Un anticipo a cuenta

En la Cataluña oficial se hace equilibrios para no hablar de "rescate". Lo mismo que hacen el PP y Rajoy respecto a su rescate europeo. A nadie le gusta que le echen un cable porque está zozobrando en la línea de flotación y prefiere escudarse en la terminología oficial: "acogerse al Fondo de Liquidez Autonómica". Al fin y al cabo el nombrecito de marras no se lo ha inventado Cataluña.

Esos cinco mil y pico millones representan menos de lo que el Gobierno central debe cada año a Cataluña por el Fondo de Competitividad o por la disposición adicional del Estatut que garantiza un volumen de inversiones acorde con su PIB, aspecto por cierto que no se cargó el Tribunal Constitucional, pero que el último gabinete socialista y el actual popular se han saltado a  la torera.

De modo que tiene razón la Generalitat cuando aduce que no piensa dar las gracias al Gobierno porque ese dinero que se solicita es dinero de los catalanes que ha ido a  parar a las arcas del Estado. En realidad es mucho menos del que aporta anualmente y que ya no vuelve.

Otra cosa es que el momento político no es el más propicio para encima alardear de que aquí iríamos sobrados con un pacto fiscal o concierto económico pero que nos tienen que dar 5.023 millones para llegar a fin de año sin dejar colgados a los inversores que compraron deuda o a los proveedores que ven retrasados sus cobros. El Govern no dice nada de las nóminas de más de cien mil funcionarios, que eso viene por otro conducto, la transferencia mensual que depende del buen o mal humor del ministro de Hacienda, y que el mes que se se retrasa crea más de una mala digestión.

Simultáneamente a esta petición de rescate, la Generalitat plantea oficialmente y así se verá en la cumbre de septiembre entre Rajoy y Mas, la fórmula de un pacto fiscal que acabe con los actuales desajustes entre lo que se aporta y lo que se recibe, unos ocho puntos del PIB anuales, más o menos. Por otro lado se acerca la Diada, que este año ahonda en el desapego a España con un lema central "Cataluña, próximo estado en Europa" que no es que ayude, precisamente, a que se nos mire desde el resto de España con especial mimo. De ahí que Artur Mas ya haya rehusado asistir a la manifestación encabezada con ese lema aunque ha dado libertad a sus "consellers" para que se sumen aunque sea "a título personal".

En este contexto, con la tuerca soberanista pasada una vuelta más, la administración autonómica se debate entre hacer bondad, tocar las campanas pero sin acudir a la procesión, o forzar la ruptura hacia una vía de camino y resultado incierto. En cualquier caso nadie se ha atrevido aún a desvelar cuál es ese "plan B" por si un día el gobierno español dice "no" y el catalán responde a su vez con un "basta".

No es que haya que bajar la cabeza en acto de sumisión pero quizás tampoco es prudente pavonear que no se aceptarán condiciones políticas que por cierto tampoco nos han sido explicadas. Vivimos una época en que primero se habla de dinero -sea la Unión Europea o España- y luego te deletrean la letra pequeña del contrato de préstamo. Ya tendríamos que saber si en el AVE  van a ver o no unos señores de negro, si éstos van a revisar las partidas presupuestarias y lo que hay que pagar y lo que no -ya sabemos qué querrían que se quedara fuera- o si una cierta indisciplina en el cumplimiento de las normas financieras podría acabar en una intervención pura y dura. O sea, la conversión de la Generalitat en una especie de oficina regulada desde Madrid. Este último escenario es impensable y desde luego sería imprudente. Aunque el Estatuto de 1932, tantas veces invocado como modelo, recogía esta posibilidad de suspensión de la autonomía.

En cualquier caso, dense prisa. También Madrid en formalizar la ayuda de Bruselas y el gobierno Rajoy en aprobar e implementar el Fondo de Liquidez Autonómico. Cataluña ya ha movido ficha.