Por muy decadente que sea la situación siempre puede empeorar.
La semana pasada,
María Dolores de Cospedal, nos anunciaba la
supresión de los salarios de los diputados de Catilla la Mancha. Nadie parece haber reparado en lo que ello supone: Eliminar la oposición de un plumazo. Ningún pobre, que necesite trabajar para vivir, podrá entrar en política, que queda ahora a la dedicación exclusiva de los más ricos, aquellos que viven de las rentas, para poder dedicarle todo su tiempo.
Donde no ha recortado Cospedal es en asesores, esos que en lugar de ser elegidos por el pueblo (por muy defectuoso que sea el método de elección) son elegidos a dedo por ella y por sus afines. Todos ellos conservarán el sueldo.
Queda así en evidencia, por si no lo teníamos claro, cual es el concepto de democracia perseguido por los "demócratas" del gobierno "Popular".
Pero, por si las dudas asaltaran al lector, siempre podemos echar la vista atrás, a los acontecimientos más recientes del 25-S y el 29-S, donde aquellos que pedían hacer una nueva constitución con la participación ciudadana (y no exclusivamente de una élite) fueron contestados con cargas policiales, hasta en el interior de la estación de Atocha. Mientras el escándalo tildado de "represión" recorre la esfera internacional, y la propia Amnistía internacional denuncia lo sucedido en España, Interior otorga medallas a los responsables de las cargas policiales, con subidas de salario (para eso sí debe haber) del 10% de por vida.
Y todo esto, mientras los siempre "demócratas" aposentados en el gobierno, comentan por boca de
Cifuentes, la necesidad de
"modular" el derecho de manifestación. Los mismos demócratas que no tienen reparos en deslegitimar, o directamente insultar a la justicia, cuando esta no les es favorable, hablo de
lo sucedido con el juez Pedraz.
Primero hicieron lo posible, y lo imposible, por tratar de imputar a los organizadores de las manifestaciones del 25-S, el delito más grave que fueron capaces de encontrar, el de delito contra altas instituciones de la nación. Interior inició una investigación para ver quien había donado dinero a un número de cuenta que la organización del evento abrió a fin de fletar autobuses para que personas de otros puntos de España, con pocos recursos, pudieran participar en la manifestación. Al son de la investigación abierta, después, solicitaron información privada de los perfiles de facebook y redes sociales que las personas que participaban de la organización pudieran tener.
Todo esto, mientras el Ministerio del Interior, cesa, (según ha denunciado públicamente el sindicato unificado de policía) a aquellos policías que inician investigación sobre la propiedad del ático que
Ignacio González, (ahora presidente de la comunidad de Madrid) tiene alquilado en Marbella.
Con todo lo expuesto, y mucho más (la situación económica y las previsiones del FMI llevarían varios artículos más) el sábado, 13 de Octubre, hay convocado otro evento internacional, bajo el lema "
global Noise". Sólo cabe preguntarse si además de todo lo expuesto, ya no nos vamos a poder ni quejar. ¿Salir a la calle con una cacerola a protestar también será considerado sedición, o delito contra las altas instituciones? Lo veremos antes de que acabe la semana.