En nota de prensa CSI.F crea que estas actuaciones deben extenderse al resto de Administraciones y, en especial a Castilla-La Mancha, "no sólo para acabar con una flagrante discriminación territorial y por el bien de laborales, estatutarios y funcionarios, sino también por el empleo, el comercio y la economía de nuestra región".
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios celebra que el Gobierno de Extremadura haya conseguido financiación para paliar una parte del poder adquisitivo perdido por los empleados públicos en los últimos años y ha confiado en que "cunda el ejemplo" y cuando la economía lo permita se compense al colectivo.
Tras recordar que los empleados públicos han perdido un 30% de poder adquisitivo en los últimos años, CSI·F considera que la decisión de Monago es "necesaria y razonable y muestra un cambio en la sensibilidad de la Administración respecto a los empleados públicos".
Además cree que estas actuaciones deben marcar el inicio de diálogo y la negociación que se debe llevar a cabo en el futuro en las administraciones públicas.
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