Indignación popular

Llegan tarde. Los políticos en España están demostrando una debilidad pasmosa porque siempre van por detrás de los acontecimientos. Y no pasa nada. Quizá por eso su actitud ante los problemas generales de los ciudadanos es tan laxa y diletante. El último caso que provoca la indignación popular es el de los desahucios. Después de más de tres años y 400.000 desahucios o lanzamientos de embargo, en su término legal exacto, ahora se percatan de la gran injusticia que están sufriendo las familias vulnerables de la sociedad española.

Ha hecho falta que varias personas se suiciden, tirándose desde el balcón de su casa minutos antes de ser desalojadas, creando una enorme alarma social para darse cuenta de que tenían que hacer algo. Se han visto empujados por la iniciativa de los jueces que han despertado de su prolongado letargo para advertir, ante el cuerpo destrozado de una mujer en Baracaldo, que no aplicarían una ley de 1909 que legaliza unas prácticas abusivas a favor de una banca acreedora sin alma. Nadie puso coto a la concesión de créditos de altísimo riesgo por parte de la mayoría de las entidades financieras, bancos y cajas que ahora necesitan del rescate público, aún a sabiendas de que muchas de las familias que se entrampaban en esos pisos no los podrían pagar tarde o temprano. Durante estos años, estos avezados banqueros han dejado a 400.000 familias en la calle, sin remordimientos ni congojas, porque habían cobrado el bonus a final de año.

Lo curioso es que nunca ejecutaron una orden de desahucio a los partidos políticos, morosos como el que más según los tardíos informes del Tribunal de Cuentas. Al revés, hay múltiples condonaciones de deuda a casi todos los partidos políticos. Otro detalle que despierta perplejidad es la urgencia repentina de populares y socialistas por improvisar una solución pero sin contar ni consultar con las asociaciones de personas afectadas y otras organizaciones profesionales versadas muy a su pesar en esta enorme injusticia. ¡Cuidado! No se trata de que el péndulo se mueva a la posición contraria. No se puede dar la impresión de que en España, ahora, nadie tiene que cumplir con su obligación de pagar la hipoteca. Se crearía una inseguridad jurídica inaceptable. La Banca ha dado un paso con una moratoria de dos años, suficiente para que se alcance una solución seria y rigurosa, y para que nadie más se tire por el balcón.