ETA frenó su actividad,
el Gobierno retiró las escoltas y 3.000 personas se fueron a la calle. Para
paliar los efectos, el Secretario de Estado de Seguridad,
Ignacio Ulloa, empeñó
su palabra asegurando que los escoltas en paro serían los primeros en cubrir
los puestos de trabajo generados por la vigilancia de prisiones y otros
edificios públicos. Pero han pasado unos cuantos meses y todo parece indicar
que
la palabra del Gobierno tiene el mismo valor que un euro de madera.
Así lo denuncia, al
menos,
Santiago Fontenla, presidente de los escoltas vascos y navarros, que critica
al Gobierno el que todo haya quedado en manos de las empresas, que serán las
que de forma arbitraria cubran esos trabajos en prisiones, dejando en la cuneta
a miles de escoltas que trabajaron durante muchos años en el País Vasco y
Navarra.
Así las cosas,
otro
frente se abre en Interior: el de los escoltas navarros y vascos en paro, que
acometerán una nueva rueda de contactos para "recordar" lo prometido
a las instituciones e intentar reconducir su situación laboral.