El informe de Oliver Wyman pone en peligro las fusiones bancarias

El informe de Oliver Wyman sobre las necesidades de capital de cada entidad de la banca española en un escenario macroeconómico muy adverso supone una amenaza para la viabilidad de procesos de fusión en marcha, según fuentes financieras implicadas en las integraciones.

Entidades inmersas en procesos de integración están a la espera de conocer el resultado de la prueba de resistencia que se hará pública de forma oficial el próximo 28 de septiembre, hasta el punto de condicionar su éxito al mismo.

En el sector financiero cunde la impresión de que los únicos bancos que no presentarán necesidades de capital son Santander, BBVA y Caixabank, que integrarán el denominado 'grupo cero', al que también podrían incorporarse Sabadell, Bankinter y Kutxabank.

En el polo opuesto y en 'grupo uno' figuran las nacionalizadas (Bankia, Novagalicia, Catalunya Caixa y Banco de Valencia), que aglutinarán el grueso del hueco de capital que habrá de ser cubierto con recursos procedentes del rescate europeo que solicitará el Gobierno.

De esta forma, el resto de entidades bajo lupa podrían registrar déficit de capital y contar con capacidad para captarlo por vías privadas, lo que las incluiría en el 'grupo tres' o, por contra, ser incapaces de obtenerlo por sus propios medios, lo que las situará en el 'grupo dos'.

Entre los procesos de fusión sujetos a incertidumbre figuran la integración de Unicaja y Ceiss (resultante de Caja Duero y Caja España), la incorporación de Cajatres al proyecto de Ibercaja y Liberbank, y la eventual consolidación de Banco Popular y Banco Mare Nostrum (BMN).

Justo el día después de que se desnude la situación de capital de cada entidad, las asambleas generales de Liberbank, Ibercaja y Cajatres votarán sobre el matrimonio a tres bandas.

Ni las autoridades europeas ni las españolas son proclives a ver con buenos ojos un proyecto de fusión de dos entidades financieras que presenten déficit de capital, sobre todo si fallan en su intento de obtenerlo por sus propias vías y finalmente requieren respaldo estatal para rellenarlo.

Al mismo tiempo, el interés del miembro más fuerte de una pareja en ciernes por consolidar la unión podría enfriarse ante la perspectiva de que la entrada de capital público en el 'cónyuge' conlleve cambios de poder en la cúpula de éste que acaben afectando a su propia estructura.

Necesidad de consolidación En este panorama, los presidentes tanto de Santander como de BBVA, Emilio Botín y Francisco González, han expresado públicamente que no descartan incorporar entidades en España, y tanto banqueros como analistas avistan al menos otra ola de consolidación en el sector antes de que se afiance un mapa definitivo.

Botín indicó recientemente que el banco de la llama estudiará en los mercados todas las oportunidades de compra que surjan, mientras que González ve "inevitable" que la entidad lidere una operación corporativa y ha dejado entrever su disposición a hacerlo por el bien de España.

El segundo test de estrés de Oliver Wyman, apoyado en las auditorías de KPMG, Deloitte, PwC y Ernst & Young, evalúa el deterioro que sufriría el balance de cada entidad en un escenario muy adverso, el mismo esbozado en la primera prueba de esfuerzo global, con la exigencia de mantener un core capital 'Tier 1' del 6%.

Este oscuro panorama consiste en una caída del Producto Interior Bruto (PIB) del 6,5% en 2012-2014, un descenso del precio de la vivienda del 55% respecto al pico del 'boom', un desplome del precio del suelo del 85% y una tasa de paro del 27%.

El resultado que finalmente se dé a conocer de forma oficial el próximo 28 de septiembre servirá de base para que el Gobierno español concrete a la UE qué recursos necesita del apoyo financiero acordado por importe máximo de 100.000 millones de euros.

La primera prueba de resistencia de Oliver Wyman cifró las necesidades de capital del conjunto de la banca española entre 51.000 y 62.000 millones, y el ministro de Economía, Luis de Guindos, ya ha afirmado que el Ejecutivo solicitará un máximo de 60.000 millones al fondo de rescate europeo.