Analizamos la propuesta española de Unión Bancaria y Unión Fiscal

España parte de que el problema antes enunciado genera graves disfunciones en la ejecución de la política económica en la Unión Europea. En primer lugar, porque la Unión Económica y Monetaria no cuenta con mecanismos de ajuste interno que permitan hacer frente de manera efectiva a desequilibrios que tengan una dimensión nacional, así como a shocks que afecten de manera heterogénea a los distintos Estados Miembros del euro. Fuera de una Unión Monetaria un instrumento de ajuste era la posibilidad de devaluar la moneda. En ausencia de estos mecanismos, el ajuste se lleva a cabo mediante depresiones con un importante coste para la actividad económica y el empleo.

En segundo lugar, porque no existe un mecanismo comunitario que permita romper el círculo vicioso entre las entidades financieras y los soberanos. A pesar de que los bancos operan en un mercado común de servicios financieros con dimensión europea, cada banco es respaldado únicamente por el Estado Miembro del que es originario.

Así, al tener los Estados Miembros que apoyar a las entidades con problemas, el riesgo de dichas entidades se contagia a los presupuestos públicos, los cuales son la garantía última de funcionamiento del sistema financiero. La propia sostenibilidad financiera de los Estados se pone así en entredicho, sin que la actual Unión Económica y Monetaria tenga medios para romper este vínculo.

Acabar con las dudas sobre la irreversibilidad del euro

El Gobierno de Rajoy sostiene que esta situación está produciendo dudas sobre la irreversibilidad de la moneda única, y que estas dudas se manifiestan en los crecientes diferenciales entre los tipos de interés de los países miembros de la zona euro, los cuales dificultan la recuperación de una senda de crecimiento y la superación de la crisis actual.

Así las cosas, el Gobierno español plantea que es necesario superar estos fallos en la arquitectura institucional de la Zona Euro, avanzando en la construcción de una auténtica Unión Económica y Monetaria. Este relanzamiento del proceso de integración europeo permitiría recuperar la confianza en el proyecto común y en la estabilidad de la moneda única.

Para lograrlo, España propone elaborar una hoja de ruta pormenorizada y acotada en el tiempo para la consecución de una Unión Bancaria, que debería lograrse a corto plazo, y una Unión Fiscal, que se alcanzaría en el medio plazo.

La propuesta española señala que la Unión Bancaria estaría compuesta por tres elementos principales: una Autoridad de Supervisión Común, un Fondo de Garantía de Depósitos y una Autoridad con capacidad para reestructurar y liquidar los bancos con problemas. La Autoridad de supervisión estaría formada por el Banco Central Europeo (BCE) y por los bancos centrales nacionales en un esquema similar al que se utiliza hoy en día para llevar a cabo la política monetaria.

Las etapas para la Unión Fiscal

Por su parte, según los planes españoles, la consecución de la Unión Fiscal se realizaría gradualmente por etapas, siguiendo un proceso similar al que permitió la adopción de la moneda única que comenzó con el Tratado de Maastricht en 1992. Este proceso, que daría credibilidad a la integración europea, podría llevarse a cabo en tres etapas.

En la primera etapa, los Estados Miembros deberían adoptar medidas para cumplir con ciertos criterios de convergencia fiscal y económica, incluyendo una sólida trayectoria de consolidación fiscal y reformas estructurales. En esta primera fase se podrían emitir euroletras a dos años, con garantía limitada a un porcentaje.

En la segunda etapa, se incluiría a los Estados miembros que hubieran mostrado progresos durante el periodo anterior. En esta etapa se establecería una Autoridad Presupuestaria Europea que tendría más capacidad de supervisar la ejecución del presupuesto, estaría a cargo de recomendar objetivos y orientación de la política fiscal y de coordinar la emisión de deuda.

Se propone que en esta fase se pueda comenzar a emitir deuda europea a medio y largo plazo para cubrir parcialmente las necesidades de los Estados Miembros de forma mancomunada. La mayor parte de la deuda seguiría emitiéndose por los Tesoros nacionales.

A la tercera etapa accederían los Estados Miembros que hubieran cumplido con sus obligaciones de política económica y fiscal, y que mostraran una convergencia significativa de sus diferenciales de deuda soberana en relación a los países con mejores resultados.

Esta tercera fase implicaría que los objetivos de política fiscal se decidirían de forma conjunta por la zona euro, la ejecución de la política fiscal y las emisiones de deuda se encomendarían a la Autoridad Presupuestaria Europea, se establecería un mecanismo para afrontar riesgos asimétricos y la deuda emitida por la Autoridad Presupuestaria Europea estaría garantizada de forma solidaria (los Estados Miembros agruparían recursos para garantizar el pago).

Y, así, al finalizar la tercera fase arriba enunciada se lograría la Unión Fiscal plena.

Ahora bien, España mantiene que en la actualidad lo más importante es definir lo más pronto posible un calendario ambicioso para poner en marcha de forma paralela todos los puntos señalados que permitan alcanzar tanto la Unión Bancaria, que debería aprobarse antes de final de año, como la Unión Fiscal que sería un proceso más largo que debería ser iniciado lo antes posible.

Se piensa que estos procesos a su vez deberían avanzar junto a una mayor integración económica y política, de manera que todos ellos permitieran recuperar la confianza en el proceso de integración europea, generando el clima adecuado para iniciar una senda positiva de crecimiento económico y creación de empleo.



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