Gallardón 'puentea' la Constitución para implantar la cadena perpetua revisable

El Código Penal de Gallardón es "plenamente constitucional", según el ministro de Justicia, porque así lo dice un estudio del Consejo de Estado que asegura que la figura de la 'prisión permanente revisable' -es decir, la cadena perpetua con revisión- no vulnera el principio de la reinserción y reeducación del reo consagrado en la Constitución Española. La inclusión de esta figura es uno de los aspectos más polémicos del 'Código de Gallardón', pero no el único.

En todo caso, la reforma del Código Penal que aprobará el Gobierno próximamente introducirá en la legislación española por primera vez la cadena perpetua, aunque revisable, cuyo propósito es, según el ministro, endurecer el castigo en delitos "especialmente reprochables" como son los casos de magnicidio del jefe del Estado español o de jefes de Estado extranjeros que se encuentren en España, algunos casos de genocidio con resultado de muerte o violaciones masivas, delitos de terrorismo con resultado de muerte, o determinados actos de tal "brutalidad" en los que las víctimas sean menores de 16 años, o personas con discapacidad especialmente vulnerables y que tras la agresión sexual se produzca el asesinato.

Para poder pedir la 'revisión' de la cadena perpetua se ha fijado un mínimo de años de cumplimiento de pena, que se encuentra en una horquilla de 25 a 35 según la 'brutalidad' del acto por el que fue condenado.

Delitos contra el orden público

La polémica va a centrarse también, sin duda, en la tipificación como delito la difusión de mensajes que inciten a la comisión de algún delito de alteración del orden público: para entendernos, las manifestaciones violentas, porque el 'Código Gallardón' define muy precisamente 'atentado', incluyendo todos los supuestos de empleo de violencia sobre policías antidisturbios o, incluso,  miembros de rescate -SAMUR y similares-, si bien no se equipara esta actuación a la resistencia pasiva.

Sobre este nuevo delito, Ruiz-Gallardón dijo en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que sólo se castigará la difusión de mensajes que inciten a la comisión de algún delito de alteración del orden público, pero "de ninguna manera la convocatoria a espacios o tiempos donde se pueden producir esos delitos": no se penará la convocatoria a movilizaciones, sino la incitación a cometer actos de violencia.

Por eso mismo, las penas se agravarán cuando se porten armas, se exhiban simuladas o se realicen actos de violencia con peligro para la vida o integridad de las personas, así como los actos de pillaje. Pero, además, se amplia la definición del delito de 'atentado', que incluye todos los supuestos de acometimiento, agresión, empleo de violencia o amenazas graves de violencia sobre la policía.

Pese a todo lo que se dijo meses atrás, Ruiz-Gallardón ha confirmado que el delito de 'resistencia pasiva' se mantiene igual que ahora: no se equipara al atentado, pero se coloca junto a la desobediencia, penada con entre seis meses y un año de cárcel.

Y este nuevo 'Código' es el que Gallardón dice que "no es más represivo", porque el orden público garantiza el ejercicio de derechos fundamentales, y quien garantiza a los españoles el ejercicio de sus libertades "son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en primer lugar, todo lo que sea protegerlas es garantizar el ejercicio derechos fundamentales por parte ciudadanos". Dice el ministro: "No puede preocupar a nadie que no agreda directamente a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con la novedad de que se hace extensivo a los servicios de rescate".

Nuevas faltas y delitos

Entre otras novedades, el nuevo Código Penal suprimirá las faltas, que se convertirán en delitos penados con multa o serán perseguibles administrativamente, con el objetivo de reducir la sobrecarga en los juzgados. Además, incluye medidas como el endurecimiento de las penas por incendios forestales, la tipificación como delito patrimonial de las conductas abusivas de administradores de empresas y la reforma de la libertad condicional.

Entre otras cosas, se suprimirá la falta de hurto para sustituirla por un delito leve que castigará los casos en los que lo sustraído no supere lo mil euros, aunque para fijar este límite se tendrá en cuenta la capacidad económica de la víctima. Para ofrecer una respuesta adecuada a la multirreincidencia y la delincuencia grave, se prevé que en el caso de delincuencia profesional y organizada se les pueda condenar con el tipo agravado a penas de uno a tres años de prisión e, incluso, en los casos más graves, de entre dos y cuatro años.

Respecto a la libertad condicional, además de regularse como una suspensión de pena, se aplicará en los mismos términos en los casos de prisión permanente revisable, cuando una vez cumplidos los años fijados se revise la situación del penado; en el resto de los casos, se ampliará la posibilidad de acceder a la libertad condicional para los condenados por primera vez a penas de hasta tres años y con conducta irreprochable, que podrán acceder a la libertad condicional a mitad de la condena, frente a los dos tercios actuales.

Otra novedad, de la que ha informado el Ministerio de Justicia, es que para agilizar la satisfacción de la responsabilidad civil se podrá acordar o revocar la libertad condicional, al tenerse en cuenta si el reo ha ocultado bienes o no ha aportado información sobre los que dispone para no hacer frente a ese pago. En el caso de extranjeros, la sustitución de la pena de prisión por la expulsión del país se ajustará a lo previsto en la Ley de Extranjería.

Incendios forestales: más pena para los incendiarios

El 'Código de Gallardón' contempla un endurecimiento de las penas para los autores de incendios forestales que se consideren especialmente graves: hasta seis años de cárcel. Pero cuando los incendios afecten a espacios naturales protegidos se castigarán del mismo modo que los delitos contra el medioambiente: sus autores serán castigados con la pena superior en grado, que en este caso supone nueve años de prisión. Además se modificará la Ley del Jurado para que estos delitos pasen a ser competencias de tribunales integrados por jueces profesionales.

Delitos económicos, malversación y cohecho

La represión de los delitos económicos también tiene novedades importantes: la reforma adecua la insolvencia punible a los supuestos de acreedores fraudulentos y da respuesta a posibles conductas ilícitas de los administradores concursales, que podrán ser condenados por malversación y cohecho.

Igualmente, en cuanto a la administración desleal y la malversación pasarán a ser delito patrimonial las conductas de abuso e infidelidad de los administradores de las empresas cuando causen un perjuicio económico. La administración desleal de fondos públicos será castigada como delito de malversación, como ya establecía la Ley de Transparencia.

Finalmente, la reforma también incluye la transposición de diversas directivas europeas relativas a la lucha contra el racismo y la xenofobia: se tipifica la negación del genocidio cuando incite al odio contra las minorías; la lucha contra los abusos y explotación sexual de los menores y pornografía infantil, en la que se delimita la pornografía infantil punible, incluyendo montajes fotográficos con menores, y la lucha contra la trata de seres humanos.

La reforma del Código Penal no aborda la reforma de la ley del aborto porque requiere "un proyecto independiente", según Ruiz-Gallardón.