Un año de retrocesos en Justicia

Llegó Alberto Ruiz Gallardón hace un año al Ministerio de Justicia -ámbito sobre el que nada conocía, más allá de una oposición lejanamente aprobada a la carrera fiscal, que, por lo demás, nunca llegó a ejercer- anunciando grandes proyectos para mejorar y modernizar la Justicia.

Un día sí, y otro también, se pronunciaba sobre reformas en clara búsqueda de titulares periodísticos que, a la semana siguiente, él mismo contradecía o dejaba sin contenido: ¿quién no recuerda cómo manifestaba que el mes de agosto debía dejar de ser inhábil para las actuaciones judiciales, iniciando incomprensiblemente sus hostilidades contra el Poder Judicial, al insinuar que los jueces no rendían suficientemente, porque en algunas jurisdicciones dicho mes era legalmente inhábil?

"España no está para siestas", llegó a proclamar demostrando una soberana ignorancia de la verdadera dimensión del esfuerzo que todos los funcionarios de la Administración de Justicia realizan para paliar el daño que está causando la crisis económica en nuestra sociedad. Muchos órganos judiciales están desbordados por el ingente volumen de pleitos suscitado entre los ciudadanos, las empresas y las administraciones públicas. Jamás se había visto tamaño impacto en los juzgados en la Historia reciente de España. Año tras año, desde 2007, los asuntos han crecido en porcentajes que alcanzan incluso el 200 %, los jueces no dan abasto entre juicios y sentencias... y llegó Gallardón y habló de siesta.

O cuando decía que algunos divorcios se resolverían ante notario. Así como cuando ampulosamente se refería a que iba a despolitizar la justicia, manifestando que los Vocales del CGPJ iban a dejar de "tener apellidos", porque serían elegidos por los propios jueces y, por tanto, nadie podría tildarles de "conservadores" o "progresistas".

Por supuesto, con ese discurso, contribuía a apoyar a quienes tratan de confundir ante los ciudadanos el trabajo de los cinco mil jueces y magistrados en España, que ejercen rigurosa, seria y con limitados medios su labor jurisdiccional, identificándoles intencionadamente con el CGPJ, su órgano de gobierno, que no ejerce ninguna jurisdicción y cuya vertiente política quiso nuestro constituyente.

Y qué decir de la reforma que ha anunciado de la Ley del Aborto, cuando la realidad social en ningún caso la demanda, o de sus manifestaciones sobre las mujeres y la maternidad, más propias de una sociedad feudal, que del siglo XXI.

El balance de un año en el ámbito de la Administración de Justicia no puede ser más desolador. De los proyectos anunciados por el Ministro, que según él, iban a mejorar la Justicia, únicamente ha visto la luz la Ley de Tasas, sobre la cual el CGPJ ya emitió en su día un informe muy desfavorable y que supone una clara agresión al derecho de los ciudadanos a una tutela judicial efectiva (¡qué diría su padre, que tuvo ocasión en su día de pronunciarse en contra de las mismas, si lo viera!).

Su planteamiento parece muy sencillo: como los juzgados y tribunales españoles están sobrecargados de trabajo, al tener una de las ratios de jueces más bajas de Europa, se evita que los ciudadanos puedan acceder a los tribunales para ejercer su derecho, imponiendo unas tasas absolutamente disuasorias por lo elevado de las mismas, y así se soluciona, en su opinión, el problema sin acometer las reformas necesarias. Los ciudadanos que paguen impuestos y que sigan viendo recortados sus derechos en ámbitos tan esenciales como la sanidad, la educación, y ahora la justicia.

Ante las críticas de todos los operadores jurídicos y de todos los sectores sociales frente a la ley (cuya atropellada tramitación parlamentaria llevó a todas las fuerzas parlamentarias, a excepción del PP, a abandonar la Comisión de Justicia) el Ministro decidió acusar a sus críticos de defender intereses corporativos. Corporativos ¿de quién? Si defender los derechos de los ciudadanos para acceder en condiciones de igualdad a los tribunales es ser "corporativo", pues bienvenida sea dicha descalificación.

Otra de las realidades plasmadas en el BOE, salida de los despachos de la calle San Bernardo, que también ha generado un total rechazo de parte importante de la ciudadanía, es el doble indulto (sí, dos a falta de uno) a cuatro mossos d'esquadra, condenados por un delito, tan execrable, como el de tortura de un inocente.

Ejerciendo el derecho de gracia, que desde la Ley de 1870 se otorga al Poder Ejecutivo por razones que se ignoran, el Gobierno aconsejado por Gallardón concede a los referidos agentes policiales dos indultos para evitar que ingresen en prisión, sorteando las distintas resoluciones dictadas por el Tribunal Supremo y la Audiencia Provincial de Barcelona. Este doble indulto convierte al Poder Ejecutivo, de facto, en una instancia de revisión del Poder Judicial.

Nuevamente, ante las críticas de muchos sectores sociales y ante un escrito firmado por doscientos jueces y magistrados, el Ministro acude a la descalificación. Olvida que ninguno de los firmantes cuestiona la competencia del Gobierno para ejercer el derecho de gracia (incluso muchos de los firmantes en algunas sentencias, se han dirigido a los gobiernos correspondientes, en aplicación de lo que dispone el Código Penal, para pedir la aplicación de dicha medida, cuando por el juego de las penas a imponer, estas resultaban injustas o desproporcionadas), sino que lo que se cuestiona, y así se dice en el encabezamiento del escrito, es la utilización de un indulto como medio para "sortear" las decisiones judiciales, con un evidente menoscabo del principio de separación de poderes, lo que resulta aún más rechazable, cuando de delitos tan atroces, como el de torturas, se trata.
Y qué decir, por último, del enfrentamiento que mantiene en este momento el Ministerio con todos los jueces y magistrados, miembros de la carrera fiscal y secretarios judiciales.

Son todos ellos unos funcionarios cualificados que, con escasez de medios materiales y una gran sobrecarga de trabajo, suplen con esfuerzo y preparación las deficiencias, a las que el Ministerio no quiere, o puede, aportar soluciones.

Los jueces y magistrados en España no están reclamando, ni defendiendo intereses corporativos, están solicitando mejoras en beneficio de los ciudadanos, poniendo de relieve las injusticias que para estos se derivan de leyes como la de Tasas o de la normativa reguladora del desahucio. Cuarenta y siete jueces decanos de toda España, representando a dos mil jueces, así lo han puesto de relieve.

Y ante estas reivindicaciones la respuesta es desoladora: ausencia de diálogo por parte del Ministerio y descalificaciones injustas que han culminado en un proyecto de ley, actualmente en trámite parlamentario, que al suprimir a los jueces sustitutos, e imponer sustituciones obligatorias entre jueces, va a convertir a muchos de estos, ya sobrecargados de trabajo, en una especie de esclavos, operando en condiciones incompatibles con la función que desarrollan en un Estado de Derecho.

El Presidente y la Vicepresidenta del Gobierno son juristas de prestigio que me consta conocen, se preocupan y tienen sensibilidad con los problemas que arrastra la Administración de Justicia. Al primero apelaban las asociaciones de jueces y fiscales la semana pasada para tratar de mejorar el funcionamiento de esta. Los ciudadanos lo esperan y necesitan después de un año de innecesarios recortes y retrocesos provenientes del Ministerio de Justicia.

Margarita Robles Fernández es Vocal del CGPJ