El Pleno del Congreso ha aprobado definitivamente la reforma de la Ley
General de Comunicación Audiovisual, que flexibiliza la gestión de las
televisiones autonómicas y permite la entrada de empresas privadas.
Inicialmente, estaba previsto que la reforma se aprobase la semana
pasada en el Pleno del Senado. Sin embargo, la aprobación de la norma se
ha retrasado al incluir la Cámara Alta una enmienda, acordada entre
todos los grupos a última hora, para recuperar una mención expresa a la
prohibición de la pornografía y la violencia gratuita, que se había
retirado del texto durante su trámite en el Congreso.
La reforma, que modifica la aprobada por el anterior Ejecutivo en
2010, fue enviada a las Cortes por el Consejo de Ministros a finales de
abril y ha sido tramitada por el trámite de urgencia. Durante la misma,
los grupos de la oposición se han quejado de que la reforma supone una
invasión en las competencias autonómicas, mientras que el PP ha negado
este extremo y ha defendido la necesidad de la medida para reducir la
deuda de las autonomías.
La nueva ley permitirá a los gobiernos autonómicos decidir qué
hacen con sus televisiones autonómicas: si quieren mantener o no este
servicio y si quieren prestarlo directamente o encargar la gestión a una
empresa privada. En caso de quedarse con la gestión, no podrán tener
déficit porque "no se permitirán desequilibrios en los presupuestos".
Hasta el momento, la Comunidad Valenciana, Madrid y Castilla-La
Mancha ya han avanzado su intención de aprovechar la reforma del régimen
de gestión de las televisiones autonómicas aprobada por el Gobierno
para privatizar la gestión o los servicios informativos de sus
televisiones públicas, mientras que otras comunidades ya tienen 'de
facto' algunos de los servicios de sus cadenas subcontratados a empresas
privadas.
Enmienda sobre la pornografíaDurante su paso por el Senado, todos los grupos llegaron a un
acuerdo para incorporar al texto de la reforma una enmienda, a propuesta
del PSOE, para reincorporar al texto de la ley una mención expresa a la
prohibición de emitir en abierto pornografía y violencia gratuita que
se había retirado en el Congreso.
La enmienda vuelve a cambiar el artículo 7.2 de la Ley
Audiovisual, que ya modificó el Congreso, y establece que "está
prohibida la emisión de contenidos audiovisuales que puedan perjudicar
seriamente el desarrollo físico, mental o moral de los menores, y en
particular, la de aquellos programas que incluyan escenas de
pornografía, maltrato, violencia de género o violencia gratuita".
La prohibición expresa a la pornografía y la violencia gratuita se
quitó del texto, en virtud de una enmienda del PP, acordada con el
resto de grupos salvo ERC, para reforzar el control parental de los
contenidos televisivos. En este sentido, aunque se eliminó la referencia
expresa se mantuvo una prohibición genérica de emitir "contenidos
audiovisuales que puedan perjudicar seriamente el desarrollo físico,
mental o moral de los menores".
No obstante, tanto la Federación de Asociaciones de Consumidores y
Usuarios de los Medios de España (iCmedia) como la Asociación de
Usuarios de la Comunicación (AUC) entendieron que la modificación podía
implicar sanciones para España por parte de las autoridades europeas y
permitir que se interpretara que la pornografía y la violencia gratuita
estaba permitida en la televisión.
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