El decreto anti desahucios

Llegó el que se esperaba "gran acuerdo"·, pero muy disminuido: con muy escasos beneficiarios y sin el consenso de los socialistas. La banca, en cambio, se queja de verse sola ante la reforma que el gobierno aplicará desde mañana mismo a los más vulnerables...

- El País: La moratoria en los desahucios se explicará sólo en casos extremos. El Gobierno aprueba un decreto ley sin pactar con los socialistas. El umbral de renta para evitar el desalojo se fija en 19.164 euros

- El Mundo: Rl Gobierno realojará a los desahuciados en pisos de los bancos. Web: La banca se queja de cargar en exclusiva en las medidas antidesahucios. El Gobierno limita las ejecuciones hipotecarias

- ABC: El Gobierno frena los desahucios dos años pese al plante del PSOE. Fija el tope de renta en 1.597 euros mensuales y crea una bolsa de pisos de alquiler

-         La Vanguardia. Avance pírrico. Una moratoria de desaghucios para casos extremos. Los requisitos que exige el Gobierno dejan fuera de la ayuda a muchas familias en apuros. El Ejecutivo descarta la dacoión en pago y crea un parque de pisos en alquiler

-         El Periódico de Cataluña: El Consejo de ministros aprueba el decreto NonStop.- El Gobierno restringe la moratoria de los desahucios a los casos más graves. Se exigirán ingresos inferiores a los 19.000 euros y más requisitos. El PSOE y los movimientos sociales lo califican de insuficiente

-         La Razón: Stop del Gobierno a los desahucios. El Consejo de Ministros aprueba paralizar dos años los desalojos de los colectivos más vulnerables y dará pisos de los bancos a los que se queden sin hogar. La banca se queja de que cargará en exclusiva con las consecuencias de la medida, y cifra en 7.500 millones lo que ha gastado en ejecuciones hipotecarias

-         La Voz de Galicia: La moratoria de desahucios se aplicará sólo en casos de grave situación económica y familiar. El decreto ley entra en vigor mañana

-         Expansión. Los desahucios se paran y nace la vivienda social. El Gobierno suspende dos años los desalojos de las familias más necesitadas. Bgruselas da el visto bueno a la nueva normativa, pero avisa de que se mantendrá vigilante. El decreto ley no cuenta con el apoyo del PSOE, pero sí tiene el visto bueno de la banca

-         Cinco Días: Vuelve la vivienda social. El Gobierno destinará pisos de la banca de alquiler para desalojados. El desahucio de las familias más vulnerables se paraliza por dos años. El PSOE se desmarca del decreto, que protege a rentas de hasta 19.200 euros

-         El Economista: La banca corre con los gastos de frenar la ola de desahucios. Deuda e intereses no se perdonan, pero el afectado seguirá dos años gratis en el piso. Las subastas notariales tendrán un precio mínimo para pisos y locales

Otros asuntos económicos destacados de la jornada:

-         El País: La política de recortes envía a la zona euro a la recesión. Holanda y Austria se unen al retroceso de los países periféricos

-         El País: El Consejo de Estado ve inconstitucional el euro por receta

-         El País: Multa récord en BP por el vertido en Luisiana: parará 3.500 millones, pide perdón y admite la culpa

-         El Mundo: La policía vincula cuentas en Suiza de Pujol y Mas con la corrupción de CiU. Parte de las comisiones que se pagaban a CDC se han desviado a cuentas personales de sus dirigentes

-         El Mundo: Una moneda al aire decidirá si Bildu controla la Kutxa de San Sebastián

-         ABC: Los Mossos negaron su auxilio a la Policía Nacional durante la huelga general. La delegación del Gobierno en Barcelona pidió protección hasta cuatro veces y la consejería de Interior rechazó la ayuda

-         La Vanguardia. La eurozona cae en la recesión por segunda vez en dos años. El gobernador del Banco de España cree que la situación es peor que en 2008.

-         La Vanguardia. Rebaja de impuestos en Madrid para Eurovegas

-         El Periódico de Cataluña: El Ejecutivo no alterará su política tras la huelga general La Razón: El Consejo de Estado declara inconstitucioinal el euro por receta

-         La Gaceta: Indignación por la violencia de los piquetes antisistema en la huelga general. Mientras me insultaban, yo pensaba en mis trabajadores. La dueña del bar madrileño acosada por los piquetes asegurar que cerrar el 14-N le hubiera costado despedir a uno o dos empleados.

-         La Voz de Galicia: El alcalde de Lugo, imputada por cohecho y tráfico de influencias. Ha sido citado por la jueza en la operación Pokémon, que ya le costó el puesto al regidor de Orense.

-         La Voz de Galicia. El Consejo de Estado considera que cobrar un euro por receta es inconstitucional

-         La Voz de Galicia. Los jueces de Vigo anularán los intereses de mora abusivos en créditos al consumo

-         Expansión: La tasa energética irá al sector eléctrico

-         Expansión: Duras exigencias de los fondos buitre para entrar en Sarb

-         Expansión: Haciensa embargará cuentas en toda la UE

-         Cinco Días: Multa récord a BP por el vertido del golfo de Méjico

-         Cinco Días: Hacieda exige declarar bienes en el extranjero superiores a 50.-000 euros

-         Cinco Días: BBVA y los fondos se resisten a entrar en el capital del banco malo

-         El Economista: El banco malo se retrasa un mes ante la falta de socios privados. Ofrecerá ventajas fiscales a los inversores

-         El Economista: Ni rastro de crecimiento: la eurozona entra oficialmente en recesión. Alemania sólo elevó su PIB un 0,2 por 100

-         El Economista: Microsoft tributa en Irlanda ventas en España

-         El Economista: Madrid y Cataluña se rebelan y optan por seguir con el euro por receta. El Consejo d e Estado ve la tasa inconstitucional

-         El Economista: ABC Radio y Cope descartan unirse: se intercambiarán postes de antenas

Elecciones catalanas

-         Mas pide prestado el voto soberanista ajeno a CiU. Navarro advierte que apoyar a CiU y PP es votar recortes, mientras que Camacho busca la movilización del cinturón rojo contra el separatismo -El Periódico de Cataluña

-         Los incidentes del 14-N enturbian la campaña. Llueven las críticas a los Mosssos -El Periódico de Cataluña

Norma chapucera y absurda

Cuenta El Mundo que las organizaciones de afectados por los desahucios han calificado como "chapuceras" y "absurdas" las considiciones aprobadas por el Consejo de Ministros para que los deudores hipotecarios puedan acceder a una moratoria de dos años, y han pedido que ésta se aplique a todos los casos. La portavoz de Stop Desahucios, Ada Colau, ha afirmado que es "completamente absurdo" que las nuevas medidas se apliquen sólo en unos determinados casos de vulnerabilidad -familias numerosas, tener menores de 3 años, víctimas de violencia de género, entre otras-. "Es una medida absurda, es como poner a los pobres a competir entre ellos a ver quién es más desgraciado", ha señalado. Por ello, ha exigido que la moratoria de dos años para las familias más vulnerables, contemplada por el Ejecutivo entre las nuevas medidas adoptadas, sea para "todos los casos de vivienda habitual y con motivos de insolvencia sobrevenida". "Nos felicitamos porque, por fin, cuatro años después el Gobierno empieza a anunciar alguna medida gracias a la presión social, pero llegan muy tarde", según esta portavoz, que se ha preguntado por qué las nuevas medidas moratorias de ejecución de desahucio incluye a las familias con niños menores de 3 años y no de otras edades. "¿Qué pasa que los niños de 5 años no tienen derecho?", se ha cuestionado Colau. El caso del suicidio de Baracaldo (Vizcaya), que ha sido una de las causas que creó alarma social, según Calau "no hubiera cumplido esos requisitos". Además, ha destacado que es "inadmisible" que las medidas no tengan efecto retroactivo porque ya se han producido 400.000 ejecuciones hipotecarias y detrás hay 400.000 personas que han sufrido un procedimiento que la UE ha calificado de "injusto e ilegal" la semana pasada y se van a quedar de por vida con una deuda. "No van a parar los desahucios ni los suicidios con estas medidas", ha advertido Calau, que ha resaltado que los colectivos que trabajan "día a día" con los afectados saben que todas las personas que pueden perder su vivienda habitual por problemas económicos sobrevenidos "son vulnerables". Sobre la creación de un fondo social de viviendas que se destinarán para alquilárselas a las personas que hayan perdido su vivienda, Calau ha pedido que se expliquen cuanto antes las condiciones que incluirá esa iniciativa. Por su parte, uno de los portavoces de la plataforma Afectados por la Hipoteca, Chema Ruiz, ha calificado de "chapuza" las nuevas medidas porque son solo "una forma de aplicar maquillaje pero nada más". Según Ruiz, las medidas "vuelven a confundir" y es "dar limosna con derechos". "Esto, al final, va a afectar a una parte nimia de los afectados y, además, no se aplica ninguna solución a la deuda perpetua con que se condena a las familias, con lo cual es más de lo mismo, es intentar maquillarse nada más", ha añadido. Por su parte, la Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (CEACCU), ha reclamado en un comunicado que las medidas "amparen a cualquier familiar en situación de quiebra sobrevenida y que la moratoria de las ejecuciones hipotecarias no imponga cargas o intereses adicionales". También la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha denunciado las soluciones "cosméticas, coyunturales y parciales" que ha aprobado el Consejo de Ministros. En un comunicado leído ante la sede del PSOE en la calle Ferraz, por Iván Ramírez Barrio, uno de los portavoces de la asociación, se critica que el proyecto del Gobierno se limite a suspender las ejecuciones durante dos años y a mejorar las condiciones del código de buenas prácticas bancarias. En el texto escrito por la PAH, se consideran las negociaciones entre PP y PSOE una solución "parcial e insuficiente", que llegan "tras más de un millón de desahucios y varios muertos en los últimos días". En el comunicado también se critica la urgencia con la que se ha realizado el decreto, recordando que la ley hipotecaria vigente data de 1946 y que la plataforma lleva casi cuatro años "proponiendo ideas para su modificación". Entre esas ideas se encuentra una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) redactada en 2011, que, según ha dicho el portavoz, "lleva ya 600.000 firmas", 100.000 más de las necesarias para su tramitación. Ramírez Barrio considera la ILP "una posibilidad de legislar democráticamente" en vez de "a puerta cerrada", y pide a los políticos que la debatan en serio y dejen los "yo no fui".

El resultado no convence

Lo explica el diario El País: El resultado no les convence. Ni mucho menos. Pero Twitter lo atestigua, e la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Barcelona han brindado con cava para celebrar la irrupción, a lo grande, del drama de los desahucios en la agenda pública. Han hecho falta varios suicidios para que el Gobierno y el primer partido de la oposición hayan movido ficha para reformar la Ley Hipotecaria española, la que contempla que una familia pierda su vivienda pero arrastre la deuda de por vida. Pero la lucha contra los desahucios viene de muy lejos. Una victoria como ésta, en la que lo legítimo (evitar que la gente se quede en la calle endeudada de por vida) pasa por delante de lo legal (impedir la entrada de las comitivas judiciales) no se consigue de una semana para otra. La PAH se creó en Barcelona en febrero de 2009, hace casi cuatro años, cuando consiguió parar el primer desahucio, en la comarca del Penedès. Despegó tras el verano de 2011 y hoy hay 85 plataformas locales en toda España, una extensión territorial que ilustra el alcance del drama. La existencia de un movimiento social que lucha por la vivienda digna se remonta a 2004. Entonces la burbuja inmobiliaria se estaba hinchando y los problemas eran el mobbing inmobiliario -el asedio para echar a inquilinos de renta antigua para realquilar más caro o vender?y sobre todo, el precio de los pisos: costaban una fortuna. En la capital catalana existían colectivos como Miles de Viviendas, el Taller contra la Inmobiliaria o la Guerrilla de la Vivienda, que compartían activistas y objetivo: la vivienda digna. Pero la verdadera explosión del movimiento se produjo con V de Vivienda, que replicó el título de la película V de Vendetta, y triunfó con su lema "No vas a tener casa en la puta vida". Tenían hasta superhéroe: Súper Vivienda, que con el número 47 (el artículo de la constitución que habla del derecho a la vivienda) en la espalda irrumpía en toda clase de actos públicos. Fue la época, 2007-2008, de las masivas manifestaciones de jóvenes clamando que no podían emanciparse. El alma de la PAH es la activista Ada Colau, que participó en todos los anteriores movimientos de protesta. De hecho, comenzó a colaborar en los movimientos antiglobalización en su momento álgido, el 2001, la época de las contracumbres que se celebraban por todo el mundo cada vez que se reunían instituciones como el Banco Mundial, el FMI o el G-8. Una de las frases que repite habitualmente es que moverse tiene sentido, porque "históricamente, se han conquistado derechos que parecían imposibles gracias a la movilización social". La movida contra las consecuencias del actual sistema hipotecario lo demuestra. Las PAH son organizaciones totalmente horizontales, que basan su estrategia en asambleas semanales en las que los participantes son a la vez afectados y activistas. Los afectados llegan a las asambleas hundidos, pero topan con gente en su misma situación, lo que les empodera para afrontar su propio caso y les anima a luchar por los demás. En las asambleas se exponen nuevos casos, se informa a los nuevos a partir de la experiencia de los que no lo son tanto y se agendan las movilizaciones de la semana siguiente. Sobre todo, concentrarse para parar desahucios previstos. De uno en uno, se han parado 467, según el último recuento de la página web de la plataforma. Pero evitar los desahucios es solo una de las patas de la lucha de las PAH. El objetivo final es cambiar la ley hipotecaria, a través de la Iniciativa Legislativa Popular que está en la fase de recogida de firmas. El texto que propone la ILP prevé tres cuestiones: la dación en paro (devolver el piso si no se puede pagar pero y librarse de la deuda); que sea retroactiva para que se pueda aplicar a las miles de familias amenazadas de desahucio; y que se contemple la posibilidad de que permanezcan en los pisos pagando un alquiler social. Sobre este último capítulo, la PAH no se cansa de recordar que buena parte de las entidades financieras que están desahuciando a familias que no pueden pagar por culpa de la crisis han recibido ayudas públicas al ser nacionalizadas. Tras muchos años de calle y movilización, en las PAH han aprendido también a trabajar con máxima transparencia (asambleas abiertas, apertura total a los medios, a diferencia de otros movimientos más recelosos) y a colocar mensajes muy directos y claros: StopDesahucios es el más famoso. Junto al "¡¡Sí se puede!!" que los concentrados frente a los edificios gritan emocionados cada vez que se para una ejecución. Incontables horas de trabajo voluntario y la crudeza de la crisis ha hecho el resto: la extensión por todo el territorio español, la presencia constante en las redes sociales, la atención de los medios de comunicación y, por último, la de los mismos partidos políticos que durante un año y medio vetaron la admisión a trámite de la ILP en el Congreso de los Diputados.

Los bancos nacionalizados se apresuraron

Según se cuenta en El Confidencial, las cuatro entidades nacionalizadas -BFA-Bankia, CatalunyaCaixa, NovaGalicia y Banco de Valencia- aceleraron las adjudicaciones de inmuebles, tanto de particulares como de promotores, en los últimos meses para poder traspasarlos al 'banco malo', según confirman varias fuentes de estas instituciones. Esta política explica el

fuerte incremento de los procedimientos en los juzgados, procedimientos que han cambiado radicalmente a raíz del escándalo social por los suicidios motivados por desahucios.  Hay que recordar que el crédito hipotecario moroso se queda en el balance de los bancos, mientras que los pisos adjudicados sí se traspasarán a la Sareb. Según apuntan diversas fuentes a El Confidencial, las entidades nacionalizadas han acometido una política muy agresiva orientada a acelerar las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas de particulares con el objetivo de aclarar la situación jurídica de esos inmuebles y poder traspasarlos al banco malo. No obstante, ante la alarma social generada por el suicidio de dos personas cuando iban a ser desahuciadas y la indignación generalizada contra el sector financiero, habrían puesto freno esta política tan agresiva. Actitud, por otra parte, conforme al compromiso anunciado el pasado lunes por la patronal de la banca -AEB- y de las cajas de ahorros -CECA- de paralizar los desahucios durante dos años de aquellas familias en situación de vulnerabilidad. "La política de la entidad ha cambiado radicalmente. Hasta hace poco, la prioridad era contener la morosidad y se instaba a que se llevara al litigio a aquellos clientes que no pagaban ni alcanzaban un acuerdo para una fórmula de refinanciación; había poca mano izquierda con ellos y la intención era quedarse con el inmueble para traspasarlo al banco malo ", explica una fuente de Bankia. "Ahora se promocionan lo que se conoce como 'adecuaciones' con fórmulas mucho más flexibles porque la prioridad es evitar los litigios y los desahucios; la estrategia es ofrecer adecuaciones a lo que se pueda salvar y pasar al banco malo lo que no tiene solución".  Un portavoz de la entidad negó que se hayan acelerado los desahucios porque sólo se van a traspasar al banco malo los pisos con un valor después del descuento mayor de 100.000 euros, lo que supone en torno a 150.000 de valor bruto, una cifra que no es de la que se está hablando en los casos de desahucio. Ahora bien, una de las causas del fracaso del Código de Buenas Prácticas, según los expertos, es que fija unos precios muy bajos para las viviendas que se pueden beneficiar del mismo, que se sitúan en 200.000 euros en las grandes ciudades. Asimismo, algunas fuentes estiman que el 80 por 100 de las ejecuciones hipotecarias en Madrid corresponden a Bankia. Otra fuente de NovaGalicia explica que "la política de la entidad era ayudar al que tiene voluntad de pagar y llevar al juzgado al que no para quedarte con el inmueble y poder traspasarlo a la Sareb. Pero eso ha cambiado con los últimos acontecimientos y se han paralizado todos los desahucios". En todo caso, una de las quejas más repetidas por distintas formaciones políticas y colectivos sociales es que estas entidades, que han recibido miles de millones de dinero público (y muchos más que van a recibir, cerca de 40.000 según las estimaciones del Gobierno), deberían trasladar parte de esos fondos a la sociedad y a sus clientes con mayores problemas. En vez de eso, han acelerado los desahucios y mantienen cerrado el grifo del crédito a cal y canto para familias y pequeñas empresas. Esto supone que el FROB, principal accionista de estas entidades tras su intervención o nacionalización, al menos era consciente de esta política agresiva respecto a las ejecuciones hipotecarias. Desde este organismo niegan que dicha actuación haya sido sugerida o instigada desde el Banco de España puesto que "sería el chocolate del loro", es decir, el volumen de los inmuebles que se podrían trasladar al 'banco malo' con estas medidas será muy pequeño respecto al importe total de los activos que se van a traspasar. Las cifras son elocuentes. Después de que en 2011 se registrara un descenso en los procedimientos de ejecución hipotecaria respecto a 2010, el comienzo de este ejercicio recuperó la senda alcista iniciada hace cinco años, cuando estalló la crisis. Entre enero y junio se autorizó el desalojo de más de 37.000 familias, un 15% más que un año antes, según datos de la Asociación Hipotecaria Española (AHE), extraídos del Poder Judicial. A esta cifra se suman los 48.213 procesos de ejecución iniciados que, previsiblemente, sufrirán el mismo destino. Estos datos muestran un aumento progresivo desde el estallido de la crisis en 2007, aunque el año pasado la tendencia se invirtió gracias al momentáneo respiro de la situación económica. Sin embargo, 2012 arrancó con un nuevo y fuerte repunte, que se habría intensificado de la mano del fuerte deterioro económico y el imparable aumento del desempleo, así como de la citada política de las entidades nacionalizadas.

, las entidades nacionalizadas han acometido una política muy agresiva orientada a acelerar las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas de particulares con el objetivo de aclarar la situación jurídica de esos inmuebles y poder traspasarlos al banco malo. No obstante, ante la alarma social generada por el suicidio de dos personas cuando iban a ser desahuciadas y la indignación generalizada contra el sector financiero, habrían puesto freno esta política tan agresiva. Actitud, por otra parte, conforme al compromiso anunciado el pasado lunes por la patronal de la banca -AEB- y de las cajas de ahorros -CECA- de paralizar los desahucios durante dos años de aquellas familias en situación de vulnerabilidad. "La política de la entidad ha cambiado radicalmente. Hasta hace poco, la prioridad era contener la morosidad y se instaba a que se llevara al litigio a aquellos clientes que no pagaban ni alcanzaban un acuerdo para una fórmula de refinanciación; había poca mano izquierda con ellos y la intención era quedarse con el inmueble para traspasarlo al banco malo ", explica una fuente de Bankia. "Ahora se promocionan lo que se conoce como 'adecuaciones' con fórmulas mucho más flexibles porque la prioridad es evitar los litigios y los desahucios; la estrategia es ofrecer adecuaciones a lo que se pueda salvar y pasar al banco malo lo que no tiene solución".  Un portavoz de la entidad negó que se hayan acelerado los desahucios porque sólo se van a traspasar al banco malo los pisos con un valor después del descuento mayor de 100.000 euros, lo que supone en torno a 150.000 de valor bruto, una cifra que no es de la que se está hablando en los casos de desahucio. Ahora bien, una de las causas del fracaso del Código de Buenas Prácticas, según los expertos, es que fija unos precios muy bajos para las viviendas que se pueden beneficiar del mismo, que se sitúan en 200.000 euros en las grandes ciudades. Asimismo, algunas fuentes estiman que el 80 por 100 de las ejecuciones hipotecarias en Madrid corresponden a Bankia. Otra fuente de NovaGalicia explica que "la política de la entidad era ayudar al que tiene voluntad de pagar y llevar al juzgado al que no para quedarte con el inmueble y poder traspasarlo a la Sareb. Pero eso ha cambiado con los últimos acontecimientos y se han paralizado todos los desahucios". En todo caso, una de las quejas más repetidas por distintas formaciones políticas y colectivos sociales es que estas entidades, que han recibido miles de millones de dinero público (y muchos más que van a recibir, cerca de 40.000 según las estimaciones del Gobierno), deberían trasladar parte de esos fondos a la sociedad y a sus clientes con mayores problemas. En vez de eso, han acelerado los desahucios y mantienen cerrado el grifo del crédito a cal y canto para familias y pequeñas empresas. Esto supone que el FROB, principal accionista de estas entidades tras su intervención o nacionalización, al menos era consciente de esta política agresiva respecto a las ejecuciones hipotecarias. Desde este organismo niegan que dicha actuación haya sido sugerida o instigada desde el Banco de España puesto que "sería el chocolate del loro", es decir, el volumen de los inmuebles que se podrían trasladar al 'banco malo' con estas medidas será muy pequeño respecto al importe total de los activos que se van a traspasar. Las cifras son elocuentes. Después de que en 2011 se registrara un descenso en los procedimientos de ejecución hipotecaria respecto a 2010, el comienzo de este ejercicio recuperó la senda alcista iniciada hace cinco años, cuando estalló la crisis. Entre enero y junio se autorizó el desalojo de más de 37.000 familias, un 15% más que un año antes, según datos de la Asociación Hipotecaria Española (AHE), extraídos del Poder Judicial. A esta cifra se suman los 48.213 procesos de ejecución iniciados que, previsiblemente, sufrirán el mismo destino. Estos datos muestran un aumento progresivo desde el estallido de la crisis en 2007, aunque el año pasado la tendencia se invirtió gracias al momentáneo respiro de la situación económica. Sin embargo, 2012 arrancó con un nuevo y fuerte repunte, que se habría intensificado de la mano del fuerte deterioro económico y el imparable aumento del desempleo, así como de la citada política de las entidades nacionalizadas.