Dos tercios de democracia

Allá por el año 450 antes de nuestra era, Pericles estableció el misthos, que era un salario para quienes ejercían ciertas funciones democráticas en Atenas. Aquella paga permitió a los ciudadanos más pobres participar en la vida pública. Todo hay que decirlo, desde el mismo momento de su implantación, el partido oligárquico de Cimón se opuso a la medida.

A diferencia de lo que ocurría en la Atenas clásica, en la España actual la mayor parte de los concejales no cobran. De hecho, hasta 2006 en que aprobamos que los alcaldes pudieran cobrar el desempleo, un ciudadano podía haber dedicado diez o veinte años de su vida a servir a su comunidad y quedarse tirado en la calle al dejar el cargo. Como si servir a los ciudadanos justificara menos derechos laborales que servir a un empresario.

Así que el miércoles pasado, cuando el presidente Rajoy, actual líder del partido oligárquico de Cimón en nuestro país, anunció en el Congreso la reducción del 30% de los concejales de España, escuché decir irónicamente a un compañero de escaño: «no, si lo que tiene que hacer es que haya que pagar por ocupar un cargo representativo, y así ya solo podrán gobernar los ricos».

Estoy convencido de que la mayoría de los avispados lectores o lectoras de estas páginas no conocen ningún informe sobre el coste de nuestra democracia local, ni sobre el rendimiento económico de la misma, ni dispone de una comparativa internacional. Yo tampoco. Sin embargo hay quien, sin esa información, está convencido de que ahí residen gran parte de las razones de nuestra situación económica. Se ve que la economía francesa puede sostener cerca de 37000 municipios y que la nuestra anda doblada con el peso de 8000. Al final va a ser eso lo que lastra a nuestra potente clase empresarial.

Conozco a muchos concejales. La mayoría no cobran. A lo sumo una dieta cuando asisten al pleno una vez al mes. Si hiciéramos el cálculo de las horas que le dedican a su función, de los problemas que resuelven, si pudiéramos cuantificar en dinero su atención al estado de los servicios públicos, a la situación de los vecinos en dificultades, si pudiéramos poner precio a sus iniciativas, a las responsabilidades que asumen, nos haríamos una idea de cuál es el rendimiento económico de nuestra democracia local. Perder a esos concejales es perder una riqueza colectiva.

Pero el gobierno nos obligará a votar sin presentar ningún informe, no lo necesitan, basta con la ira de la gente convenientemente dirigida contra sus propios representantes. En este tiempo contradictorio en el que todo el mundo habla de la necesidad de abrir las instituciones a la participación ciudadana, el gobierno del señor Rajoy ha decidido arrancar de una dentellada un tercio de la democracia local de nuestro país.

Después de 2462 años desde que el líder democrático Pericles estableciera un sueldo para los representantes, se ve que lo que les molesta a los del partido oligárquico no es que la democracia sea cara, sino que sea democracia.