Los representantes del sector educativo de cataluña, el País Vasco y Canarias han exigido este lunes al ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio
Wert una alternativa al anteproyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad
Educativa (LOMCE). La consellera catalana de Eduación, Irene Rigau ha 'amenazado' directamente que la Generalitat podría llevar al Tribunal Constitucional la reforma
educativa por "abusiva" de la potestad reglamentaria del Estado. Del mismo modo, la consejera vasca en funciones de Educación, Universidades e
Investigación, Isabel Celaá, ha tachado el texto de "segregador, centralista y
retrógrado" y ha
reclamado un texto "que parta al menos de un diagnóstico consensuado"
entre todas las comunidades autónomas.
Celaá ha mostrado el rechazo de la comunidad educativa vasca a este
anteproyecto en la conferencia de Educación celebrada este lunes en
Madrid, ante el ministro de Educación y el resto de consejeros
autonómicos. La consejera vasca en funciones ha recordado que el consejo
escolar de Euskadi ha pedido que "no se llegue a poner en marcha",
mientras que el consejo vasco de Formación Profesional han alertado
sobre "el serio desprestigio que supone para la FP".
A juicio de la responsable vasca de Educación, "la propuesta parte
de una premisa catastrofista, unilateral y errónea y establece unas
medidas que no van a servir para lograr los objetivos que se dicen
perseguir". "No mejorará el abandono escolar temprano, ni los resultados
académicos, ni prestigiará la FP", ha insistido.
En este sentido, Cataluña ha especificado que "cuando una ley del Gobierno español impide que las comunidades hagan
políticas propias porque no les deja margen, eso significa que la ley ha
hecho una invasión exagerada de las competencias de las comunidades
autónomas".
La LOMCE, que modifica parcialmente la Ley Orgánica de Educación de
2006 (LOE), atribuye al Gobierno central la definición del 65 % de las
enseñanzas comunes para las autonomías con lengua cooficial y el 75 %
para el resto (ahora son el 55 y el 65 %, respectivamente), entre otras
novedades.
"Venimos a pedir que se pare porque es una ley que vacía de competencias a las comunidades autónomas", ha dicho la consejera. En declaraciones a los periodistas,
Rigau ha asegurado que si es
"sincera" la afirmación del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de
que la voluntad de su Ejecutivo no es la de recentralizar las
competencias educativas, "se debe parar esta ley". Si no se frena, ha
dicho, estaríamos ante una declaración "retórica".
Rigau ha señalado que el ministro
Wert ya sabe que uno de los "ejes
claros" de la Generalitat es la defensa del modelo de "escuela
catalana", un tema que ha dicho que recordaría si venía a colación, y ha
denunciado que "españolizar va más allá de cambiar la lengua de la
escuela sino que también es cambiar los contenidos".
La consejera catalana ha asegurado que en su opinión "todas las
administraciones" autonómicas deberían hacer un frente común contra la
propuesta del Ministerio.
Vulneración de competencias
Celaá ha finalizado su exposición haciendo suyas las palabras del
dictamen emitido por el consejo escolar de Euskadi sobre la LOMCE y que
indicaban que "en su conjunto, no hay nada sustancial en este
anteproyecto de ley orgánica que justifique el enunciado de mejora de la
calidad contenido en el título. Por el contrario, dibuja un modelo
regresivo respecto a la situación actual, una vuelta al pasado".
Respecto al proceso de centralización de competencias, ha
recordado, el Consejo se pronuncia en contra porque reduce el ámbito de
decisiones de los centros y de las comunidades autónomas, lo que "resta
eficacia y eficiencia al funcionamiento del sistema".
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