Mas y Pujol quieren forzar la ley y que juzgados catalanes instruyan su querella contra El Mundo

En el año 2002, los jugadores del FC Barcelona Cocu, Dani, Gabri, Kluivert y Gerard, a los que varios medios de comunicación imputaron haber pasado un "rato divertido", con prostitutas incluidas, en el Hotel Hesperia de Madrid el 19 de enero de 2002, la víspera de un partido contra el Rayo Vallecano, reclamaron al periódico digital micanoa.com, ya desaparecido, y a Telemadrid cinco millones de euros por haber difundido esa información. Los jugadores ganaron la demanda y obtuvieron una suculenta indemnización porque los juzgados sentenciaron que se habían vulnerado sus derechos al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen.

Parece un simple caso más judicial relativo a informaciones que presuntamente vulneran derechos de honor, pero ese asunto, conocido como el 'caso Hesperia', tiene algunos ingredientes similares al que se ha iniciado con la publicación por el diario El Mundo de un documento de la UDEF sobre las supuestas cuentas de Artur Mas y de Jordi Pujol en Suiza.

El punto en común es que los jugadores del FC Barcelona afectados por aquella información consiguieron que su caso fuera instruido y juzgado en la propia Barcelona. Según la abogada de uno de los medios implicados, el juez que se declaró competente cuando desde ese medio se reclamaba la jurisdicción madrileña, donde estaba su sede social, le reconoció que 'como comprenderá, mi hijo es culé y no le voy a decir que no instruyo este caso'. Así, pues, y pese a que a la Justicia se la supone ciega, los jugadores del Barça 'jugaron' ese partido en casa.

Mas y Pujol también quieren 'jugar' en casa

Valga la anécdota para ilustrar lo que a todas luces parece que ocurre con las supuestas cuentas de Pujol y de Mas en Suiza. Ambos dirigentes de CiU han interpuesto querellas contra el diario El Mundo, que está publicando desde hace varios días un supuesto informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sobre también supuestas corruptelas de ambas políticos, que tendrían, según el informe policial, cuentas en Suiza.

La querella era obligada y no ha cogido a nadie por sorpresa, pero lo que sí son sorprendentes son las informaciones que refieren que Pujol y Mas estarían intentando por todos los medios que sus querellas se instruyan en Barcelona, y no en Madrid, donde está la sede social del diario de Pedro José Ramírez. ¿Por qué ese empeño? Ahí es donde algunos recuerdan la historia del 'caso Hesperia': el deseo de 'jugar' en casa.

El artículo 14. 2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC) dice explícitamente: "Para la instrucción de las causas, el Juez de Instrucción del partido en que el delito se hubiere cometido, o el Juez de Violencia sobre la Mujer, o el Juez Central de Instrucción respecto de los delitos que la Ley determine". Es decir, que en el caso que nos ocupa el instructor debería ser un Juzgado de Madrid, que es donde El Mundo tiene su sede social. Pero parece que Madrid es 'territorio comanche' para los nacionalistas catalanes, que desearían más bien un juzgado de Barcelona.

En este sentido, y según refiere el propio diario El Mundo, para sostener su pretensión de llevar el caso a Barcelona, el abogado de Mas y de Pujol, Xavier Melero, utiliza el argumento de que un acuerdo no jurisdiccional del Tribunal Supremo -al que se refiere como "jurisprudencia"- consideró para los delitos contra el honor la tesis de la ubicuidad, según la cual "el delito se comete en todas las jurisdicciones en las que se haya realizado algún elemento del tipo". Como El Mundo se publica también en Barcelona, ese razonamiento conduciría a concluir que las posibles injurias y calumnias se han producido también en la Ciudad Condal. A mayor abundamiento, recoge dos autos de 2008 en los que se aplicó ese criterio.

Pero dice el diario de Pedro José Ramírez que "lo que el letrado [de Pujol y de Mas] omite es que los acuerdos no jurisdiccionales no tienen carácter vinculante sino que son meras actuaciones de coordinación procesal, según estableció el propio Supremo en su sentencia de 15 de diciembre de 2004. En ella, recuerda que la Constitución Española y la Ley del Poder Judicial disponen que la aplicación del ordenamiento por los jueces y tribunales sólo puede llevarse a cabo por medio de actuaciones jurisdiccionales".

Así que, como se ve, la primera batalla que parece que se está librando en este escabroso asunto no es si Mas y Pujol son culpables o inocentes de cobrar comisiones y evadirlas a Suiza, sino ver en qué campo se va a jugar este partido judicial. La pregunta es obvia: ¿por qué, si la Justicia es ciega? ¿Será que ha recuperado la visión de un ojo?