Las comunidades tendrán que reducir el déficit al 0,7% en 2013 y al 0,1% en 2014

Así lo ha confirmado el consejero de Economía de Extremadura, Antonio Fernández, al término de la reunión, donde ha indicado también que las comunidades tendrán que registrar superávit en el año 2015.   

Las cifras planteadas por el Gobierno han salido adelante con doce votos a favor y a pesar de que dos comunidades gobernados PP se han abstenido en la votación (Extremadura y Castilla y León), mientras que Asturias, Canarias, Cataluña y Andalucía han votado en contra.
  

Los nuevos objetivos suponen una relajación respecto a las que había incluido el Gobierno en el Programa de Estabilidad que elaboró al llegar al poder. En dicho plan, el Ejecutivo había fijado un déficit del 1,5% a las comunidades al cierre de este año, del 0,5% el año que viene y del 0,3% para 2014.
  

Tras el año extra que ha conseguido España para reducir el déficit público, el Gobierno ha decidido mantener el objetivo de las comunidades para este año en el 1,5%, aunque les ha dado un poco más de margen para los dos próximos años, con un déficit del 0,7% en 2013 y del 0,1% en 2014.
  

Sin embargo, si se comparan las nuevas cifras con las últimas que aprobó el CPFF (correspondientes al anterior Ejecutivo y al año 2011), las comunidades tendrán que hacer más esfuerzos que los que les planteó el Gobierno socialista, que fijó un déficit autonómico del 1,1% para 2013 y del 1% en 2014.
  

Tras la reunión, del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha considerado "ambiciosos" los objetivos fijados y ha asegurado que sirven para mandar un mensaje "claro y contundente" de que la reducción del déficit es una "prioridad absoluta".

Las Comunidades cumplirán

A pesar de las votaciones en contra y de las abstenciones de dos comunidades del Partido Popular, Montoro ha asegurado que todas las comunidades lograrán los objetivos fijados, ya que todas están "absolutamente comprometidas" con esta tarea.
  
En cualquier caso, el ministro también ha apremiado a las regiones a avanzar en la supresión de empresas públicas al detectar numerosos incumplimientos en esta materia, ya que solo se han eliminado dos de las 600 previstas.

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