Marruecos no quiere testigos incómodos en el Sahara

El Gobierno marroquí está evitando la presencia de observadores internacionales durante la movilización popular saharaui en el segundo aniversario del desalojo violento del campamento de Gdeim Izik, que tiene lugar a partir de este jueves, y tras las manifestaciones de los últimos días durante la visita del enviado especial de Naciones Unidas. Así lo denuncia IU, que exige al Gobierno español que proteste ante el marroquí por la expulsión violenta de observadores españoles en el Sahara que se viene produciendo desde hace varios días.

Ante esas expulsiones, y tras el silencio del Gobierno de España, los activistas decidieron ocupar el Consulado de España en la ciudad marroquí de Agadir para demandar que el Gobierno de Rajoy se posicione por el derecho de autodeterminación del Sahara y asuma la "responsabilidad que como potencia colonizadora le corresponde", asegurando el cumplimiento de los acuerdos firmados entre el Gobierno del Reino de Marruecos y el Frente Polisario en 1991, por los cuales se firmaba la Paz y se sometía la independencia del Sahara a referéndum.

Las organizaciones que respaldan estas demandas son el Movimiento de Solidaridad Brigadista (MSB), el Área de Juventud Federal de Izquierda Unida (IU), la Unión de Juventudes Comunistas de España (UJCE) y el Partido Comunista de España (PCE). Justificando las expulsiones, el Ministerio marroquí del Interior hizo alusión a 19 activistas, 15 de ellos españoles y 4 noruegos, asegurando que eran "periodistas que entraron en el territorio nacional sin revelar sus verdaderas intenciones, asegurando que hacían turismo".

Ahora bien, salvo el caso concreto de algún periodista, el resto de expulsados se identificaron en todo momento como activistas de asociaciones pro saharauis españolas y no como profesionales del periodismo. Además, la cifra real de activistas españoles expulsados superaba la veintena.