La policía 'toma' Madrid: 29 grupos antidisturbios 'defenderán' el Congreso

Los nervios han llegado al poder. Una cosa es manifestarse como en Madrid el 15 de septiembre, con cordones de seguridad sindicales y con todo 'atado y bien atado' y otra muy distinta lo que ocurrió en la Diada del 11 de septiembre, en Barcelona -petición absolutamente mayoritaria de independencia- o lo que puede pasar este martes en Madrid: toma del Congreso de los Diputados por una ciudadanía absolutamente 'cabreada' y muy radicalizada.

La Brigada Provincial de Información ha advertido a los responsables del Ministerio del Interior que la cosa puede ser muy grave: que nada es previsible, que puede haber grandes consecuencias porque las llamadas se han hecho a través de las redes sociales y han confluido grupos de extrema derecha y de extrema izquierda, que incluso podrían pelearse entre ellos. Vaya, que se puede montar muy gorda en los aledaños del Congreso de los Diputados.

Ante tales avisos, el Ministerio del Interior ha movilizado a todos sus efectivos: 12 grupos de las UIPs (Unidades de Intervención Policial) de Madrid están en pie de guerra: 600 antidisturbios, a los que se unen otros 17 grupos de la UIPs de otras regiones (como Valladolid y Coruña), con otros 850 efectivos. En total, más de 1.500 antidisturbios 'defenderán' este martes el Congreso de los Diputados, sin tener en cuenta otros efectivos de la Policía Nacional, o de la Municipal.

Máxima contundencia policial

Pese a todo, el poder tiene miedo, y la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, de quien depende el orden público en la capital, ha pasado a la 'acción preventiva': "Respecto a las personas que han anunciado su intención de entrar o de rodear el Congreso decirles que no se les va a permitir, que intentar coaccionar la voluntad de los diputados mientras hay una reunión de las Cortes es un delito tipificado en el artículo 494 del Código Penal y por lo tanto la Policía va a actuar en consecuencia para que se cumpla la legalidad".

Para desanimar al ciudadano medio, cabreado pero no radicalizado, Cifuentes ha informado que junto a las coordinadoras convocantes -"En pie" y "25-S"-, las Brigadas de Información han detectado grupos de ultraderecha, cercanos a la ideología nazi, que en este confluirían, al menos en determinados intereses, con los grupos de extrema izquierda, radicales y antisistema. Todo ello para justificar que los policías tendrán orden de actuar con la máxima dureza, aplicando a los que detengan el Código Penal.

Cómo tomar el Congreso 'por lo legal'

Los convocantes, efectivamente, esperan gran dureza policial, y saben que no podrán asaltar el Congreso de los Diputados: no será posible pasar de la primera barricada policial, que se colocará en Neptuno, por la parte inferior, y en la calle Cedaceros, en la superior. Así que desde las redes sociales han emitido unas 'instrucciones' para tomar el Congreso de forma supuestamente legal: "Hay una jugada que no se esperan, un hackeo que puede darle la vuelta a la tortilla y convertir a la policía en un servidor público, en vez de en una máquina de reprimir al servicio del gobierno", se afirma desde estas redes.

En realidad, hablan de tomar el Congreso en sentido figurado, a través de la burocracia administrativa: utilización del Derecho Fundamental de Petición (art. 29 de la Constitución Española). A partir del verano de 2011, el Ministerio de Administraciones Públicas (con Manuel Chaves a la cabeza), forzó a la gente a hacer la entrega personándose en el Registro del Congreso de los Diputados o enviándola por correo certificado al mismo. Pero, "¿qué pasaría si miles de personas se presentan el día 25 de Septiembre, debidamente identificadas y con un par de copias del texto de petición de Democracia 4.0?", dicen los convocantes.

Creen que la policía, en vez de disolver la concentración, debería garantizar que cada persona pudiese ejercer su Derecho Fundamental. Y, si bien es cierto que en condiciones especiales (por ejemplo de aglomeración), el acceso al Registro se restringe, "es la propia policía, como funcionariado público, la que tiene la obligación de recoger las peticiones y entregarlas en el Registro, devolviendo una copia sellada a cada solicitante".

"¿Serían capaces de entorpecer el ejercicio del Derecho del artículo 29 de la Constitución?", se preguntan en las redes sociales, para añadir que "entonces estarían incurriendo en el delito tipificado en el artículo 542 del Código Penal", por lo que podrían ser denunciados a los tribunales.

Esta estrategia no tendrá éxito, porque ya se ha advertido que los antidisturbios allí desplegados no aceptarán ningún papel.

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