La Audiencia Nacional ha iniciado los trámites para pedir al Gobierno
de Hugo Chávez los informes que elaboró un oficial del Ejército de
Venezuela sobre las relaciones que mantuvieron la organización
terrorista ETA y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y
los cursos de adiestramiento en este país que habrían recibido varios
etarras, entre ellos el líder del colectivo de deportados en el país
sudamericano, Arturo Cubillas Fontán.
La iniciativa parte de la portavoz del Colectivo de Víctimas del
Terrorismo (Covite), Consuelo Ordóñez, quien se entrevistó el pasado fin
de semana en Caracas con el militar venezolano, y ha trasladado a la
Fiscalía de la Audiencia Nacional la intención de éste de declarar como
testigo protegido en la causa en la que el juez Eloy Velasco investiga
las conexiones entre los dos grupos terroristas.
En declaraciones a Europa Press, Ordóñez ha explicado que el
oficial venezolano --un mayor ya retirado que fue comandante de la Base
de Protección Fronteriza (BPF), en el límite entre Colombia y
Venezuela-- redactó numerosos informes que ponen de manifiesto "la
existencia en suelo venezolano de campos de entrenamiento de etarras y
cómo estos campan por el país a sus anchas".
SIN CONTESTACIÓN SOBRE CUBILLAS DESDE 2010
Según fuentes jurídicas, la Fiscalía ha solicitado ya al juez
Velasco que curse una comisión rogatoria a la Justicia venezolana
pidiéndole por vía oficial esta documentación, lo que el magistrado hará
en los próximos días. El problema es que el Gobierno de Chávez ni
siquiera ha contestado a la petición de extradición que el Consejo de
Ministros cursó el 29 de octubre de 2010 en cumplimiento de la orden de
busca y captura dictada por el juez Velasco.
"Algo tendrán que decir ahora", ha señalado Ordóñez antes de
manifestar su indignación por el hecho de que el ministro de Defensa,
Pedro Morenés, calificara en junio pasado al presidente venezolano, Hugo
Chávez, de "gran amigo". "¿Es eso ético?", se ha preguntado. Al mismo tiempo, ha recordado que, tal y como denunció Covite en
la Cumbre de Ministros Iberoamericanos que se celebró en septiembre
pasado en Valencia, en Venezuela viven 45 etarras deportados que podrían
contribuir a esclarecer los 326 atentados que, según sus datos, siguen
todavía sin resolver.
TESTIMONIOS DE ARREPENTIDOS
Aunque la principal prueba que obra en el proceso --los
ordenadores capturados al líder de las FARC 'Raúl Reyes' en marzo de
2008--, fue anulada por la Corte Suprema de Justicia de Colombia, el
juez tomó declaración en 2011 a una decena de guerrilleros arrepentidos
que constataron que Cubillas Fontán visitó en 2006 y 2007 los
campamentos de la guerrilla y que varios etarras recibieron en esas
fechas cursillos en el manejo de armas y explosivos.
Los antiguos integrantes de las FARC señalaron que ambas
organizaciones terroristas colaboraron para la mejora en el uso de armas
y explosivos R1, TNT y C1, e identificaron entre los terroristas que
acudieron a los campamentos de la guerrilla a Cubillas Fontán, José
María Zaldua Corta, ya fallecido, y José Ignacio Olascoaga Múgica.
El magistrado procesó en febrero de 2010 a los etarras Cubillas
Fontán, José Ignacio Echarte Urbieta, Ignacio Domínguez Achalandabaso,
José María Zaldúa Corta (ya fallecido), José Ángel Urtiaga Martínez y
José Miguel Arrugaeta San Emeterio. A todos ellos les imputó un delito
de colaboración con organización terrorista; a los cuatro primeros,
además, el de tenencia de explosivos, y a Cubillas Fontán también el de
conspiración para cometer homicidios terroristas.
En marzo de 2011 amplió el procesamiento al exjefe militar de ETA
Mikel Kabikoitz Karrera Sarobe, 'Ata'; al exresponsable del aparato
político Francisco Javier López Peña, 'Thierry'; y a los etarras Ignacio
Olascoaga, José Lorenzo Ayestarán, Iurgi Mendinueta e Iurgi Mendinueta,
al tiempo que amplió la imputación a Cubillas al considerarle dirigente
de la organización terrorista.
También fueron procesados los presuntos miembros de las FARC Omar
Arturo Zabala Padilla y Víctor Ramón Vargas Salazar por un delito de
conspiración para cometer homicidios terroristas, mientras que a Gustavo
Navarro Morales, Emiro del Carmen Ropero Suárez, Rodrigo Granda
Escobar, Remedios García Albert y Luciano Martín Arango les atribuyó un
delito de colaboración con banda armada.
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