Los descontentos con el reparto de cargas de Montoro

Se tardará en asumir los efectos del desarrollo del último Consejo de Política Fiscal y Financiera, con el plante de Cataluña, el portazo de Andalucía, los votos en contra de canarios y asturianos, la desconfianza vasca, y otras cuantas reticencias de otras Comunidades, todas ellas, sin embargo, sumadas a la disciplina del PP. Hoy relata El Mundo que la secretaria de Estado Fernández Currás ha llegado a amenazar con la posibilidad de hacer uso del artículo 155 de la Constitución, en virtud del cual, el Gobierno pudiera asumir el control de una Comunidad que incumpla sus obligaciones. A su vez, el portavoz del Grupo Popular en el Senado, José Manuel Barreiro, aseguró que "España es una", y ha reclamado al PSOE que haga un ejercicio de responsabilidad, de compromiso con el país, porque es el momento de cumplir con la ley, y porque ha llegado el momento de que todas las comunidades autónomas se aprieten el cinturón como se lo estamos pidiendo a todos los españoles. Barreiro recordó que hace un año se impulsó una reforma de la Constitución por parte del Gobierno del Partido Socialista para cimentar el compromiso español con la estabilidad presupuestaria y que contó con el apoyo del PP, entonces en la oposición. "Ese mismo ejercicio de responsabilidad que el PP hizo en su momento se le pide ahora al PSOE" para sacar adelante al país, argumentó el dirigente popular. Sobre esas consideraciones de presunta "deslealtad" que dirigentes del PP han proferido sobre las comunidades "díscolas", la dirección federal del PSOE les expresa todo su apoyo. "Nuestra lealtad es con los españoles", proclama Rubalcaba. Desde Ferraz, sede federal de ese partido, no ha salido la mano que mece la cuna de la disidencia, dada la autonomía de los gobiernos socialistas en relación al partido, pero el apoyo es absoluto. Es más, en las próximas horas se registrará en el Congreso la petición urgente de comparecencia del ministro de Hacienda para que explique "el cambio de criterio sobre el endeudamiento y, singularmente, el cambio de cifras del techo de deuda que se traduce en menos maestros, cierre de hospitales, más paro y más sufrimiento". Además, el cambio afecta más a comunidades gobernadas por el PSOE, lo que le hace pensar que hay afán de "castigo". "Montoro se comporta como político de un partido pero no como ministro de todos los españoles", se queja Rubalcaba tras escuchar a los consejeros socialistas.

Por otro lado, señala este jueves El País que si no hay rectificación, la decisión acordada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de limitar el endeudamiento de las comunidades, y que afecta particularmente a Andalucía, una de las menos endeudadas, supondrá una nueva ola de recortes. La comunidad andaluza se siente la más perjudicada por la decisión del Gobierno central de limitar el crecimiento de su techo de deuda y alerta de que puede significar "el cierre de 19 hospitales o de 2.000 colegios o el despido de uno de cada cuatro empleados públicos, hasta 60.000".

El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ilustró con estas cifras a título de ejemplo los efectos que puede tener el hecho de que el Gobierno central les impida elevar su tasa de endeudamiento hasta el 15,1%. A primeros de 2012 estaba en el 9,8%, una de las más bajas de toda España, y lo limite al 13,2%, lo que significa perder 2.735 millones de financiación. El socialista resaltó la gravedad del problema y lo que supondría para Andalucía elaborar los Presupuestos de la comunidad de 2013 con el nuevo techo de endeudamiento. "Es imposible", dijo en varias ocasiones, al tiempo que sostuvo que "pone en riesgo los servicios públicos fundamentales". En efecto, la decisión tomada en el CPFF, supone una seria limitación a la capacidad de endeudamiento de determinadas comunidades, las que menos debían a los bancos. Fuentes de Hacienda recuerdan que la Ley de Estabilidad, que entró en vigor en mayo, es la que determina la obligación de fijar el techo de deuda. Hacienda toma como partida la deuda registrada en el Banco de España al final de 2011 y suma la cantidad que resulta de financiar el déficit de este año (el 1,5% del PIB) y el del próximo (0,7%) más unos ajustes por la liquidación del sistema de financiación de 2008 y 2009. El método para fijar el tope de deuda es igual para todas las regiones pero también trata igual a las que tienen sus cuentas más saneadas que a las más manirrotas, con más deuda. Ese es uno de los argumentos de Andalucía cuyo nivel de deuda sobre PIB es del 9,8% cuando la media está en el 13,5%. De esta forma, Andalucía no podría contar con 2.735 millones que pretende captar con deuda. Griñán se quejó de que esta decisión fue adoptada "sin previo aviso", media hora antes del consejo. Tampoco el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, le anticipó nada en la reunión que ambos mantuvieron el lunes en La Moncloa y que se suponía iba a abrir una nueva etapa de diálogo. Según Griñán, Rajoy quedó en estudiar la propuesta de Andalucía de hacer un reparto del déficit (el 0,7% en 2013) más equilibrado entre el Estado y las comunidades. Pero la respuesta se produjo en el CPFF: "Ha sido un ministro andaluz [Cristóbal Montoro] el que ha infligido a Andalucía un objetivo inasumible", subrayó. Griñán habló por teléfono con Rajoy ayer para reabrir el diálogo. Griñán se quejó de trato discriminatorio, de ataque "frontal y gravísimo" y acusó al Gobierno central de aplicar un rasero distinto a Andalucía. "Discriminan a Andalucía y a todas las comunidades que en el pasado redujimos nuestra deuda mientras que benefician a las que hicieron justamente lo contrario". Andalucía quiere que el Gobierno dé explicaciones de por qué se le rebaja su límite de deuda mientras que se aumenta, respecto a lo que estas comunidades presentaron en mayo, la de Cataluña en casi 4.298 millones; Valencia, 612 millones más y Castilla-La Mancha, 944. Hacienda, en cambio, niega que haya un trato perjudicial hacia Andalucía. Fuentes del ministerio consideran que es falso el panorama descrito por Griñán sobre el cierre de hospitales y servicios públicos. Recuerdan que Andalucía se benefició de un préstamo de 2.700 millones del plan de pago a proveedores por lo que no debería tener deudas comerciales pendientes. No obstante, Griñán volvió a reiterar su compromiso con el objetivo de déficit. "No es una contienda entre la Administración central y las comunidades autónomas. Eso es una cortina humo: es un ataque a la educación y a la sanidad públicas".

En cuando al "plante de Cataluña" en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, no debe interpretarse como un portazo definitivo sino como una advertencia de lo que puede venir en el futuro si el Gobierno no escucha las demandas de la Generalitat, que en el corto plazo pasan por relajar el límite de déficit y en el medio por la negociación del pacto fiscal. Así lo dejó claro el presidente catalán, Artur Mas, a Mariano Rajoy. "España no saldrá de esta complicada situación a base de ahogar a la Generalitat y a Cataluña", enfatizó. Mas defendió que "Cataluña es demasiado importante en el conjunto de España y en sus exportaciones como para que España salga sola de esta situación". "A base de menosprecio y falta de respeto no resolverán nada", dijo en referencia a la actitud del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a quien la Generalitat considera como una suerte de pirómano que no colabora a crear un buen ambiente de trabajo entre el Estado y las autonomías. Ahogado por la crisis de liquidez, como lo describe La Vanguardia de este jueves, Mas pidió al Gobierno una "suma de esfuerzos" mientras el Gobierno catalán busca cómo hacer frente a pagos por valor de 430 millones a hospitales, escuelas y entidades sociales concertadas. El president Mas, ha insistido en que si España quiere salir de la crisis tiene que contar con Cataluña, porque esta comunidad "es imprescindible" y el Estado no puede "ahogarla" económicamente.
Por lo que se refiere a la Xunta dispondrá en 2013 de un Presupuesto un 7,53% inferior al que aprobó el Parlamento de Galicia para el presente ejercicio. Con los límites de deuda y de déficit impuestos por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que reducen la capacidad de endeudamiento de Galicia a menos de la mitad, el Gobierno gallego ha aprobado un límite de gasto para el próximo ejercicio de 8.481 millones de euros, 691 millones menos que los que figuran en los Presupuestos de 2012. El informe que acompaña la propuesta, que este mismo jueves se someterá a votación en el Parlamento, se acompaña de un cuadro macroeconómico que prevé una caída del PIB del 0,4% y, pese a ello, una reducción de la tasa del paro de dos décimas. Tras el Consello de la Xunta, Núñez Feijóo ofreció ante los periodistas una versión suavizada del ajuste, y comparó el Presupuesto del año próximo no con el aprobado por la Cámara en diciembre de 2011, sino con el resultante de los ajustes realizados a lo largo del año, de 8.771 millones de euros. Con este cálculo, la caída presupuestaria se reduce a 290 millones de euros (-3,3%), aunque Feijóo fue más allá y aseguró que, en la práctica, y tras "los ajustes ya implantados" por las Administraciones autonómica y central, se limitará a un 1,1%. Por su parte, la conselleira de Facenda, Elena Muñoz, justificó la comparación del techo de gasto con el presupuesto "ajustado", en vez de con el aprobado por el Parlamento, para poder realizar una comparación en términos "homogéneos". La Xunta presentó sus cuentas de 2012 condicionadas a las que aprobase el Gobierno de Rajoy, que se retrasaron hasta mayo. Pero en contra de lo anunciado, y pese a los 250 millones de euros de reducción de ingresos que supusieron, el Ejecutivo autonómico adaptó sus cuentas oficialmente "sin recortes". El Gobierno gallego lo justificó apelando a medidas como la rebaja en el gasto de la función pública, el ahorro farmacéutico y el incremento del déficit previsto. Ahora recurre a esas mismas medidas para asegurar que los 690 millones de caída del gasto no pasarán en la práctica de unos 100 millones de euros. No menos optimistas son algunas de las cifras que figuran en el informe de estrategia fiscal y financiera, que prevén que el PIB caiga en Galicia una décima menos que en el conjunto de España, con lo que sitúa el crecimiento gallego en un -0,4%. Tanto el FMI como servicios de estudios privados calculan que la economía española caerá más del doble que el 0,5% que prevé el Gobierno de Rajoy. Pese al consenso generalizado de que se requiere un crecimiento próximo al 2% anual para generar empleo, el informe de la Consellería de Facenda, que presentó Elena Muñoz, confía en rebajar la tasa de paro a un 20,1% dos décimas menos que en 2012 y 4,2 puntos por debajo de la calculada por el Gobierno central para todo el Estado. "El leve descenso de la ocupación y una caída del número de parados en el entorno de un punto harán que la población activa disminuya ligeramente (0,4% de descenso) y se alcance la referida tasa", relata el documento. Con todas estas cifras, Feijóo insiste en su tesis de que Galicia está menos mal que el resto de comunidades autónomas, gracias a que "se anticipó" en las medidas de austeridad, lo que le llevó a prometer que el gasto social del año próximo "se mantendrá" o sufrirá ajustes mínimos. Una vez aprobado hoy por el Parlamento el techo de gasto, las consellerías tendrán hasta octubre para cerrar el Presupuesto de la Xunta para 2013, con el objetivo, afirmó Feijóo, de "blindar el gasto social" y "mantener a la baja" el gasto corriente e improductivo. El presidente destacó que desde su llegada a la Xunta, los Presupuestos autonómicos se han reducido en torno a un 20%, hasta situarse a niveles del año 2005. Pero ni Feijóo ni la conselleira de Facenda, Elena Muñoz, hicieron referencia en su presentación pública del techo de gasto a las críticas que contiene el informe, y se ciñeron a relatar algunas de sus cifras. Muñoz explicó que el grueso de la capacidad de gasto de Galicia procede del sistema de financiación autonómica, por el que prevé lograr 6.194 millones de euros. Mediante el resto de recursos, como tributos propios, fondos de la Unión Europea y transferencias finalistas del Estado, se prevé ingresar otros 1.748 millones. A estos ingresos no financieros de 7.942 millones, habría que sumar los 407 millones de euros de la capacidad de endeudamiento y 132 millones más por ajustes en la contabilidad nacional, lo que daría lugar a los 8.481 millones a los que asciende el techo de gasto de la comunidad para 2013.

¿Y en Euskadi? "No nos sentimos concernidos por lo decidido ahí". La frase, en la que ayer incidían fuentes del Gobierno vasco, pone de manifiesto cómo la política que el Ejecutivo central, y en especial el Ministro Montoro está desarrollando respecto a las comunidades autónomas y su situación económica está ahondando el enfrentamiento entre los Gabinetes de Patxi López y Mariano Rajoy. Aunque Euskadi, dado su régimen de Concierto, asistió sólo como oyente a la conflictiva reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, su desarrollo ha servido para rearmar los ataques del Ejecutivo vasco a lo que considera una política de "ordeno y mando" del central. "No se puede gobernar a fuerza de real decreto", enfatizaba ayer la consejera de Educación, Isabel Celaá, en Azpeitia, donde acudió para representar al Gobierno en los actos de la festividad de San Ignacio.  Tras la reunión en Madrid, el ministerio difundió un comunicado oficial en el que fijaba como techo de deuda para Euskadi el año entrante 7.309 millones de euros, el 11% del PIB regional, apenas un 0,8% más que este año. "Es un objetivo marcado unilateralmente", replicaban las fuentes informantes, que deberá verse en su momento, según recordó también la consejera en la Comisión Mixta de Concierto. El departamento de Economía ya está hablando con el ministerio homónimo "al efecto", precisó la consejera. El propio desarrollo de la cita y la actitud de Montoro ha irritado al Ejecutivo socialista, como reflejó el propio lehendakari, Patxi López, en su Twitter, tras ser informado por el consejero de Economía: "Rajoy está castigando a las comunidades que hemos gestionado bien y beneficiando sólo a las que han derrochado, curiosamente del PP", escribió López en su cuenta. El lehendakari incidió, además, en otro mensaje en la solvencia de Euskadi tras el cierre del primer semestre del año con superávit (un 0,1%), por lo que reiteró su oposición frontal a aceptar recortes obligatorios en los servicios públicos. Lo que el Gobierno vasco cree que está en juego, en el fondo, es la propia defensa del autogobierno. En el entorno del lehendakari, cuenta El País, se repite la idea de que la necesidad de Rajoy de mandar señales a Bruselas sobre el estricto cumplimiento del déficit no se puede aprovechar para restringir el Estado autonómico obviando el diálogo. "No es aceptable que en las competencias propias te digan cómo tienes que hacer las cosas", recalcaban las fuentes informantes.  "Mientras este Gobierno tenga la responsabilidad de este país no vamos a aceptar recortes en sanidad, en políticas sociales, ni vamos a dejar que tenga efecto nada de lo que signifique recortes en educación", subrayó Celaá, cuyo departamento remitió por la tarde un comunicado que ponía en boca de la consejera una frase, que no llegó a pronunciar en el acto: "Recurriremos sistemáticamente toda vulneración del estatuto de Gernika".

Nadie duda de los propósitos de Rajoy-Montoro de someter a rajatabla las cuentas autonómicas, presentadas en el mundo entero como causantes del desmadre financiero español de los últimos tiempos.