Según el dictamen del Consejo de Estado, esta tasa, que Cataluña introdujo en junio y la Comunidad de Madrid aplicará en enero, vulnera la Constitución ya que las comunidades autónomas "no pueden incidir, ni directa ni indirectamente, en la fijación de los precios de los medicamentos que son objeto de financiación pública".
Por ello, el Consejo de Estado entiende que no cabe admitir que, en ejercicio de su potestad tributaria, las comunidades impongan gravámenes "cuya exacción comporte, en última instancia, un incremento del coste que los ciudadanos hayan de abonar para obtener un determinado medicamento o producto sanitario".
El dictamen también subraya que no se reprocha una eventual falta de competencia de la Generalitat catalana para establecer tributos sino que "la instauración de esa tasa vulnere el orden de competencias y, en concreto, el artículo 149.1.16 de la Carta Magna".
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