PSOE e IU exigen responsabilidades en los desalojos de la Cañada Real

El portavoz de Ordenación del Territorio del PSOE en la Asamblea, Jose Quintana, instó a la presidenta regional y al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, a "que se pongan  de acuerdo" para resolver el "problema social y de marginación" que vive esta zona. Por su parte, la portavoz de IU, Inés Sabanés, acusó a ambas instituciones de no haber trabajado de forma "conveniente".

Sabanés recordó que, desde hace 15 meses, existía un acuerdo en el Ayuntamiento de Madrid, aprobado por unanimidad, a pesar del cual "no se ha hecho nada" para cumplir "los compromisos adquiridos". "La no actuación del IRIS (Instituto de Realojamiento e Integración Social) y de la Empresa Municipal de Suelo en el desalojo" genera "conflictos y batallas campales que hay que prevenir", concretó la representante de la coalición.

También señaló que las competencias en vías pecuarias (sobre la que se asientan las viviendas ilegales), el control urbanístico y la coordinación entre los distintos municipios afectados por el conflicto pertenencen a la Comunidad, al igual que el IRIS, organismo encargado de llevara a cabo los realojos. La portavoz exigió además "un plan urbanístico, ambiental y de seguimiento de los realojos".

Por su parte, Quintana afirmó que "lo razonable" es que la Comunidad "se coordine con el alcalde" de Madrid, puesto que "además, es de su propio partido". El diputado socialista acusó al PP de "escurrir el bulto" y de "permitir" que los problemas relacionados con las infraviviendas "en zonas como las Barranquillas" hayan "terminado en esta zona".

Antonio Beteta
El portavoz popular, Antonio Beteta, llamó a todas las administraciones a "trabajar conjuntamente" para acabar con "una herida que tenemos en Madrid". Asimismo, aseguró que tanto los ayuntamientos como el IRIS ya están trabajando para solucionar los problemas de las construcciones ilegales, tanto "desde el punto de vista urbanístico como social".

En cuanto a la actuación de la policía en los desalojos, Beteta consideró que "ha habido problemas que hay que imputar a todas las partes", puesto que "no se  puede impedir por la fuerza que los agentes de la autoridad hagan su trabajo", dijo. "Los vecinos tenían que haber asumido la decisión judicial", concretó, "aunque también es cietro que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no han estado correctas".