La exvicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega ha
firmado un voto particular al dictamen del Consejo de Estado sobre el
euro por receta en el que sostiene que "no existen motivos suficientes
para pretender la inconstitucionalidad" de la medida. De la Vega firma
el voto discrepante junto a otro dos consejeros permanentes: Fernando
Ledesma (el exministro con el que empezó su carrera política) y Enrique
Alonso.
Según el texto del voto particular, estos tres consejeros entienden que "no es suficiente el argumento de que la tasa incida sobre los precios de los medicamentos", puesto que "toda tasa incide sobre los precios", como también lo hacen las nuevas tasas sobre la Administración de Justicia.
El dictamen del Consejo se refiere tanto al euro por receta como a las tasas judiciales aprobadas por la Generalitat de Cataluña el pasado mes de marzo.
Los consejeros discrepantes ven correcto que se invoque el artículo 149.1 de la Constitución para mostrar que el euro por receta invade competencias exclusivas del Estado --la legislación de productos farmacéuticos--, pero se preguntan por qué no se usa el mismo argumento con las tasas judiciales, y sentencian: "El acceso a la justicia es un derecho de valor constitucional superior al de la salud".
En tercer lugar, creen que el dictamen aprobado por la mayoría del Consejo no explica "suficientemente" cómo incide "especialmente" el euro por receta en "la igualdad sustancial en el acceso a servicios sanitarios".
No hay argumentos suficientes Por todo ello, estiman que no hay "argumentos suficientes en el dictamen mayoritario" para recurrir el euro por receta aprobado por Cataluña.
Eso sí, avisan de que, al margen del euro por receta, cuestión distinta es la incidencia que pueda tener el hecho de que la "legislación básica de sanidad haya cambiado hace poco" por real decreto-ley (en alusión a la norma que implantó el copago farmacéutico), "pero ello no es la cuestión abordada.
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El Consejo de Estado, presidido por el autor del 'medicamentazo', dictamina que el euro por receta es inconstitucional