viernes 28 de septiembre de 2012, 15:26h
Más que de excesos policiales cabría hablar, pese a que se cometieron muchos y graves el 25-S, de defectos policiales. El principal de ellos, que no el único por cierto, el de la consideración de "enemigos" atribuida a los ciudadanos que se manifestaban contra el Gobierno y la clase política en general en las inmediaciones del Congreso. Esa consideración de "enemigos", expresada públicamente no hace mucho por el jefe de la policía de Valencia, quedó acreditada no sólo en la actuación de los antidisturbios, desnortada, indiscriminada y violenta, sino, particularmente, por el desprecio de la legalidad de que hicieron alarde las autoridades al justificar el hecho de que los agentes no estuvieran, cual la ley exige, convenientemente identificados. No solo lo justificó la propia delegada del Gobierno, sino que se jactó de ello.
Según la dicha funcionaria, señora Cifuentes, los policías antidisturbios no iban identificados "para evitar las denuncias falsas" de brutalidad. Ciertamente, podría alguien atribuir falsamente a un número, el impreso en la identificación que debe portarse, actos contrarios a la civilidad y a la ley, pero ese es un riesgo que va con el oficio y que puede ser neutralizado, si la acusación es incierta y no demostrable, ante cualquier tribunal. Así pues, lo que evita la ocultación de la identidad son las denuncias verdaderas, aquellas que la propia policía, y no digamos sus mandos políticos, debería ser la primera interesada en investigar y depurar. A menos, claro, que se pretenda devolver a la policía el carácter espantable y represivo que tuvo durante tantas décadas, las del franquismo, en nuestro país.
Los vídeos están ahí, y los testimonios de los golpeados y los detenidos, y la confirmación de policías infiltrados y de elementos provocadores, y todo ello habría de ser suficiente para abrir, no ya un debate, sino una investigación que señalara las correspondientes responsabilidades. Si el Gobierno de Rajoy no quiere que la gente se manifieste contra él (le gusta más, sin duda, la sumisión silente, masoca y ovina), que gobierne a favor de la gente, de sus derechos, de su bienestar y de sus intereses, que son los de la nación. Si no sabe o no quiere, que dimita, pero que no utilice a la policía para infundir pavor.
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13900 | kroker - 28/09/2012 @ 22:09:32 (GMT+1)
Que Rajoy no es un demócrata convencido, ha quedado más que acreditado con su actitud, ante los sucesos desencadenados el 25S. Lo único que ha quedado claro, es que la consigna de "dar estopa" por parejo a todo el mundo, el infiltrar elementos provocadores entre los manifestantes, la no identificación de la Fuerza actuante. Esto no es achacable directamente a los policías de pie; alguien ha dado esas órdenes. Independientemente de que haya bastantes descerebrados entre sus miembros, lo cierto es que ninguno se atrevería, a tomar iniciativas de ese tipo. Se han cometido varios delitos por parte de la FFyCC de Seguridad del Estado, y sobre todo por los que dieron las órdenes, Delegada del Gobierno incluida, que aunque ésta última no sea por acción, pero si por omisión, pues tenía el deber de velar en una situación tan delicada como la citada, la actuación policial se ajustara a derecho.
La Fiscalía en lugar de abrir una investigación de oficio como es su deber, se limita a hacer como que no sabe nada, y los Tribunales a cumplir con la función que tenían en los estados absolutistas/totalitarios. En lugar de velar por el ordenamiento jurídico, se limitan a constituirse en BRAZO EJECUTOR DEL GOBIERNO DE TURNO. Esperemos que los jueces, fiscales y en general los cuerpos de seguridad del Estado, no intenten manifestarse por la calle, reivindicando lo que estimen oportuno en reclamación de sus "justas" pretensiones; a lo mejor la reacción de la calle puede ser hostil.
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