación (ASCA) ha indicado que el fallo es "un precedente nefasto y
lamentable" y "pone un manto de sospecha" sobre la Justicia.
"Extender la medida cautelar, contradiciendo el espíritu y los
plazos establecidos por la Corte (Suprema), es una maniobra dilatoria
destinada a beneficiar a quienes se niegan a cumplir las leyes vigentes,
y constituye una afrenta a los intereses del país y del pueblo
argentino", ha afirmado.
Recurso a la Corte Suprema El Gobierno ha presentado este viernes una demanda ante la Corte
Suprema para protestar por esta prórroga concedida para el Grupo Clarín.
El Ejecutivo argentino argumenta que la fecha del 7 de diciembre fue
puesta por el propio Supremo por lo que la nueva prórroga es nula al ser
una organismo de menor rango.
Fernández de Kirchner se une así a la AFSCA que ya anunció el
jueves por la noche que presentaría una demanda contra la nueva decisión
de la justicia. El presidente del organismo,
Martín Sabbatella, aseguró
que la decisión de la Cámara Civil "lesiona la democracia".
"El Parlamento no puede estar preso por la justicia cautelar
promovida por los grupos económicos", por lo que ha expresado su deseo
de que el alto tribunal "esté a la altura de lo que demandan los
representantes del pueblo y corrija con urgencia este bochornoso fallo".
La entrada en vigor de todo el articulado del texto legal
permitiría a las autoridades argentinas arrebatar al Grupo Clarín, uno
de sus más firmes opositores, varios medios de comunicación importantes
por no cumplir los requisitos para la concesión de licencias.
La batalla judicial entre el Gobierno y el Grupo Clarín comenzó en
2009, cuando el Congreso aprobó la norma jurídica y el conglomerado
mediático acudió a los tribunales de justicia para frenar la aplicación
de algunos artículos.
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