En un comunicado, el Ejecutivo castellano-manchego ha lamentado "la insistencia desde algunos ámbitos en crear confusión a este respecto" y ha explicado que "se ha evitado imponer coste económico a la valoración para acceder al sistema y a todas aquellas que sean requeridas por parte de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales".
No obstante, ha recalcado que "para disuadir del mal uso" de estos servicios técnicos, "se penalizará económicamente" con el cobro del coste de una nueva valoración, limitada a las que eventualmente puedan realizarse a instancia de parte y que, según se ha comprobado de forma reiterada, en un alto porcentaje no generaban nuevos derechos para los interesados y sí, en cambio, "han venido suponiendo una notoria carga de trabajo en su realización, con el consiguiente perjuicio para atender otras necesidades en este mismo área".
En todo caso, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha querido aclarar que "las valoraciones requeridas por la propia Administración tampoco generarán gasto alguno para los beneficiarios".