Los inmigrantes en situación irregular que
sean enfermos crónicos serán atendidos por la Sanidad Pública cuando el
médico estime que se trata de una urgencia o que no recibir el
tratamiento suponga un riesgo vital para su salud.
El director general de la Cartera Básica de
Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia,
Agustín Moreno, ha
afirmado que el tratamiento a esos pacientes será financiado por el país
de origen del inmigrante, en caso de que exista un convenio de
colaboración bilateral en este sentido, ya que se le trasladará la
factura correspondiente.
En el caso contrario, según ha precisado
en declaraciones a RNE, será atendido por el médico y después se
determinará quién es el que financia esa asistencia o tratamiento.
Cuando se presente esa situación, según Moreno, el médico "no se va a
fijar si hay un convenio de colaboración y bilateral" con el país del
enfermo, sino que se fijará en "si es vital y urgente, si hay que tratar
a ese paciente".
En relación a la objeción de conciencia, el
secretario general de la OMC,
Serafín Romero, ha mantenido su postura de
defender la objeción de los facultativos que no obedezcan un decreto
que les obliga "a no atender a determinadas personas", si creen que esto
vulnera su conciencia.
Romero ha respondido así al dictamen
jurídico del Consejo General de Enfermería que considera que los
profesionales sanitarios "están obligados" al cumplimiento de la
normativa que retirará la tarjeta sanitaria a los inmigrantes "sin
papeles" en septiembre.
Por ello, los enfermeros se están
planteando la posibilidad de atender a los no beneficiarios del Sistema
Nacional de Salud en consultas que se realizarían en las sedes de sus
colegios profesionales, de forma altruista y fuera de su jornada
laboral.
Romero ha recordado que este derecho está recogido en su
Código Deontológico, al que se acogen los galenos en otras situaciones
como el aborto o la eutanasia.
Los médicos entienden que "ninguna
administración o cualquier norma jurídica" puede obligarles a realizar o
dejar de atender a alguien si esto va contra sus principios éticos y su
deontología profesional.
Los partidos han seguido reaccionando a
este asunto y así, el portavoz de Sanidad del grupo parlamentario
popular, Manuel Cervera, ha reiterado que "cualquier enfermedad grave o
en proceso de tratamiento continuará siendo tratada" en el caso de los
inmigrantes a los que se les termine su contrato de trabajo y, por lo
tanto, dejen de cotizar a la Seguridad Social.
Cervera ha
analizado, en una entrevista en la Cope, la normativa que regulará las
pólizas de unos 60 euros mensuales para los españoles "rentistas" y los
inmigrantes europeos y nacionales de terceros países que voluntariamente
quieran suscribirlas, con el objetivo de recibir asistencia completa en
el Sistema de Salud.
Por su parte, el portavoz socialista de
Sanidad en el Congreso,
José Martínez Olmos, ha calificado de "injusta y
xenófoba" la reforma sanitaria y ha reprochado la política "de amenazas
y obstrucción" frente a sanitarios que hagan objeción de conciencia.
Asimismo, Martínez Olmos ha criticado a la que considera
"desaparecida" ministra de Sanidad,
Ana Mato, que esté "cargándose" el
Estado de Bienestar.
Entretanto, varias asociaciones de
inmigrantes -como Rumiñahui, Vomade, Ari-Perú y la Federación de
Asociaciones Rumanas, entre otras- han convocado a representantes de los
sindicatos UGT, USO y CCOO, y de partidos políticos -PSOE, IU y UPyD-
para analizar una postura "común y consensuada" en contra de los ajustes
en sanidad.
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