Fuentes de la Oficina de la Defensora han explicado que en el año 2011 una persona de la Comunidad Autónoma presentó una queja ante el Defensor del Pueblo de la región y otra ante el de España por una ayuda al autoempleo que le había sido denegada.
Al suprimirse el Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha, los expedientes abiertos se transfirieron a la institución nacional, donde un "error informático" no detectó que el que llegaba de la Comunidad Autónoma era el mismo que ya constaba en Madrid.
Las mismas fuentes han precisado que la Consejería de Empleo castellano-manchega contestó "en tiempo y forma" a la queja planteada, cerrándose uno de los dos expedientes que existían sobre el mismo tema.
Así, el otro expediente quedó "vivo" y sin respuesta, y cuando la Defensora del Pueblo realizó el recuento de administraciones e instituciones que no respondían a sus quejas se incluyó a la Consejería en ese listado de administraciones.
La Oficina de la Defensora del Pueblo ha reaccionado así después de que la responsable de la institución, Soledad Becerril, anunciase este martes en el Senado que va a poner en conocimiento del Ministerio Fiscal el listado de las 55 administraciones que no han contestado a los requerimientos de información. Entre esas administraciones figuraban los ayuntamientos de Ciudad Real y Guadalajara y, por error, la Consejería de Empleo y Economía regional.
El PSOE pregunta al alcalde de Guadalajara sobre la cuestión
Precisamente este miércoles, el Grupo Municipal Socialista de Guadalajara pedía explicaciones al alcalde, Antonio Román, por su actitud para con la Defensora del Pueblo. En una nota de prensa, los socialistas le preguntan qué información está ocultando a la Defensora del
Pueblo, después de que la titular de esta Institución, Soledad Becerril,
anunciase en el Senado que dará traslado al Ministerio Fiscal de un
listado de administraciones que no responden a sus requerimientos, entre las
que se incluye el Consistorio guadalajareño.
Según la información facilitada por Becerril en la
Cámara Alta, hasta en tres ocasiones ha pedido información al Ayuntamiento de
Guadalajara y no ha obtenido respuesta en ninguna de ellas, pese a que todas
las administraciones públicas están obligadas por ley a atender los
requerimientos de información de la Defensoría del Pueblo.
En opinión del concejal Víctor Cabeza, "el informe
de la Defensora del Pueblo corrobora la falta de transparencia de Román y su
equipo de Gobierno al frente del Ayuntamiento de Guadalajara, tal como desde el
Grupo Socialista venimos denunciando desde hace mucho tiempo".
"Román ha conseguido que la opacidad con que
gestiona el Ayuntamiento de Guadalajara llegue hasta la Fiscalía del Estado",
señala Víctor Cabeza, y "es urgente que dé una explicación clara de lo que está
ocultando", porque "los vecinos de Guadalajara no nos merecemos que nuestra
ciudad sea noticia por un hecho tan lamentable, del que el único culpable es
Román por su obstinación en ocultar la información relativa a su gestión
municipal".
El Ayuntamiento de Guadalajara es junto al Ayuntamiento de Ciudad Real las instituciones de la región que no han facilitado información a la Defensora del Pueblo.
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