Protestas ciudadanas por el ajuste más exigente

Hay coincidencia en que el paquete de medidas de ajuste de ingresos y gastos públicos adoptado por el Gobierno y anunciado primero por Rajoy y con más detalle por Sáenz de Santamaría, Montoro y De Guindos, viene a ser el más duro y exigente de los conocidos hasta la fecha. Existe la impresión de que la ciudadanía, en esta ocasión, encaja mal las medidas, y ya se vienen comprobando demostraciones de hostilidad contra el Gobierno y sus reformas-ajustes. Este viernes por la tarde, varios cientos de personas se concentraron frente a la sede nacional del PP en la madrileña calle Génova para protestar por las medidas de recorte. Y tras su paso por Génova, estos ciudadanos se dirigieron a la sede socialista en la calle Ferraz. La convocatoria llamaba a hacer una tercera 'parada' de protesta en el Congreso de los Diputados. Las concentraciones no contaban con autorización de la Delegación del Gobierno. Habían sido convocadas en las redes sociales y eran continuación de las desarrolladas ya el jueves, protagonizadas fundamentalmente por funcionarios, incluidos los del propio Palacio de La Moncloa, que abuchearon al Gobierno. Este viernes, se produjeron cargas policiales cuando los concentrados intentaban acercarse a las sedes ante las que pretendían protestar. Al menos nueve personas fueron detenidas y trasladadas a la Brigada Provincial de Información para prestar declaración antes de pasar a disposición judicial o de ser puestos en libertad. Los manifestantes se encontraron a la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, a quien acompañaron a pie durante un trayecto de más de cincuenta metros al grito de "dimisión, dimisión" y con recriminaciones por las actuaciones policiales de estos días. Finalmente, Cifuentes se refugió en un restaurante etíope ubicado a la altura del Teatro Maravillas, en la calle Malasaña, para evitar seguir siendo increpada. Estos cientos de personas procedían de la calle Génova, donde cortaron el tráfico durante varios minutos coreando consignas contra el Gobierno y sus recortes. Como novedad, se aludía repetida y expresamente a las supuestas palabras de la diputada 'popular' Andrea Fabra, a quien se atribuye el "que se jodan", y a quien se gritaba "hijos de Fabra". La sede del PP estuvo rodeado por un amplio despliegue de la Policía, que aún sigue en el lugar de manera preventiva. Durante estos días de protestas en la capital, se ha reforzado la seguridad en este edificio para evitar incidentes, según fuentes policiales.
En cuanto a las medidas del Gobierno, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, rehusó este viernes explicar las cuentas del ajuste, pero señala El País que el Gobierno las tiene hechas: tendrán un impacto estimado de 56.440 millones en dos años y medio, según fuentes del Gobierno, a la espera de otras medidas, como las tasas a las eléctricas, que completen al ajuste de 65.000 millones anunciado por Rajoy el miércoles en el Congreso. De todas las medidas anunciadas el viernes, la subida del impuesto sobre el valor añadido, IVA, es en la que el Gobierno pone más esperanzas: espera recaudar 22.100 millones extra hasta 2014. Se calcula que en lo que queda de año, el ajuste será de 13.530 millones de euros; el año próximo, de otros 22.865 millones, y en 2014 de 20.045 millones. Esos cálculos incluyen los aumentos de ingresos y recortes de gastos tanto para la Administración central como para las autonómicas y las locales. Del total de ajuste, unos 29.000 millones serán el efecto neto de las subidas de impuestos (34.000 millones de subida menos 5.000 millones de rebaja de cotizaciones), mientras que los otros 27.000 millones serán recortes de gasto, sobre todo en el área de empleo y funcionarios. La mayor de todas las partidas es la del IVA, donde el tipo reducido ha pasado del 8% al 10% y el tipo general del 18% al 21%. Además, una serie de productos y servicios que hasta ahora tributaban al tipo reducido del 8% pasan a hacerlo al 21%, como el cine, el teatro y otros espectáculos, las flores, los servicios termales, los servicios funerarios, las discotecas, la televisión digital o la peluquería. Memorable fue el lapsus de Montoro, cuando englobó "los servicios funerarios y otros espectáculos". Montoro adelantó que se realizará una nueva clasificación de los productos gravados de forma que algunos que ahora se gravan al tipo reducido pasarán al tipo general. Esta nueva clasificación no afecta a los productos gravados por el tipo superreducido, como la leche y el pan y algunos productos culturales como los periódicos y los libros, salvo la compra de vivienda nueva, que dejará de gravarse al 4% a partir de enero. Los mayores cambios se aplicarán en el IVA reducido, que a partir de septiembre sólo gravará el transporte, la hostelería y la cesta de la compra, lo que deja fuera numerosos productos, incluidos los servicios funerarios y algunos productos sanitarios como el material, los equipos o instrumentos para prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades o las dolencias o la asistencia sanitaria dental. También empezarán a gravarse al tipo general del 21% los aparatos para suplir las deficiencias físicas de hombres o animales, los servicios de limpieza de vías públicas, los arrendamientos con opción de compra de viviendas, los servicios de peluquería, o los servicios efectuados en favor de titulares de explotaciones agrícolas. También tributarán al 21% las entradas a espectáculos culturales como teatros, cine, parques de atracciones, espectáculos deportivos, conciertos, bibliotecas, museos o zoológicos. Montoro explicó que el Gobierno sube el IVA en este momento porque era algo "obligado" por las circunstancias, las recomendaciones que llegaron de Europa y por la "prioridad absoluta" de reducir el déficit. "No hay más remedio", dijo Montoro, tras recordar que el Rajoy admitió en el Congreso que el proyecto del Partido Popular se basaba en bajar impuestos, aunque haya tenido que hacer justo lo contrario por circunstancias y por la excepcionalidad del momento.

El incremento y la reclasificación de partidas supone por sí solo, en términos absolutos, la mayor subida de impuestos aprobada en democracia. Su impacto será de unos 10.000 millones de euros anuales. Como la medida entra en vigor en septiembre y la economía está claramente en recesión, el Gobierno sólo espera lograr 2.300 millones extra este año por la subida de impuestos, 10.130 millones en 2013 y 9.670 millones en 2014, como consecuencia de esta subida de impuestos indirectos. En segundo lugar, será el impuesto de sociedades el que más incremente la recaudación. El Gobierno aprobó un adelanto de las liquidaciones, pone límites al uso de créditos fiscales para deducir pérdidas por parte de las empresas que facturen más de 20 millones, generaliza la limitación a la deducción de gastos financieros y fija un nuevo gravamen del 10% para ciertas rentas de fuente extranjera. Con todo ello, espera recaudar 2.585 millones extra este año, y 2.450 millones tanto en 2012 como en 2013. En total, 7.490 millones. Hacienda también tiene grandes esperanzas puestas en la supresión de la deducción por vivienda y el incremento de las retenciones a profesionales y autónomos en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, que pasa del 15% al 21%. Hacienda cifra las medidas adoptadas sobre el IRPF en un incremento de la recaudación de 150 millones para este año, de 1.930 millones para el próximo y de 2.040 millones para el siguiente, lo que da un total de unos 4.110 millones. Montoso se ha comprometido a compensar las subidas de impuestos en el futuro, algo que hará desde el año próximo con la bajada de cotizaciones sociales que, a su juicio, favorecerá la creación de empleo y compensará los efectos negativos de la subida fiscal. Montoro ha obviado sus propias críticas, en el pasado, denunciado la subida del IVA aprobada por el Gobierno socialista. En cuanto a las peticiones de crear un impuesto a las grandes fortunas, Montoro considera "chocante" que sea el PSOE el que hace esta petición cuando fue también el que eliminó el Impuesto sobre el Patrimonio, que el Gobierno 'popular' ha recuperado. Además, aseguró que gravaría "sin pestañear" un base imponible de esa naturaleza si la encontrara. Con los impuestos especiales al tabaco y los medioambientales, se prevé una caída de recaudación de 55 millones este año y un incremento de 390 millones en cada uno de los dos próximos años. En total, 725 millones hasta 2014.
De las partidas aprobadas el viernes, la única que se traduce en menores ingresos es la referida a cotizaciones de la Seguridad Social. Aunque este año no se prevén grandes modificaciones, la rebaja será de 1.150 millones en 2013 y de 3.890 millones en 2014, según las cuentas del Ejecutivo.

Con esos 5.000 millones de menores ingresos, las subidas de impuestos netas, por tanto, generarán unos 29.000 millones en tres años si se cumplen las previsiones del Gobierno. Y en cuanto a los gastos, el principal recorte es en el epígrafe de empleo, en el que se incluyen los ahorros derivados de rebajar las prestaciones por desempleo a los nuevos parados a partir del séptimo mes de cobro y otras medidas como la supresión de bonificaciones. El Gobierno espera ahorrar 1.900 millones este año, 5.810 millones en 2013 y 6.050 millones en 2014. En cuanto a los funcionarios y servicios públicos, el recorte se concentra, sobre todo, en este año, en que se suprime la paga extra de Navidad, que se recuperará en forma de plan de pensión a partir de 2015. Además, se suprimen la mitad de los días libres (tres de los seis "moscosos") y se adoptan otras medidas de movilidad para reducir empleos públicos y lograr más ahorros. Las cuentas que maneja el Gobierno es que se ahorrará 5.430 millones en lo que queda de año, 1.920 millones en 2012 y 1.870 millones en 2014. En total, pues, el recorte de gasto es de 9.220 millones. Dependencia también sufrirá severos recortes que el Gobierno cifra provisionalmente en 3.020 millones (160 este año, 1.390 en 2012 y 1.470 en 2014). Se reduce un 15% la prestación por cuidador familiar y se amplía el plazo para reconocer la prestación. Todavía hay otros recortes de gasto previstos para este año, estimados en 1.000 millones, según sus cuentas internas, pese a que el viernes solo se concretó un recorte de 600 millones en el gasto de los ministerios. Lo que el Gobierno no tiene aún afinado es el cálculo del reparto de los ajustes por administraciones. En el ahorro en servicios públicos, que incluye el recorte a funcionarios, pero también algunas medidas en educación y otras partidas, el grueso del ahorro es para las comunidades autónomas, con 5.811 millones en tres años. Al Gobierno central le corresponden 1.795 millones, y a la administración local, algo más de 1.600 millones. En cuanto a los 3.000 millones de recorte en ayuda por dependencia, casi 1.200 corresponden a las comunidades. Y los ajustes en desempleo, Seguridad Social y gastos ministeriales, corren todos ellos por cuenta del Gobierno central y no afectan a comunidades ni ayuntamientos.

En cuanto a las protestas que originan los recortes, Gobierno y PP confían en que serán "leyes y pasajeros", e invitan a evitar actitudes que puedan crispar aún más a la ciudadanía...