Las jubilaciones anticipadas tienen sus días contados: el Gobierno cree que son Expedientes de Regulación encubiertos

El Gobierno cree que la jubilación anticipada se ha convertido en una fórmula encubierta de un Expediente de Regulación de Empleo de las empresas, que tienen que ajustar plantilla lo hacen prescindiendo de aquellos empleados de más edad.

Para la ministra de Empleo Fátima Báñez, esto es una "discriminación por edad" que hay que combatir, aunque hay que recordar que un gran porcentaje de las jubilaciones anticipadas son voluntarias. Es decir, el trabajador pacta con su compañía un despido combinado con la un acceso temprano al sistema de pensiones. En este sentido, sería difícil hablar de "discriminación" cuando es una decisión voluntaria.

En cualquier caso, el Gobierno con esta práctica y propone retrasar la edad de jubilación voluntaria (actualmente en los 61 años), ampliar el período mínimo de cotización requerido para acceder a la misma (ahora 33 años) y aumentar los coeficientes reductores (ahora, si alguien se jubila a los 61 años y ha cotizado menos de 30 años recibe un 60% de lo que le tocaría si se jubilara a la edad legal).

Pero este no es el único tema que trae a mal traer a la ministra de Empleo. La jubilación parcial, es una modalidad que le desagrada. La idea del Gobierno es poner trabas suficientes para hacer el acceso a este mecanismo muy complicado, porque creen que es un coladero y que utilizaron el año pasado el 9% de los nuevos jubilados. En este caso, lo que ocurre es que el trabajador puede simultanear durante un tiempo el cobro de entre el 40% y el 60% de la pensión y un empleo por cuenta propia o ajena. Eso sí, mantiene su cotización y cuando alcanza los 65 años cobra su pensión íntegra.

La ministra de Empleo ha explicado que el coste anual para la Seguridad Social de las jubilaciones anticipadas es de 7.288 millones de euros y de las jubilaciones parciales de 2.690 millones.


Báñez penaliza los despidos colectivos

Las empresas de más de 100 trabajadores que hayan obtenido beneficios en los dos últimos años y que acomentan un procedimiento de despido colectivo sufrirán una penalización por cada uno de los trabajadores de más de 50 años incluido en el expediente de regulación de empleo (ERE).

Según el decreto aprobado este viernes  por el Consejo de Ministros, estas empresas deberán abonar al Estado en un plazo máximo de 45 días el importe correspondiente a las pestaciones por desempleo, cotizaciones sociales y posteriores subsidios que pudiera llegar a percibir ese trabajador despedido de más de 50 años.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado que el objetivo de esta medida es evitar que las grandes empresas trasladen al Estado parte de los costes de reestructurar sus plantillas así como "no desperdiciar esa fuerza de trabajo y esa experiencia" de los trabajadores con edad superior a los 50 años.

La ministra ha criticado la práctica por la que, durante los años de bonanza económica, las grandes empresas acometieron ERES preventivos en los que se redujeron plantillas a base de prejubilaciones a cargo de las prestaciones por desempleo y de convenios con la Seguridad Social. "No estamos impidiento que las empresas tomen decisiones de reducir plantilla, pero lo que no puede ser es que eso cause un coste al Estado cuando esas empresas tienen más de 100 trabajadores y generan beneficios".

Las nuevas restricciones a las prejubilaciones de empresas con beneficios serán aplicables a procedimientos iniciados a partir del 27 de abril del 2011, fecha de la primera reforma en esta dirección acometida por el anterior Gobierno socialista que afectaba a empresas de más de 500 trabajadores que incluyeran en sus despidos colectivos a más de 100 trabajadores de más de 50 años.

Además se ha llevado al Consejo el reglamento que desarrolla el procedimiento de despido colectivo previsto en la reforma laboral adoptada por el Gobierno del PP. En el sector público, los expedientes de despido colectivo solo podrán aplicarse en empresas y entes cuya financiación pública no llegue al 50% de sus ingresos.

Además, la ministra Báñez ha anunciado que el Gobierno llevará la semana que viene a la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo un informe sobre la jubilación anticipada y la jubilación parcial en España y sobre la compatibilidad entre salario y pensión.

Báñez y los alagüeños datos del paro

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, dice que la subida del paro nunca es una buena noticia pero que hay datos "esperanzadores", como el aumento de 65.100 autónomos en el tercer trimestre.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Bañez ha respondido así tras conocerse este viernes que el número de desempleados aumentó en 85.000 personas en el tercer trimestre del año, hasta alcanzar 5.778.100 y la tasa de paro se situó en el 25,02 % de la población activa, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La ministra ha destacado que ese aumento de trabajadores autónomos se ha producido en un contexto de recesión cuando en el mismo periodo de 2011 bajó en 33.200.

Ha señalado que el Gobierno está analizando el incremento de 85.000 desempleados en un entorno de recaía del 0,5 % del PIB trimestral y lo ha comparado con 2011 cuando todavía no caía y el desempleo subió en más de 140.000 personas en el mismo periodo.

Ha señalado que tras la reforma laboral ha habido 61.800 contratos indefinidos para emprendedores, de los que la mitad ha sido para jóvenes y que han aumentado en un 25 % los contratos a tiempo parcial.

También ha calificado de "esperanzador" que los contratos de formación hayan aumentado el 4 % desde la reforma y que, de ellos, el 63 % haya sido para jóvenes de baja cualificación.