El parlamentario andaluz de IULV-CA y alcalde de Marinaleda (Sevilla),
Juan Manuel Sánchez Gordillo, ha señalado que aún no tiene constancia de
la citación judicial que la Policía Nacional ha registrado este viernes
en el Consistorio que gobierna y en la que se le insta a personarse "a
la mayor brevedad posible en día y hora hábil" ante el Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número 1 de Écija (Sevilla) --encargado
de las diligencias por el asalto a un supermercado de dicha localidad
sevillana del pasado martes--, si bien no ha aclarado si finalmente
cumplirá dicha orden, ya que antes pretende "reflexionar" con sus
"compañeros" del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) sobre el
contenido de la citación, para así actuar "en función de lo que ellos le
digan".
Así lo ha explicado
Sánchez Gordillo, quien no
descarta la opción de declararse "insumiso", ya que continúa sosteniendo
que en el asalto de este martes no se produjo "ningún delito", si bien
no ha querido confirmar ese extremo. "Haré lo que me digan mis
compañeros", ha insistido antes de puntualizar que, en todo caso, para
él sería "un honor" ir a la cárcel si finalmente así se decreta.
Lo que sí ha querido dejar claro al Gobierno es que el SAT
"volverá a ocupar fincas y grandes superficies", porque lo que la
organización busca con esas acciones, según ha defendido, es "dar de
comer a gente que no tiene dinero para ello". En ese sentido, ha
confirmado que próximamente volverán a acudir a la finca militar de 'Las
Turquillas', en Osuna (Sevilla), que han ocupado durante 18 días y de
la que este viernes han sido desalojados, así como "a fincas privadas de
duques o duquesas que están viviendo tan tranquilos esta crisis".
Por eso, ha instado al Ejecutivo a que, "si quiere evitar que se
produzcan nuevas ocupaciones", obligue a las grandes superficies a que
donen a ONG aquellos alimentos cuya fecha de caducidad esté próxima, así
como a implantar una "renta básica" para personas con esas necesidades.
En esta línea, Gordillo ha centrado sus críticas en la figura del
ministro del Interior,
Jorge Fernández Díaz, que, en su opinión, tendría
que presentar su dimisión porque "no se puede actuar a la vez como
ministro, juez y fiscal", y "no se puede ordenar detener a jornaleros
que sólo habían cogido unos carritos para cargar alimentos que no eran
para ellos, sino para los más necesitados, a cualquier hora del día y
sin dejarles ni tan siquiera cambiarse de ropa".
"En todo caso habría sido más económico, en estos tiempos de
crisis, haberles citado por carta para que se personasen en el juzgado"
en vez de detenerlos, ha argumentado el alcalde de Marinaleda, que
considera que "Franco ha resucitado en la figura del ministro del
Interior", ya que, con los arrestos, éste ha querido "mostrar su poder".
Además, el parlamentario de IULV-CA cree que antes que detener a
estos jornaleros, habría que perseguir a todos aquellos "directivos de
bancos y cajas de ahorro" que "han cometido el fraude de las
preferentes", al Duque de Palma de Mallorca,
Iñaki Urdangarin, o al
exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia Rodrigo Rato,
entre otros. "Hay mucho terreno donde buscar delitos y dinero", ha
apostillado.
Deberian reprobar al ministroDe igual modo, Sánchez Gordillo ha restado importancia a la
propuesta de reprobación que el PP-A va a presentar en el Parlamento
andaluz contra él, y ha señalado que, en todo caso, a quien deberían
"reprobar" los 'populares' debería ser al ministro del Interior, o a
otros "miembros de su casa", como el expresidente de la Comunidad
Valenciana Francisco Camps.
En esta línea, ha pedido "prudencia" al PP-A, al que recuerda el
"maltrato a Andalucía" que, en su opinión, está llevando a cabo el
Gobierno central, y ha enmarcado esta solicitud en el "fariseísmo" y el
"cinismo" que, a su juicio, abundan actualmente en política.
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