Quieren vincular al vicepresidente 4º del Congreso con una supuesta prevaricación en Tarragona

Todo comenzó en julio de 2011 ante los juzgados de El Vendrell (Tarragona), fecha en la que la representación de la empresa "Seaside Azimut, SL" denunció al alcalde de la localidad tarraconense de Torredembarra, Daniel Masagué Pere, de Convergència i Unió (CiU), por dos supuestos delitos de "prevaricación" y de "apropiación indebida". En febrero de este año 2012, la citada empresa constructora amplió querella, queriendo vincular en el caso al vicepresidente cuarto del Congreso de los Diputados, Jordi Jané, también de CiU, y de quien se solicitó declaración por su supuesta vinculación con los hechos.

En forma resumida, los hechos son los siguientes: "Seaside Azimut, SL" concluyó en 2004 la construcción de 53 viviendas de lujo en un solar del Paseo del Roquer; viviendas que alcanzaban un valor aproximado de un millón de euros cada una. En esa urbanización de lujo compraron un piso Jordi Jané y su mujer, Margarida Gil Domènech, al igual que otros ilustres vecinos, como un abogado del prestigioso bufete que preside Emilio Cuatrecasas.

La licencia de obras había sido aprobada por el Ayuntamiento de Torredembarra en junio de 1999. En mayo de 2002, a modo de fianza como garantía para el cumplimiento de las concesiones de tal licencia, la empresa constituyó un aval bancario por valor de 16.391,70 euros. Tal fianza debía devolverse una vez cumplidas las condiciones de la licencia. En octubre de 2004, tras la conclusión de las obras y previo requerimiento por la empresa para la devolución del aval bancario, el técnico del ayuntamiento denegó su devolución por supuestos desperfectos en el asfalto en determinadas calles como consecuencia de las obras de construcción.

La empresa alegó ante el juzgado que tal negación de devolución de aval se realizó sin ningún tipo de explicación ni análisis detallado, limitándose el Ayuntamiento a mencionar la existencia de un deterioro y asociándolo con las obras, sin justificaciones técnicas que lo apoyaran. Para la empresa, era evidente que el Ayuntamiento no quería devolver el aval, y en enero de 2005, el técnico de medio ambiente emitió un nuevo informe mencionando un nuevo ingrediente: una memoria correspondiente a la Integración Paisajística y mejora del espacio público, y condicionando la devolución del aval al cumplimiento de estas nuevas condiciones.

Pese a que la cantidad en litigio era de sólo 16.000 euros, este peloteo de documentos se mantuvo en el tiempo, hasta que en junio de 2010 se volvió a reclamar una vez más la devolución del aval... y una vez más se volvió a denegar. Así las cosas, la empresa "Seaside Azimut, SL" interpuso en julio de 2011 una querella criminal en el Juzgado de El Vendrell contra el alcalde del ayuntamiento de Torredembarra, Daniel Masagué Pere, por un delito de apropiación indebida y otro de prevaricación.

Ampliación de querella a Jordi Jané

La instrucción correspondió al Juzgado número 5 de El Vendrell, y en febrero de este año 2012, la denunciante amplió querella al tener conocimiento de ciertos datos relativos al caso; datos como que en junio de 2011 la junta de vecinos de esa urbanización "por razones espurias", dice el documento en poder de Diariocrítico, interpuso una demanda civil contra la representante de la empresa, Elisabeth Batet Llopart, teóricamente por defectos en la construcción.

Hay que recordar en este punto que Batet Llopart ya se ha personado contra la Generalitat de Cataluña como presunta perjudicada en el caso Incasol, del que ya informamos ampliamente en Diariocrítico.

Para "Seaside Azimut, SL", en la demanda de la comunidad de propietarios contra la empresa "se hace evidente" que el Ayuntamiento de Torredembarra "ha negado la devolución del aval de obra a la Señora Batet, amparándose en la necesidad de realizar una serie de reformas no incluidas en la licencia y que, curiosamente, son del agrado y del beneficio de la Comunidad de Propietarios mencionada". Margarida Gil y Jordi Jané son dos de los que acordaron la interposición de la demanda, al igual que un abogado del bufete de Cuatrecasas, con argumentos similares a los utilizados por el alcalde, también de CiU, como Jané.

Al respecto, dice la ampliación de querella contra Jané: "La retención del aval [por el Ayuntamiento], lejos de estar fundamentada en motivos prefijados en el momento de prestarse aquél, está basada en la voluntad de agradar a una serie de Ilustres Propietarios [sic], curiosamente del mismo partido político que el propio Ayuntamiento", y se pide al juez que cite a declarar a Jané por su posible vinculación con los hechos.

Margarida Gil, la mujer de Jordi Jané, es directora del Gabinete jurídico de la Generalitat y, junto a Assumpta Palau, directora general de Asuntos Contenciosos, su nombre apareció vinculado, como testigo, en la ramificación catalana del 'caso Campeón', es decir, la supuesta concesión irregular de ITV's en Cataluña.

Sólo un mes después de la ampliación de la querella, el fiscal, Vicente Gómez, se opuso al archivo de las actuaciones, tal y como había solicitado el alcalde de Torredembarra, Daniel Masagué.