Según explica el sindicato, la Dirección General de Función Pública ha convocado a las organizaciones sindicales "para comunicar una nueva suspensión de pactos y acuerdos firmados", como es el caso de este Plan de Acción Social.
La secretaria general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Carmen Campoy, ha explicado que a este plan se destinaba el 0,8 por ciento de la masa salarial del conjunto de los empleados públicos de la región y en él se contemplan ayudas para guardería, comedor y ayudas por atención especial a hijos con discapacidad.
"Este Plan el año pasado ya sufrió un recorte del 50 por ciento, pasando de tener una financiación de 4,2 millones de euros a 2,1 millones, eliminándose por tanto otras modalidades de ayuda anteriormente existentes y sólo permaneciendo las tres anteriormente mencionadas", ha aseverado.
Para la dirigente sindical, con esta supresión "se viene a demostrar la falta de sensibilidad del Ejecutivo regional con los empleados públicos, ya que no es de recibo que se argumenten razones macroeconómicas en una cuestión tan sensible que se financia con fondos que la negociación colectiva destinó a ese fin".
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