Donde las dan las toman,
pero además por partida doble: el presidente del Constitucional, Pascual Sala, ha
respondido de manera contundente a la presidenta del PP madrileño y de la
Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que pidió su desaparición tras la
sentencia por la que se legalizó a Sortu. Sala ha dicho que el Constitucional
es "insustituible como supremo intérprete de la Constitución y superior
garante de la efectiva vinculación a la misma de todos los poderes públicos".
También le ha dicho Aguirre que el TC es independiente, "no un tribunal
político, ni politizado".
Con su peculiar y
sibilino estilo,
Pascual Sala ha lanzado estas advertencias en su discurso en
la toma de posesión de los nuevos magistrados elegidos por el Congreso para
sustituir las vacantes. Sala mantenía la espina de las declaraciones realizadas
por
Esperanza Aguirre el pasado 21 de junio,
tras conocerse la legalización de
los abertzales de izquierda de Sortu, por el Tribunal Constitucional. En ese
momento, Aguirre calificó de "vergüenza" la legalización de Sortu y planteó
que el Constitucional se convirtiera en una sala del Tribunal Supremo.
Sala ha esperado
pacientemente, pero ahora, en la toma de posesión de los nuevos magistrados se
ha desquitado convenientemente: "El Tribunal Constitucional culmina el
sistema del Estado de Derecho tal y como ha sido ideado y configurado por la
Constitución", "la Constitución lo erige en su máxima garantía al
dedicarle un Título autónomo, el IX y penúltimo, anterior al de reforma
constitucional -Título X-. El Tribunal Constitucional es, pues, dentro de
nuestro sistema democrático de justicia constitucional concentrada,
insustituible como supremo intérprete de la Constitución -así lo califica
expresamente el art. 1º de su Ley Orgánica- y superior garante de la efectiva
vinculación a la misma de todos los poderes públicos".
No se ha quedado ahí Sala,
que en su discurso les ha recordado a todos los que han criticado la labor de
este órgano que "el Tribunal Constitucional es un Tribunal independiente,
no un Tribunal político, ni politizado, ni integrado por políticos, dicho sea
con el mayor respeto hacia la nobleza de la política como profesión en tanto
que dirigida a la satisfacción del interés general y a la consecución del bien
común".
Además, ha recordado a
los políticos, y a Esperanza Aguirre la primera, que es el "supremo intérprete
de la Constitución", y asimismo "es independiente de los demás órganos
constitucionales y está sometido solo a la Constitución y a su Ley Orgánica".
Para Sala, "sus Magistrados son independientes e inamovibles en el
ejercicio de su mandato y en el ejercicio de la auténtica función
jurisdiccional que desarrollan, en esta ni más ni menos que los Magistrados
integrantes de los Tribunales de Justicia ordinaria".
Ahora bien, por el hecho
de que por sus competencias, tal y como las enuncia y regula la Constitución y
su Ley Orgánica -en esencia arts. 161 y 2º, respectivamente-, las resoluciones
del Tribunal en los distintos procesos constitucionales tengan un indudable
sustrato político y, por ende, una importante repercusión política y mediática,
"no contradice aquella conclusión -entiéndase la de su independencia y la
de sus Magistrados- porque el Tribunal Constitucional cumple su función con
arreglo a estrictos criterios jurídico-constitucionales y no de conveniencia u
oportunidad política".
En definitiva, advierte
Pascual Sala que si el Constitucional juzga de controversias políticas, "lo
hace con criterios y razones jurídicas", como fue la legalización de
Sortu, y que por ello la crítica a las resoluciones del Tribunal "se ha de
producir en función de su fundamentación y sin que pueda confundirse con la
descalificación o el menosprecio institucional cuando no se conformen con las
propias convicciones políticas o incluso con interpretaciones subjetivas y
personales de criterios políticos aparentemente generales".
Petición al Gobierno:
cambiar la 'reforma De la Vega'Ahora bien, Pascual Sala
ha tenido palabras para todos; incluso para el anterior Gobierno de
Rodríguez
Zapatero, que cambió en el año 2010 las reglas del juego. En concreto, se
refirió a la Ley Orgánica 8/2010, de 4 de Noviembre, que, al disponer en el
último inciso del apartado 5 del citado art. 16 que "si hubiese retraso en la
renovación por tercios de los Magistrados, a los nuevos que fuesen designados
se les restará del mandato el tiempo de retraso en la renovación", "ha
venido a consagrar como normal el retraso y, en contra de lo establecido en la
Constitución, a hacer posibles, también como normales, mandatos inferiores a
los nueve años, inclusive inferiores a seis como anómalamente y en la
actualidad tienen asignado quienes fueron renovados en el turno del Senado
materializado en la precitada fecha de 12 de Enero de 2011, o más de una
renovación en un mismo trienio conforme ha sucedido en la actualidad.
Interpretando el sentir unánime de los Magistrados".
Sala ha dicho al respecto
que "llamo expresamente la atención al Gobierno y al Poder Legislativo
para corregir con urgencia este dislate y volver a la renovación ordenada que
establecieron la Constitución y la LOTC, está en su redacción originaria".
Este lunes han tomado
posesión los cuatro nuevos Magistrados elegidos por el Congreso:
Juan José
González Rivas, Andrés Ollero Tassara, Encarnación Roca Trías y
Fernando Valdés
Dal-Re, los cuales reemplazan a
Eugeni Gay Montalvo, Javier Delgado Barrio y
Elisa
Pérez Vera. El cuarto puesto estaba vacante desde mayo de 2008, año en el que
falleció el magistrado
Roberto García-Calvo.
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Lea íntegra la intervención de Pascual Sala (pdf)