El coste del fraude fiscal equivale a todo el presupuesto sanitario español

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha cifrado este martes en un millar las condenas anuales que dictan los tribunales por delitos de fraude, tanto fiscal como a la Seguridad Social, y asegura que actualmente hay 600.000 millones de euros de deuda pendiente de cobro.

Durante su defensa del proyecto de ley de modificación del Código Penal en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social ante el Pleno del Congreso, Gallardón ha indicado que siete de cada diez denuncias acaban en condena, lo que arroja un total de unas mil condenas cada año.

Sin embargo, más de 600.000 millones euros estafados a la Hacienda pública están pendientes de cobro, en parte porque las liquidaciones administrativas no se efectúan hasta que concluye el proceso penal, lo que "causa un gran perjuicio para las arcas públicas".

Los fraudes "preferidos" son evitar el IVA, crear facturas por falsas ventas, contratar en "negro", cobrar subvenciones indebidas, no prestar los servicios contratados, fraguar insolvencias, realizar operaciones internacionales fraudulentas, ocultar capitales y crear empresas "tapadera".

Según un análisis realizado sobre el fraude por la consultora i2 Integrity, el coste del fraude fiscal en España equivale al presupuesto total del sistema sanitario español. El estudio resalta otros datos como un informe de los técnicos de Hacienda que pone de manifiesto que las grandes fortunas y las grandes empresas evadieron a Hacienda 42.711 millones de euros en 2010, un 71% del total del fraude en España.

En solo dos años, 2008 y 2009, el impuesto de sociedades y el IVA cayeron más de 46.000 millones de euros. El IVA se recuperó, pero el impuesto de sociedades no, según ha asegurado esta misma semana Francisco de la Torre, secretario de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda (IHE).

La primera explicación que se suele dar a la espectacular caída en la recaudación fiscal, insiste De la Torre, es que resulta inevitable porque en España se han destruido millones de empleos y porque la parte de la economía sumergida ha aumentado. Pero eso no explicaría lo sucedido en 2008. Además, la destrucción de empleo no disminuye los ingresos empresariales, sino los del IRPF y las cotizaciones sociales.

En definitiva, en España, el fraude fiscal ha aumentado y se concentra, según los expertos, en grandes grupos empresariales, empresas transnacionales y en grandes fortunas personales. Las profesiones liberales o de servicios, en las que tan frecuentemente se centra la desconfianza de los ciudadanos, son responsables de entre un 20% y un 10% aproximado de ese fraude, lo que no es poco, pero que resulta menos relevante.

Las leyes son 'insuficientes'

Sucede que la reforma penal, que permitirá a Hacienda proseguir con el embargo ejecutivo sin esperar a la sentencia definitiva, está retrasada. Y, por supuesto, no afectará retroactivamente a esos famosos 50.000 millones que "duermen" ahora, empapelados, en los grandes despachos de abogados.
La ley tampoco va a resolver un problema que trae de cabeza a los inspectores: la obligación de cerrar, con carácter general, cualquier investigación fiscal en un plazo de 12 meses. Por eso, los ministerios de Justicia, Empleo y Hacienda han desarrollado este proyecto de ley, que "trata de dar una doble respuesta que actúe tanto en el cobro como en el reproche penal" a los defraudadores.

"Pocas normas tienen tanta importancia y repercusión en la vida ciudadana como ésta. Es la respuesta, largamente demorada, a una necesidad estructural de defensa de lo público desde el punto de vista del ciudadano honrado que, con su esfuerzo, contribuye con el mantenimiento de unos servicios", ha defendido el ministro, recordando que de depende la "credibilidad" y la "competitividad" del país.

A renglón seguido, ha hecho un breve repaso recordando las novedades del proyecto, cuyo objetivo último es "hacer más difícil el fraude, endurecer el reproche penal que merece este tipo de conductas, dar efectividad a los mecanismos de cobro, impedir que un ciudadano pueda engañar a otro ciudadano y asegurar que tenemos los instrumentos precisos para hacer efectiva la solidaridad en el sostenimiento de los gastos públicos".

 Llevarse por intereses políticos

Por todo ello, Gallardón ha reclamado a los grupos parlamentarios --y particularmente a la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y PSOE, que han presentado enmiendas de totalidad contra el texto-- que no caigan en la "paradoja" de votar contra un proyecto aun "compartiendo parcialmente" sus objetivos, sólo porque "recelan que haya sido un gobierno de centro reformista el que vaya a perseguir de verdad la delincuencia de guante blanco".

 "Mal cumpliríamos nuestra obligación con los ciudadanos si, dejándonos llevar por intereses de siglas, diéramos la espalada a una iniciativa pionera, valiente, de auténtica vanguardia jurídica y política, y que supone defender a la Administración, recordando que eso no significa defender a quienes, de forma temporal o permanente, ejercemos nuestra responsabilidad, sino defender a los contribuyentes, a lo público", ha dicho.

Por último, ha recordado que la mayor parte de los ciudadanos consideran que en España hay "mucho o bastante fraude", y ha instado a los diputados a hacer de este martes "un día de malas noticias para todos los que creen que es posible vivir a costa de una mayoría social, la que se esfuerza, la que tributa y cumple la ley escrupulosamente, y que hasta ahora se sentía indefensa ante los abusos de los defraudadores".

"El Gobierno hoy propone una respuesta. Espero que coincidan con la de quienes en esta Cámara, desde hace muchos años, han hecho un discurso no muy distinto al nuestro y a quienes hoy no debe frenar su apoyo por que haya sido un Gobierno del PP quien lo ha propuesto", ha concluido.


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