Gallardón, 'tocado': el Gobierno ha introducido una moratoria a su ley de tasas

El miércoles, 21 de noviembre, el mismo día que el BOE publicaba la más que polémica ley de tasas del aún ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, una jurista como Concepción Trabado alertaba de la inconstitucionalidad de esa 'gallardonada'. Este jueves, partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales y judiciales han insistido en esa idea y han anunciado que llevarán la ley de Gallardón al Tribunal Constitucional.

También hemos sabido que Gallardón ha creado graves tensiones dentro del Gobierno, tanto que el subsecretario de Justicia, Juan Bravo, ha explicado este jueves que la liquidación de las nuevas tasas no se puede practicar todavía y que, contra el criterio de Gallardón, no se practicará hasta que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas publique, "en las próximas semanas", una orden que regule el procedimiento y los impresos de autoliquidación. Resulta que la precipitación de la 'gallardonada' ha cogido por sorpresa a todos, incluido al resto del Gobierno de Mariano Rajoy.

Opus inconstitucional

Gallardón ha conseguido lo que parecía imposible: acabar con el concepto de justicia en un Estado democrático moderno y ponerse en su contra a prácticamente todas las sensibilidades e ideologías: partidos y sindicatos, asociaciones profesionales de magistrados y de abogados, juristas en general... Se han anunciado no menos de media docena de denuncias ante el Tribunal Constitucional: "la 'obra' de Gallardón es claramente inconstitucional", dicen desde el PSOE a los sindicatos, pasando por Jueces para la Democracia (JpD).

Incluso, desde la candidatura de Monserrat Suárez Abad a la Junta de Gobierno del Colegio de abogados de Madrid -cuyas elecciones se celebrarán el próximo 18 de diciembre- se ha anunciado ya que de salir elegida se procederá a recurrir la Ley de tasas ante el Tribunal Constitucional. Y ello por cuanto impide el acceso a la Justicia (derecho fundamental reconocido en nuestra Constitución), y por cuanto la idea misma de la tasa implica el deber del ciudadano de pagar la mala administración de justicia que "padece" España.

Gallardón "promociona violencias episódicas"

La valoración más absolutamente negativa ha sido, sin embargo, la de Jueces para la Democracia, que ha emitido una nota en la que lo más suave que dice es que l,a 'obra' de Gallardón "agudiza la violencia estructural y promociona violencias episódicas". La nota no tiene desperdicio y se la ofrecemos de forma íntegra:

El día 21 de octubre se ha publicado la Ley de Tasas; la propuesta, tramitación, aprobación y publicación de esta ley ha supuesto uno de los episodios más sombríos en la moderna historia de la justicia en España. En plena crisis económica, cuando la necesidad de tutela judicial es mayor, el ministro de justicia impulsa con carácter de urgencia una ley destinada a encarecer el acceso de los ciudadanos a la práctica totalidad de procedimientos judiciales tanto en primera instancia como en instancias superiores.

El problema no sólo es cuantitativo, de encarecimiento del acceso a procesos civiles, administrativos o laborales, sino también cualitativo ya que obedece a un modelo de justicia en el que prima el afán recaudatorio, el deseo de disuadir el uso de los procesos y de los recursos, modelo que dista mucho de lo que debe ser la administración de justicia en un estado social de derecho.

La introducción de estas tasas cuestiona el papel de la jurisdicción como instrumento institucionalizado de solución pacífica de los conflictos y lo resitúa al restringirlo, incentivando el recurso a las vías de hecho y a las soluciones violentas. Esto es, la reforma agudiza la violencia estructural y promociona violencias episódicas.

Esta decisión es extremadamente grave si se aplica en un contexto de crisis económica desbordada en el que el gobierno ha dado muestras de incapacidad manifiesta para afrontarla en clave de respeto a derechos fundamentales de las personas tales como el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, a la sanidad, a un salario digno.

La nueva normativa convierte en irreversible la posibilidad de solicitar que los tribunales puedan tutelar correctamente esos derechos, de ahí que instituciones públicas como el defensor del pueblo, colectivos profesionales, partidos políticos y asociaciones de usuarios se hayan plantado la posible inconstitucionalidad de la norma entendiendo que no ha sido suficiente la presión social durante la tramitación de la Ley, es necesario agotar los instrumentos legales para evitar o cuando menos paliar los efectos nefastos de la norma.

Jueces para la Democracia desde que en febrero de 2011 el Ministro anunció la introducción de tasas, se ha opuesto firmemente a la reforma y, de nuevo, haciéndonos eco del malestar de la práctica totalidad de la judicatura, hemos de poner de manifiesto el rechazo al contenido de la norma, al modo en el que se ha tramitado y a las consecuencias que tiene para el sistema de garantías de las personas. No en vano el precipitado anuncio de una moratoria de su entrada en vigor es un reflejo más de las deficiencias formales y materiales de la Ley observadas tanto en su contenido, como en la gestión de su tramitación y entrada en vigor.

El consenso social, político y profesional que ha suscitado el rechazo de la norma es síntoma claro de la gravedad de la situación y la gravedad del contexto en el que se aprueba.

Jueces para la Democracia se compromete a realizar un seguimiento al detalle de los efectos de las nuevas disposiciones en los derechos fundamentales, en el derecho al acceso a la justicia en las condiciones que exige la Constitución y se compromete a agotar las vías en derecho posibles para evitar los efectos perniciosos de la ley, recordando que el artículo 9.2 de la Constitución exige a los poderes públicos y, por lo tanto, a los jueces, promover las condiciones y remover los obstáculos para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivos.

Rubalcaba ataca en el facebook

Hasta el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, se ha lanzado contra el aún ministro de Justicia, olvidando, eso sí, que fue el Gobierno de Zapatero -del que él mismo formó parte- quien introdujo las primeras tasas judiciales. Esto es lo que Rubalcaba ha escrito en su facebook:

"La Ley de Tasas Judiciales que acaba de aprobar el PP es un retroceso más en nuestro sistema de derechos y libertades. Una vez más, el PP utiliza la crisis como coartada para imponer un cambio muy profundo y cargado de ideología. La derecha española nunca se había atrevido a tanto, y ahora lo hace escudándose tras argumentos económicos falsos. En el fondo, de lo que se trata es de establecer dos tipos de ciudadanos: los que tienen dinero y pueden hacer efectivo su derecho a la salud, a la educación, y ahora a la justicia, por un lado; y, por otro, los que carecen de medios y, como ciudadanos de segunda categoría, tienen restringidos sus derechos. La Ley de Tasas Judiciales es otra vuelta de tuerca en una involución que afecta a la esencia misma de nuestra democracia, y por ello los socialistas vamos a recurrirla ante el Tribunal Constitucional".

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