Según Perezagua, se trata de una competencia de la Consejería de Educación que requiere una serie de medidas de seguridad y acompañamiento de menores "muy exigentes" que están reguladas por la Administración regional.
En este sentido, ha asegurado que el equipo de Gobierno lamenta que la Junta de Comunidades "haya abandonado a los padres de las urbanizaciones afectadas y utilice el problema que ha creado para atacar políticamente al Ayuntamiento".
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