El borrador de la Ley de Mejora de Calidad Educativa (LOMCE), que este
martes estudiarán el Gobierno y las CC.AA en la Conferencia Sectorial de
Educación, exigirá a las autonomías el pago de una plaza en un centro
privado a aquellos padres que soliciten la educación en castellano
cuando esta comunidad no pueda ofrecerle esta posibilidad en un centro
público o concertado, siempre y cuando no se haya establecido una
"proporción razonable" de ambas lenguas.
El texto recoge, en la
dispoisición adicional lengua castellana y lengua vehicular de la
enseñanza, que "las administraciones educativas garantizarán el derecho
de los alumnos a recibir las enseñanzas en castellano, lengua vehícular
de la enseñanza" y establece que la lengua castellana y su literatura
tendrán el tratamiento necesario para que todos los alumnos la
comprendan y se expresen en ella con corrección, de forma oral y por
escrito, al finalizar la enseñanza básica.
Asimismo, señala que en las CC.AA que posean otra lengua oficial
junto al castellano, de acuerdo con sus estatutos, las adminsitraciones
educativas deberán garantizar en todas las etapas educativas
obligatorias que esas lenguas cooficiales sean ofrecidas en las
distintas asignaturas en "proporciones equilibradas en el número de
horas lectivas", de manera que se procure el dominio de ambas lenguas
oficiales por los alumnos, sin perjuicio de la posibilidad de incluir
lenguas extranjeras.
Además, añade que corresponde a estas administraciones determinar
la proporción que proceda en el uso del castellano y la lengua cooficial
como lenguas vehiculares en el sistema educativo, en atención al estado
de normalización lingüística. Igualmente, especifica que podrán
otorgar, en función del estado de normalización lingüística en sus
territorios, un trato diferenciado a la lengua cooficial respecto del
castellano "en una proporción razonable", sin que en ningún caso pueda
suponer de hecho la exclusión del castellano.
"Mientras no se realice la determinación a que se refiere el
párrafo anterior, los padres o tutores tendrán derecho a escoger la
lengua vehicular de la enseñanza que reciban sus hijos. Cuando, como
consecuencia de dicha falta de determinación, no exista oferta docente
pública o concertada en la lengua vehicular elegida en la localidad de
residencia de los alumnos, los padres o tutores podrán optar por
escolarizar a sus hijos en centros privados, correspondiendo a la
administración educativa sufragar los gastos de escolarización", añade
la disposición.
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